El Gobierno de la Ciudad de México envió al Congreso capitalino una ambiciosa iniciativa de reforma a la Ley de Salud local que busca reconfigurar el modelo de atención médica en la capital, principalmente para atender los temas mentales y de adicciones.
La propuesta plantea la creación de un sistema de atención médica de urgencias enfocado de manera prioritaria en las crisis de salud mental y en las contingencias derivadas del consumo de sustancias psicoactivas, con el objetivo de brindar una respuesta oportuna, segura y coordinada ante este tipo de emergencias.
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Esta medida legislativa responde a un diagnóstico crítico en el panorama epidemiológico de la metrópoli. De acuerdo con las estimaciones oficiales expuestas en el proyecto, entre el 12 y el 17 por ciento de la población adulta en la Ciudad de México padece síntomas depresivos o cuadros de ansiedad severa.
A pesar de que la capital mantiene tasas relativas de suicidio bajas en la comparativa nacional, las autoridades advierten sobre una “alta” prevalencia de conductas autolesivas e intentos de suicidio, lo que vuelve imperativa la actualización y fortalecimiento de las capacidades institucionales de respuesta.
Un esquema coordinado de respuesta a emergencias
El corazón de la propuesta radica en la estructuración de un sistema prehospitalario y hospitalario capaz de intervenir con sensibilidad y eficacia durante momentos de crisis agudas de origen psiquiátrico o de adicciones.
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Para lograrlo, la iniciativa plantea articular una red operacional donde converjan los servicios de atención médica prehospitalaria, las instituciones hospitalarias públicas, los cuerpos de seguridad ciudadana y las instancias de protección civil, integrando la atención a la salud mental dentro de los protocolos habituales del sistema de urgencias de la ciudad.
El proyecto contempla que esta red no se límite a la contención de la depresión o la ansiedad generalizada, sino que abarque un abanico amplio de afecciones. Entre los padecimientos prioritarios señalados se encuentran los trastornos de estrés postraumático, los trastornos del espectro autista, la demencia, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), así como trastornos psicóticos y polares.
La estrategia pretende enlazar los esfuerzos de prevención desde las alcaldías hasta la coordinación operativa con los servicios federales de salud.
Se otorgará hasta el 5% del presupuesto de la Secretaría de Salud
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es el establecimiento de porcentajes de gasto etiquetados por ley para garantizar el sustento financiero de esta nueva infraestructura y de las campañas de concientización comunitaria.
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Dentro del texto enviado al órgano legislativo, se propone que la Secretaría de Salud capitalina destine obligatoriamente el 5 por ciento de su presupuesto anual de manera exclusiva a programas, infraestructura y personal enfocado en la salud mental.
A nivel local, el proyecto impone un mandato a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, las cuales deberán asignar el 10 por ciento de su presupuesto correspondiente al área de difusión e información para operar campañas permanentes de prevención de la salud mental y atención integral al consumo de sustancias psicoactivas.
- Reestructuración institucional y regulación de “anexos”
La iniciativa gubernamental también contempla una reingeniería administrativa dentro de la estructura del sector público. Como parte central de la propuesta, se contempla cambiar la denominación del actual Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones para transformarlo en el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones.
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Este renovado organismo asumirá la responsabilidad de coordinar, diseñar e implementar la política pública estatal en ambas materias. Asimismo, se le otorgarán facultades para ejercer un control estricto sobre el funcionamiento de los centros de atención integral —conocidos popularmente como granjas o “anexos”—, tanto públicos como de carácter privado. El instituto estará facultado para llevar el registro formal, otorgar autorizaciones de operación, realizar verificaciones administrativas periódicas e imponer sanciones normativas a aquellos recintos que incumplan con los estándares de calidad y respeto a los derechos humanos de los pacientes.
Las autoridades capitalinas enfatizan que el fondo de esta reforma busca no solo reaccionar ante los episodios de crisis, sino prevenir el deterioro de la salud de la ciudadanía mediante estrategias de cercanía comunitaria.
“Se requiere un reforzamiento de la prevención y promoción de la salud mental, especialmente entre los jóvenes y poblaciones vulnerables, a fin de implementar programas comunitarios, incrementar la capacitación de profesionales de la salud y garantizar el acceso a servicios de salud”, destaca la fundamentación de la iniciativa.
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Con la propuesta ya en manos de las comisiones dictaminadoras del Congreso de la Ciudad de México, se prevé que en los próximos días comience el debate parlamentario para ajustar los detalles técnicos y presupuestales que permitan poner en marcha este nuevo modelo prehospitalario en la capital.
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