La Fiscalía General de la República (FGR) extorsiona a comerciantes de Mexicali desde julio pasado, según documentó el Semanario ZETA. Agentes que se identifican como elementos de la FGR y de la Policía Federal Ministerial (PFM) recorren la ciudad en patrullas rotuladas y exigen pagos en efectivo, bajo amenaza de sembrar droga, cerrar los negocios o asesinar a quienes se nieguen a cubrir la cuota.
El caso salió a la luz el domingo 4 de octubre, cuando Joel, comerciante y ciudadano estadounidense radicado parcialmente en Mexicali, denunció una amenaza directa de muerte. Tras la publicación, otros comerciantes que pidieron el anonimato se acercaron al semanario con relatos similares, respaldados por cámaras de vigilancia y grabaciones telefónicas.
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El caso de Joel en la colonia Independencia de Mexicali
El semanario documentó al menos cuatro casos de extorsión con el mismo patrón, aunque las víctimas presumen que existen más. El mecanismo utiliza “madrinas” que señalan a los negocios susceptibles de pagar, una práctica identificada por las propias víctimas.
Las amenazas incluyen sembrar droga o armas, además de exigir pagos de entre 10 mil y 20 mil dólares, con cuotas mensuales cobradas a nombre de “el jefe”. Joel se encontraba en su bazar de la colonia Independencia de Mexicali la mañana del 4 de octubre, alrededor de las siete.
Junto con su familia instalaba las mesas y cajas de mercancía para la venta del día, una rutina habitual en ese sector comercial. Dos camionetas pick up Dodge Ram, una gris y otra blanca con logotipos de la PFM y la FGR, circularon como convoy frente al negocio.
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Las unidades dieron vuelta y regresaron para detenerse directamente frente al comercio de Joel. El copiloto, descrito como un hombre de 50 años, de tez morena y cabello canoso, preguntó quién era el dueño del local.
Joel se identificó y el sujeto le exigió toda la documentación de importación y venta de sus productos. El comerciante entregó recibos de compra en Estados Unidos, comprobantes de pago de impuestos y documentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El agente revisó los papeles y le respondió que la documentación “no era suficiente” para evitar el cobro. El sujeto trasladó a Joel unos metros del negocio y le pasó una llamada telefónica con una persona identificada como “el jefe”.
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La voz exigió una cuota para permitirle trabajar y advirtió que, de lo contrario, le sembrarían droga o armas, le cerrarían el negocio o lo matarían. “Me dijo que tenía dos horas para darme 10 mil dólares como un comienzo, y que si yo denunciaba, me iban a matar”, relató Joel, comerciante extorsionado, al Semanario ZETA.
El comerciante agregó ante la publicación que los extorsionadores le advirtieron que tenían contactos en todas partes y que lo perseguirían incluso si abandonaba el país. Joel cerró el negocio y salió por la puerta trasera bajo la mirada de sus vecinos.
El comerciante entregó su número telefónico a los presuntos agentes, quienes le advirtieron que volverían a contactarlo en un plazo de dos horas. Pasado ese plazo, los extorsionadores llamaron desde el número local (686) 946-37-69.
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El rastreo realizado por el medio vinculó esa línea con José Nicolás González Quintero, residente del fraccionamiento Quintas del Rey y relacionado con dos negocios hoy cerrados, BECATA y Distribuidora de El Rey. Joel grabó tres llamadas en las que el extorsionador insistió en el pago y amenazó con represalias si no cumplía.
“Te vas a la verga y cierras tu negocio”, le dijo el sujeto en una de las conversaciones registradas por la víctima. Joel reportó el hecho al número de emergencias 911, llamada registrada con el folio 3255265 en Mexicali.
Posteriormente presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE). El comerciante aseguró que la autoridad le pidió más datos sobre su propio negocio que sobre los responsables de la extorsión.
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Otros comerciantes de Mexicali denuncian el mismo esquema
El semanario documentó al menos otros tres casos de comerciantes afectados por el mismo grupo de agentes. Las víctimas coincidieron en el número telefónico utilizado y en el tipo de amenazas recibidas.
En uno de los casos, los uniformados exigieron entre 10 mil y 15 mil dólares como cuota de entrada. Además solicitaron un pago mensual de 2 mil dólares a cambio de no intervenir el negocio.
El esquema no distingue el giro comercial: llanteras, tiendas de ropa y otros negocios han sido blanco de los agentes. Las acciones intimidatorias ocurren a plena luz del día y sin que los presuntos agentes se oculten de las cámaras de vigilancia.
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Dos comerciantes identificaron a uno de los responsables mediante fotografías: un suboficial de la PFM de nombre Sergio Carrera, también referido como Cuadros. Las víctimas lo describieron como un hombre de unos 50 años, de tez morena y cabello canoso, igual que el agente que amenazó a Joel.
David Martínez Ortiz, comandante de la FGR, señalado por las víctimas
Las víctimas señalaron que Sergio Carrera mantiene una relación cercana con David Martínez Ortiz, actual comandante de la FGR en Mexicali. Los comerciantes afirmaron que el cobro de piso comenzó con la llegada de ambos a la subdelegación.
El suboficial también fue vinculado con dos madrinas de apellido Robledo, según las víctimas consultadas. La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) mantiene reservada la información sobre el personal de la FGR, lo que ha dificultado confirmar los nombres completos de los implicados.
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Los comerciantes afectados reportaron pérdidas que alcanzan el límite superior del rango ya mencionado, entre la cuota de entrada y las mensualidades cobradas. Los pagos, según las víctimas, se realizan directamente en los negocios a nombre de “el jefe”.
Un comerciante consultado por el semanario afirmó: “No se vale trabajar para otro”. El afectado añadió que varios empresarios de su mismo giro ya comentan entre sí el acoso de los agentes.
Todos los comerciantes afirmaron contar con cámaras de vigilancia y grabaciones como evidencia de las visitas. Coincidieron además en que los acentos del primer contacto correspondían a personas originarias de otras entidades del país.
Las llamadas posteriores a la primera visita se realizan siempre desde un número local, lo que sugiere la participación de cómplices en Mexicali. Se presume que estos colaboradores dan seguimiento al cobro una vez que los agentes federales establecen el primer contacto.
La FGE reportó 98% de efectividad contra la extorsión antes de las denuncias
Una semana antes de que se conocieran estas denuncias, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó mediante un comunicado que el 98% de los casos de extorsión en la entidad concluye con resultados efectivos. El organismo atribuyó la cifra a la Campaña Contra la Extorsión impulsada por el Gobierno de México.
La FGE añadió que la campaña permitió desarticular a casi 50 bandas dedicadas a ese delito desde su inicio. El anuncio se difundió días antes de que las denuncias contra agentes de la FGR en Mexicali salieran a la luz.
Joel insistió en que la FGE le pidió más información sobre su negocio que sobre los presuntos responsables de la extorsión. El comerciante permanece a la espera de una respuesta oficial sobre su denuncia.
Las víctimas coincidieron en que el esquema de cobro de piso continúa activo en Mexicali. El Semanario ZETA señaló que seguirá documentando nuevos casos relacionados con agentes de la FGR en la ciudad.
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