La Ciudad de México incorporará 100 policías de investigación especializados en la búsqueda de personas desaparecidas, 50 agentes del Ministerio Público y 87 personas buscadoras para reforzar las labores de localización y el seguimiento de las investigaciones, como parte de los 21 nuevos compromisos que el gobierno capitalino acordó con familiares y colectivos.
Las medidas fueron anunciadas ayer por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien informó que el cumplimiento de los 51 compromisos establecidos con las familias —30 anteriores y 21 nuevos— representa un incremento neto multianual de más de 460 millones de pesos para la política de búsqueda. De esa cantidad, más de 200 millones de pesos adicionales se destinarán a incorporar personal especializado entre 2026 y 2027.
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El anuncio también contempla elaborar un plan individualizado de búsqueda e investigación para cada persona desaparecida, con seguimiento junto a sus familiares; ampliar la participación de las familias en las reuniones de coordinación institucional, y establecer mecanismos para recibir quejas cuando existan irregularidades en la atención.
Las nuevas medidas buscan fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de localizar a las personas y avanzar en las investigaciones, especialmente en los casos de larga data.
Sin embargo, el reto permanece: al 15 de octubre de 2026, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México registraba 5 mil 226 personas pendientes de localizar, de un total histórico de 24 mil 539 reportes acumulados desde 1952.
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Más policías y ministerios públicos para investigar desapariciones
Una de las principales medidas anunciadas por el gobierno capitalino es la incorporación de 100 policías de investigación especializados. De acuerdo con Brugada, la contratación permitirá duplicar el número de agentes dedicados a estas tareas y reducir la cantidad de casos asignados a cada investigador.
A ese grupo se sumarán 50 agentes del Ministerio Público especializados en desaparición, con énfasis en los expedientes de larga data, además de 87 personas buscadoras que se incorporarán a la Comisión de Búsqueda para ampliar su capacidad operativa.
El refuerzo de personal busca atender dos necesidades distintas: por un lado, ampliar las labores de campo para localizar a quienes continúan desaparecidos; por otro, fortalecer las investigaciones ministeriales que deben esclarecer las circunstancias de cada caso y dar seguimiento a las posibles líneas de investigación.
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La contratación de estos perfiles representa más de 200 millones de pesos adicionales entre este año y el próximo, según lo informado por la jefa de Gobierno. La Comisión de Búsqueda también aumentará sus recursos: su presupuesto pasará de 24 millones de pesos en 2024 a más de 80 millones previstos para 2027.
No obstante, estos anuncios corresponden a compromisos de incorporación de personal y ampliación de capacidades. El calendario de contratación, la distribución de los nuevos elementos y los resultados que produzcan serán necesarios para evaluar su efecto en las búsquedas.
Un plan individualizado para cada persona desaparecida
Entre los nuevos compromisos, Brugada destacó la elaboración de un plan individualizado de búsqueda e investigación para cada persona desaparecida, acompañado de un seguimiento con sus familiares.
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La medida pretende que cada expediente tenga una estrategia específica y que las familias conozcan el curso de las acciones emprendidas por las autoridades. El objetivo es que las búsquedas no dependan únicamente de procedimientos generales, sino que incorporen la información disponible sobre cada caso y las necesidades de quienes continúan buscando.
Los compromisos también contemplan la participación sistemática de familiares en los gabinetes de búsqueda, la difusión de foto-boletines y campañas de información elaboradas con las familias, así como jornadas de búsqueda en vida en albergues, hospitales y otros centros de atención.
Además, se prevé aprovechar cámaras de videovigilancia privadas para fortalecer las búsquedas y ampliar el intercambio de información entre instituciones. Otro de los puntos es crear un inventario único de hallazgos forenses y establecer mecanismos de intercambio directo de información para facilitar las tareas de identificación.
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La coordinación metropolitana también forma parte de las medidas anunciadas. El gobierno capitalino prevé realizar jornadas de búsqueda con el Estado de México y Morelos durante los primeros días de noviembre, con el propósito de reforzar las acciones en zonas limítrofes y mejorar la colaboración entre autoridades.
Atención a familias y mecanismos para denunciar irregularidades
Los compromisos no se limitan a las labores de búsqueda e investigación. El secretario de Gobierno, César Cravioto, anunció la instalación de una oficina de supervisión de protocolos y recepción de quejas en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas.
La intención es que las familias puedan reportar anomalías en la atención y solicitar que sean atendidas sin tener que trasladarse a otras dependencias. También se contempla incorporar personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas al centro para concentrar servicios y reducir los desplazamientos que deben realizar los familiares.
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Otro de los compromisos es establecer una bolsa de trabajo dirigida a quienes han perdido sus empleos por dedicar tiempo a la búsqueda de sus seres queridos. El plan también contempla facilitar el acceso prioritario a programas sociales y al Sistema Público de Cuidados.
Estas medidas se suman a los apoyos económicos para hijos de personas desaparecidas y a los servicios de acompañamiento emocional que ya forman parte de la estrategia capitalina.
La atención a las familias es uno de los puntos en los que el gobierno busca ampliar su intervención, debido a que la desaparición de una persona puede alterar las condiciones económicas y sociales de quienes continúan buscándola. La existencia de nuevos servicios, sin embargo, deberá acompañarse de información sobre su acceso, cobertura y funcionamiento.
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CDMX mantiene 5 mil 226 personas pendientes de localizar
El fortalecimiento de la estrategia ocurre mientras la capital mantiene miles de reportes pendientes de resolución. Según los datos presentados por el titular de la Comisión de Búsqueda, Luis Gómez Negrete, al 15 de octubre de 2026 el registro histórico contabilizaba 24 mil 539 reportes de desaparición desde 1952.
De ese total, 19 mil 313 personas habían sido localizadas y 5 mil 226 continuaban pendientes de localizar. Las autoridades señalaron que la búsqueda se mantiene para todos los casos, aunque se aplicarán estrategias diferenciadas de acuerdo con la información disponible en cada expediente.
Entre los reportes pendientes, la Comisión identificó 447 casos en los que existen indicios de contacto con las personas, pero aún falta obtener una prueba de vida. En otros 3 mil 394 no ha sido posible establecer comunicación con quienes reportaron la desaparición, mientras que en mil 385 se confirmó que las personas continúan desaparecidas y sus familias las siguen buscando.
Estas categorías responden a situaciones distintas y no significan que alguno de los grupos haya quedado fuera de las labores de búsqueda. La información disponible tampoco permite equiparar la falta de contacto con una confirmación de que una persona haya sido víctima de un delito.
El gobierno capitalino reportó una reducción de 30.5 por ciento en el registro de personas desaparecidas y no localizadas respecto del corte del 11 de noviembre de 2024, cuando había 7 mil 519 personas pendientes de localizar. También informó un incremento de 68 por ciento en las localizaciones semanales entre 2024 y 2026.
Las cifras corresponden a los registros presentados por las autoridades y deben distinguirse de los resultados que puedan atribuirse específicamente a los nuevos compromisos, cuya puesta en marcha apenas fue anunciada.
Los compromisos anteriores todavía tienen pendientes
Los 21 nuevos compromisos se suman a las 30 medidas acordadas previamente entre el gobierno capitalino y las familias buscadoras. Brugada informó que el conjunto de los primeros compromisos registra un avance de 83 por ciento.
Durante la presentación de resultados, las autoridades reconocieron que algunas acciones todavía no se han completado. Entre ellas figuran el fortalecimiento de las investigaciones por desaparición, la identificación genética y la prevención y recuperación de espacios de ocultamiento.
El secretario de Gobierno señaló que los trabajos relacionados con la investigación del delito de desaparición registraban un avance de 20 por ciento, mientras que la prevención y recuperación de espacios de ocultamiento alcanzaba 25 por ciento. Los censos de personas en situación de calle, por su parte, tenían un avance de 80 por ciento.
En materia de identificación humana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que cuenta con una base unificada de más de 10 mil perfiles genéticos y que los trabajos de identificación han permitido reconocer a 2 mil 566 personas fallecidas. La estrategia también contempla fortalecer el intercambio de información con otras instituciones.
El gobierno capitalino anunció que informará mensualmente sobre los avances de su política de búsqueda durante los reportes de seguridad. Ese seguimiento permitirá conocer si las contrataciones se concretan, si los planes individualizados llegan a las familias y si las acciones pendientes avanzan conforme a lo comprometido.
La incorporación de personal, la ampliación presupuestal y los nuevos mecanismos de atención representan compromisos institucionales. Su alcance dependerá de su implementación y de los resultados que produzcan en los expedientes.
Para las familias que continúan buscando a sus seres queridos, la medida central será que esos compromisos se traduzcan en acciones concretas, información verificable y avances en la localización de las personas desaparecidas.
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