Cuatro funcionarios activos y un exfuncionario de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán fueron detenidos por presuntamente simular la muerte de una persona para cobrar el seguro de vida, del cual recibieron el primer pago.
Su captura se llevó a cabo por elementos de la Fiscalía del Estado, en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
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Dos de los detenidos fueron ubicados en Puruándiro, uno en Lázaro Cárdenas, otro en Morelia y el último en Guanajuato, en colaboración con las autoridades de esa entidad.
De acuerdo con la investigación, los implicados simularon el fallecimiento de una persona durante un choque, pero en realidad estaba viva. Esto lo realizaron al entregar documentación relacionada con un supuesto homicidio culposo, lo que derivó en el inicio del procedimiento de indemnización.
La empresa aseguradora efectuó el primer pago correspondiente a la muerte de la persona, pero luego de detectar irregularidades en la carpeta de investigación decidieron denunciar los hechos.
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Con esto, las autoridades iniciaron las indagatorias por delitos de falsificación o alteración y uso indebido de documentos, y ejercicio ilícito del servicio público, en agravio de la compañía y de la sociedad.
Los cinco fueron identificados como Edilberto “N”, agente del Ministerio Público; J. Jesús N", perito criminalista; Óscar David “N”, perito médico forense; y Arturo “N”, policía de investigación; todos pertenecientes a la FGE de Michoacán. En tanto Diego “N”, era perito químico y exservidor público de la institución.
Cae exsecretario de finanzas de Michoacán por red que suplantaba políticos para extorsionar
Otro hecho que alcanzó a exfuncionarios públicos de Michoacán fue la detención de Luis Miranda Contreras, extesorero general y exsecretario de Administración y Finanzas entre 2012 y 2013, así como de otras cuatro personas señaladas por presuntamente integrar una red de extorsión que suplantaba la identidad de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), gobernadores, alcaldes y otros funcionarios.
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La captura ocurrió en Metepec, Estado de México, en un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Junto con Miranda Contreras fueron detenidos Liliana “N”, su esposa; Luis Samuel “N”, su hijo; Aimee de Guadalupe “N”, su hija; y Agustín Arturo “N”, identificado como escolta.
De acuerdo con las investigaciones, el grupo contactaba a políticos, servidores públicos y empresarios mediante llamadas y mensajes para obtener datos personales, información de dependencias y referencias sobre operaciones políticas o económicas.
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Después del primer contacto, las víctimas recibían llamadas de personas que se hacían pasar por funcionarios de alto nivel. Los supuestos servidores públicos pedían dinero para operaciones políticas, gestión de pagos o incorporaciones laborales dentro de estructuras administrativas.
Las autoridades detectaron que la red utilizaba inteligencia artificial para imitar voces y construir conversaciones falsas por mensajes de texto y audio. También empleaba números telefónicos con logotipos, imágenes de perfil y nombres de instituciones públicas u organizaciones políticas.
Tras diversas denuncias, se identificó que el centro de operaciones de la red era una vivienda ubicada en el fraccionamiento “La Providencia”, del Estado de México, donde fueron asegurados al menos 19 celulares, tarjetas SIM y vehículos de alto valor. Las indagatorias establecieron que algunos esos teléfonos correspondían con los números reportados por las víctimas.
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Miranda Contreras fue ingresado con los otros cuatro imputados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Almoloya de Juárez. Un juez los vinculó a proceso por extorsión el pasado 6 de octubre y ordenó prisión preventiva justificada.
Luis Miranda también cuenta con antecedentes penales por peculado, luego de que en 2017 fue detenido por el pago a dos proveedores por 26 millones 680 mil pesos que no se efectuaron cuando era funcionario público en Michoacán.
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