Las autoridades de Estados Unidos (EEUU) rastrearon 44,725 armas recuperadas en México entre 2020 y 2024 y determinaron que Texas, Arizona, California y Nuevo México concentraron el 77% de las compras iniciales identificadas. El informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, conocida como GAO, expuso que la cercanía de esas entidades con la frontera facilitó el abastecimiento de armamento para organizaciones criminales transnacionales.
De ese universo, 34,368 armas fueron adquiridas originalmente en establecimientos con licencia federal ubicados en los cuatro estados fronterizos. El resto, 10,357 piezas, correspondió a compras cuya primera transacción se localizó en otras entidades estadounidenses.
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Texas encabezó el registro con 18,771 armas, equivalentes al 42% del total rastreado. Arizona ocupó el segundo sitio con 10,316 armas, el 23% de los casos identificados por las autoridades estadounidenses.
California acumuló 4,032 armas, que representaron 9% del total, mientras Nuevo México registró 1,249, equivalentes a 2.8%. La GAO precisó que el desglose se refirió únicamente a los artefactos cuya primera compra pudo ser ubicada en un estado específico.
La ATF rastreó más de 122 mil armas recuperadas en México
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF por sus siglas en inglés, completó rastreos de 122,084 armas recuperadas en México durante el mismo periodo. De ellas, 82,785, es decir, 68%, fueron fabricadas en Estados Unidos o importadas legalmente al país por titulares de licencias federales.
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El registro de armas de origen estadounidense incluyó 49,676 armas cortas, entre pistolas, revólveres y derringers, un tipo de pistola de bolsillo sin cilindro. Otras 32,601 fueron armas largas, como rifles y escopetas, mientras 508 correspondieron a ametralladoras o armamento modificado.
Funcionarios estadounidenses señalaron que las organizaciones criminales mexicanas buscaron principalmente armas semiautomáticas, entre ellas fusiles AR-15, AK-47 y rifles calibre .50. Parte de ese armamento habría sido convertido en armas automáticas, con las que los grupos criminales representaron una amenaza para fuerzas de seguridad y militares mexicanos.
El análisis ubicó a California y Arizona como las principales fuentes de armas recuperadas en Baja California y Sonora, respectivamente. Texas fue señalado como el principal origen de las piezas localizadas en Tamaulipas.
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Los cruces de Laredo concentraron 82% de los decomisos fronterizos
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, decomisó 4,944 armas con destino a México en 25 puertos terrestres de la frontera entre enero de 2020 y diciembre de 2025. De esa cantidad, 2,581 fueron armas cortas, 2,147 largas y 216 de otros tipos.
La región de Laredo, Texas, concentró 4,057 decomisos, equivalentes al 82% de todas las armas aseguradas por la CBP en esos cruces. Nogales, Arizona, registró 673 piezas, 4% del total; El Paso sumó 149, 3%, y San Diego contabilizó 65, 1%.
Entre los puntos de entrada destacaron Eagle Pass, con 1,349 armas decomisadas; Laredo, con 1,146; Hidalgo, con 510, y Nogales, con 480. La GAO advirtió que esos registros permitieron conocer el sitio del decomiso, pero no vincularon la primera compra del arma con el cruce fronterizo ni con su destino final en México.
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Funcionarios de la CBP indicaron que las revisiones de salida variaron entre los distintos puertos terrestres. Mientras algunos cruces realizaron inspecciones de manera intermitente durante el día, otros las mantuvieron durante las 24 horas.
Los testaferros trasladaron armas ocultas en vehículos y mercancías
El abastecimiento de armas comenzó comúnmente con compradores interpuestos o testaferros, quienes solían ser hombres de entre 21 y 25 años, ciudadanos estadounidenses o residentes legales sin antecedentes penales. Estas personas adquirieron armamento en nombre de organizaciones criminales y, en algunos casos, desconocieron que el destinatario final era un cártel.
Los intermediarios reclutaron a familiares, amigos y contactos localizados en redes sociales, a quienes ofrecieron pagos para trasladar las piezas. Las armas fueron transportadas principalmente en vehículos particulares y comerciales, ocultas entre mercancías o desmontadas para ensamblarlas después de su llegada a México.
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Con base en entrevistas con funcionarios de la CBP, la GAO indicó que los cárteles mexicanos utilizaron redes sociales para contratar vigilantes que alertaran sobre las inspecciones fronterizas. Los funcionarios identificaron al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación como las organizaciones más involucradas en estas redes de traslado.
La ATF, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional y la CBP realizaron acciones contra el tráfico de armas en la frontera, mientras la ATF apoyó a autoridades mexicanas en investigaciones y rastreos. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado proporcionó asistencia en seguridad a México.
Las agencias destinaron USD 126 millones sin medir sus resultados
Durante los años fiscales 2020 a 2025, la ATF y la oficina de asuntos antinarcóticos del Departamento de Estado aportaron aproximadamente USD 126 millones para iniciativas contra el tráfico de armas hacia México. La GAO concluyó que las dependencias no evaluaron de manera suficiente la eficacia de esos programas.
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El Departamento de Seguridad Nacional no estableció objetivos, resultados esperados ni indicadores con líneas de referencia y metas para medir sus acciones. La ATF suspendió los indicadores que había establecido en el año fiscal 2023, mientras la oficina del Departamento de Estado careció de metas y resultados para parte de sus mediciones.
La falta de parámetros impidió conocer hasta qué punto las iniciativas cumplieron sus objetivos y si los recursos fueron dirigidos a los programas con mejores resultados. El informe advirtió que esa deficiencia pudo propiciar desperdicio de fondos y la pérdida de oportunidades para frenar el tráfico de armas.
El 4 de noviembre, la Secretaría de Marina, en coordinación con la SSPC y la FGR, aseguró 15 armas largas, 30 cargadores y 1,681 cartuchos de distintos calibres durante dos acciones realizadas en Sinaloa.
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