La tarde de este sábado 24 de octubre, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Guardia Nacional (GN), aseguraron el inmueble donde operaba el bar Terraza Valentino, establecimiento donde el joven Carlos Emilio Galván Valenzuela fue visto por última vez la madrugada del 5 de octubre de 2025.
Brenda Valenzuela Gil, madre del joven originario de Durango, confirmó el operativo a través de un comunicado publicado en la red social X, en el que señaló que ha transcurrido más de un año desde que le arrebataron la libertad a su hijo y la vida de la familia cambió para siempre.
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El bar está ubicado en la avenida Camarón Sábalo, en la Zona Dorada de Mazatlán, Sinaloa. Una fotografía de la puerta del local, difundida el mismo sábado, mostró el aviso oficial “Inmueble Asegurado” con el folio FGR/FEMDO/FEIDMS-SIN/0001330/2026, colocado junto a una cadena que mantenía cerrado el acceso.
Valenzuela señaló a Velarde y pidió que la investigación “no se detenga ante el poder”
En su comunicado, la madre de la víctima reconoció “la intervención de las autoridades federales, encabezadas por Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR”, y calificó el aseguramiento como “un avance en una investigación que sigue teniendo una deuda” con su hijo, con ella y con toda la familia.
En el mismo texto, señaló directamente a Ricardo Velarde Cárdenas, conocido como Pity Velarde, quien fue secretario de Economía de Sinaloa y está vinculado con el establecimiento donde desapareció Carlos Emilio.
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La madre exigió que la investigación avanzara “con rigor, sin omisiones ni distinciones, incluso cuando las líneas de indagación alcancen a figuras que han ocupado espacios de poder político”. Pidió que “ninguna línea se detenga ante el poder” y que “ninguna evidencia quede sin examinar”.
Valenzuela situó también el caso en el contexto de violencia que atraviesa Sinaloa, al que describió como un escenario que “ha convertido a Mazatlán y a distintas regiones del estado en escenarios de una guerra” que afecta a miles de familias.
Pidió que el aseguramiento del inmueble no se convirtiera “en un acto aislado ni en un punto de llegada, sino en el comienzo de una investigación capaz de revelar lo que hasta ahora permanece oculto”.
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El folio del aseguramiento ubicó el caso bajo la FEMDO y la FEIDMS
La nomenclatura del expediente, FGR/FEMDO/FEIDMS-SIN/0001330/2026, indicó que la investigación se tramita bajo dos áreas específicas de la FGR: la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en materia de Secuestro (FEIDMS). Estos datos ubucaron formalmente el caso dentro de la hipótesis de secuestro vinculado a delincuencia organizada.
El 14 de febrero de 2026, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa entregó a la FGR las actuaciones que tenía en su poder sobre el caso, con lo que la instancia federal atrajo formalmente la investigación.
Un mes antes, la madre denunció un trato desigual entre comparecencias
El 24 de septiembre, un mes antes del aseguramiento, Brenda Valenzuela había publicado otro comunicado en el que hizo público que el Pity Velarde e Isaac Aguayo Roacho, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, fueron llamados a comparecer dentro de las actuaciones del caso.
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Sobre Velarde, señaló no solo su participación en la estructura empresarial a la que pertenece Terraza Valentino, sino también “investigaciones de carácter financiero y fiscal y antecedentes de desapariciones de jóvenes en establecimientos vinculados a su grupo empresarial”, hechos que, según su propio comunicado, fueron documentados por el diario El País.
Sobre Aguayo Roacho, la madre lo señaló por “las circunstancias, irregularidades y omisiones que han rodeado la investigación durante el periodo en que estuvo bajo su responsabilidad”.
Valenzuela indicó tener conocimiento, de manera preliminar, de que Velarde manifestó no tener información sobre la desaparición de su hijo y se negó a responder algunos cuestionamientos durante su comparecencia.
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En ese comunicado, la madre cuestionó que las diligencias llegaran “cuando ha transcurrido prácticamente un año desde su desaparición” y denunció que “quienes pueden aportar información sobre la desaparición parecen contar con un marco de atención y consideración alrededor de sus comparecencias que la familia de quien desapareció no ha experimentado de la misma manera”.
Pidió a la FGR precisar qué resultados arrojaron esas actuaciones y qué elementos podían aportar a la búsqueda de Carlos Emilio.
Carlos Emilio desapareció la madrugada del 5 de octubre de 2025
Carlos Emilio acudió esa madrugada al bar Terraza Valentino, acompañado de dos primas, durante un viaje familiar a Mazatlán. Se levantó de la mesa para ir al baño y no regresó. La denuncia se presentó un día después, el 6 de octubre de 2025, ante la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED).
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Víctor Manuel Barraza Pablos, “El 40”, presunto jefe de plaza deLos Chapitos en Mazatlán, fue vinculado con la desaparición de Carlos Emilio por el medio Pie de Nota. Fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y relacionado con los delitos de secuestro y extorsión, y presuntamente mantendría influencia en bares y restaurantes de la ciudad.
De acuerdo con las fichas de búsqueda emitidas por autoridades, Carlos Emilio mide 1.70 metros, tiene complexión delgada, tez morena clara y cabello castaño corto. El documento registró cicatrices en la cabeza, el abdomen y el rostro, a la altura del ojo derecho, además de poca barba. Vestía pantalón de mezclilla negro, playera negra con letras blancas y tenis negros con blanco.
Un mes después de la desaparición, en noviembre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que había realizado al menos cinco cateos y que contaba con el registro de vehículos y parte del recorrido que siguió el joven tras salir del lugar.
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El 12 de octubre de 2025, Terraza Valentino difundió un comunicado en su cuenta de Instagram donde sostuvo que había colaborado “de manera inmediata y total con las autoridades locales, estatales y federales” y que entregó información y videograbaciones el mismo día en que recibió el requerimiento. La familia de Carlos Emilio denunció que no tuvo acceso a esa evidencia.
En febrero de este 2026, un juez federal rechazó un amparo promovido por Brenda Valenzuela, quien buscaba conocer si su hijo se encontraba entre los cuerpos hallados en fosas clandestinas de Concordia, Sinaloa, tras el secuestro y asesinato de un grupo de mineros que laboraban para la empresa Vizsla Silver.
Pity Velarde se desempeñaba como secretario de Economía de Sinaloa cuando trascendió su participación accionaria en Terraza Valentino. Renunció al cargo en octubre de 2025, en medio de los cuestionamientos generados por ese vínculo.
Hasta el cierre de esta nota, la FGR no había emitido un comunicado oficial que precisara el alcance de la intervención realizada en el inmueble, los indicios recabados durante el operativo ni sus resultados.
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa durante la desaparición de Carlos Emilio, solicitó una segunda licencia indefinida desde el 22 de agosto de 2026, tras ser señalado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos. La gubernatura del estado está a cargo, de manera interina, de Graciela Domínguez Nava.
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