El PAN exigió investigar las presuntas irregularidades atribuidas a la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE y sancionar a quienes resulten responsables, luego de lo que el partido describió como su renuncia a la presidencia del organismo. Acción Nacional también pidió que la próxima titularidad sea independiente de los partidos, ante la cercanía de las elecciones de 2027.
En un boletín fechado este 1 de noviembre, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sostuvo que la salida de Taddei no basta para resolver los señalamientos sobre presunta corrupción, conflictos de interés y contrataciones irregulares durante su administración.
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El dirigente del PAN solicitó esclarecer el destino de los recursos públicos y mantener las investigaciones. Si se acreditan delitos o responsabilidades administrativas, planteó que se castigue a los involucrados sin importar el cargo que hubieran ocupado.
PAN propone devolver al Consejo General las designaciones administrativas
Romero Herrera afirmó que Morena no puede deslindarse de Taddei, pues recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador celebró su nombramiento en 2023 y reconoció su cercanía con integrantes de la familia de la entonces consejera presidenta.
El PAN también vinculó la gestión de Taddei con una modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales promovida por Morena en 2024. Según el partido, ese cambio permitió que la presidencia del INE designara directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin aprobación del Consejo General.
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Acción Nacional impulsa una contrarreforma al artículo 45 de la LGIPE para retirar esas atribuciones a la presidencia del Instituto. Su propuesta plantea que las designaciones vuelvan a decidirse de manera colegiada, mediante el voto de al menos ocho de los 11 integrantes del Consejo General.
El objetivo, de acuerdo con el partido, es evitar que una sola persona concentre decisiones sobre nombramientos y administración de recursos, además de recuperar contrapesos internos para prevenir posibles conflictos de interés.
Romero Herrera pidió a la Cámara de Diputados garantizar un procedimiento transparente y ciudadano para elegir a quien presida el INE, con experiencia, honestidad e independencia frente a cualquier fuerza política.
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El presidente panista advirtió que nombrar a una persona vinculada con el mismo grupo político no atendería los cuestionamientos sobre la imparcialidad de la autoridad electoral. También señaló que el PAN dará seguimiento a la denuncia de hechos presentada ante la FGR por posibles delitos relacionados con recursos públicos, contrataciones y la actuación de funcionarios y proveedores del organismo.
ASF abre una investigación sobre posibles irregularidades en el INE y sus proveedores
La ASF, encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, abrió una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en el INE tras el escándalo de presunta corrupción y conflicto de interés que involucra a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y proveedores del organismo.
Dichas indagatorias abarcan contratos y operaciones de dos grupos empresariales que acumularon 8 mil 870 millones de pesos con entidades públicas entre 2014 y 2026.
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El auditor superior presentó el pasado 30 de octubre la segunda entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados. Ahí informó que 3 mil 790 millones de pesos del monto detectado fueron ejercidos por organismos electorales locales.
La revisión incluye a todos los Organismos Públicos Locales Electorales, empresas proveedoras y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos. La ASF solicitó información al INE y a los OPLES para ubicar el origen de las conductas atribuidas a los grupos empresariales.
ASF revisa vínculos entre proveedores y funcionarios electorales
Hernández Palacios Cardel explicó que el órgano técnico fiscalizador realizó trabajos de inteligencia después de que reformas aprobadas por el Congreso de la Unión le dieron autonomía. Esas labores permitieron detectar las operaciones de ambos grupos con diversas entidades públicas durante un periodo de 12 años.
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El auditor superior detalló que una de las empresas bajo análisis trabajó con compañías dedicadas al timbrado de facturas. Las certificaciones de esas firmas fueron revocadas por operar con factureras y sumaron operaciones por 21.3 millones de pesos.
Otra empresa investigada está suspendida del padrón de importadores. La ASF también detectó operaciones entre sociedades pertenecientes a los mismos grupos empresariales.
El mecanismo consiste en que una firma ganadora de una licitación subcontrata a otra compañía que también participó en el concurso público y forma parte del mismo grupo. Para la Auditoría, esa práctica forma parte de los elementos que requieren revisión en la contratación de servicios para el organismo electoral.
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La investigación también contempla presuntas empresas fantasma con registros laborales reducidos o nulos. Hernández Palacios Cardel señaló que algunas facturaron cientos de millones de pesos pese a contar con menos de cinco trabajadores y, en ciertos casos, con ninguno.
Además, la ASF mantiene además una línea de investigación por posible competencia desleal. El propósito es determinar si existieron mecanismos para garantizar la adjudicación de contratos, una práctica que podría afectar los precios y las condiciones de compra en perjuicio del patrimonio público.
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