Caso María Elena Ríos: siete años después, la justicia sigue pendiente mientras la Ley Malena avanza en México

María Elena Ríos, quien actualmente tiene 33 años, se ha convertido en una activista reconocida en México por su lucha contra la violencia de género y, particularmente, contra los ataques con sustancias corrosivas, hace siete años sobrevivió a un intento de feminicidio que le cambió la vida.

Siete años sin justicia, uno de los implicados se encuentre prófugo

El 9 de septiembre de 2019, en Huajuapan de León, Oaxaca, un hombre llegó hasta el domicilio donde se encontraba María Elena y le arrojó ácido sulfúrico en el rostro y el cuerpo; su madre también resultó con lesiones por la agresión. El señalado como autor intelectual es el exdiputado priista, Juan Antonio Vera Carrizal, y su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, es una de las personas vinculadas a la planeación de la agresión.

Siete años después, el caso continúa atrapado entre amparos, decisiones judiciales, intentos de liberación y una disputa que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Vera Carrizal permanece sujeto al proceso penal, aunque se presume fue excarcelado por “motivos de salud”, conforme a lo acusado por la saxofonista; su hijo Juan Antonio Vera Hernández permanece prófugo de la justicia.

Mientras la justicia mexicana se ha empeñado en retrasar la sentencia para los agresores y dilatar la captura en contra de uno de los implicados, la lucha de María Elena Ríos se ha transformado, desde su sobrevivencia, retomar sus actividades en la música y ser impulsora de la tipificación de violencia ácida a nivel nacional.

Sobrevivir a la violencia sin garantía de justicia

El ataque le provocó quemaduras graves y secuelas físicas que requirieron hospitalizaciones, cirugías y un largo proceso de rehabilitación. Durante los primeros meses también enfrentó dificultades para recibir atención médica especializada. Su propio testimonio ha documentado cómo las condiciones hospitalarias complicaron su recuperación y cómo posteriormente tuvo que ser trasladada a la Ciudad de México.

En medio de su recuperación física y psicológica, la saxofonista ha tenido que enfrentar otra batalla: la judicial. Desde los primeros meses, María Elena cuestionó la lentitud de las investigaciones y señaló que, pese a la información disponible, el presunto autor intelectual permanecía sin ser detenido.

En marzo de 2020, cuando apenas habían transcurrido seis meses del ataque, consiguió volver a tocar el saxofón públicamente. Aquella presentación junto a Ximena Sariñana se convirtió en una de las primeras imágenes de una mujer que intentaba recuperar una parte de su vida mientras su cuerpo seguía en rehabilitación.

Su regreso a la música se convirtió en el reflejo de la lucha por hacerle frente a uno de los principales temores tras el ataque a su persona, ya que la agresión con ácido puso en riesgo su movilidad.

El peso del poder que entorpece el proceso

Aunque Juan Antonio Vera Carrizal se entregó en 2020 y quedó sujeto a proceso, su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, sigue prófugo, pese al eco mediático que ha tenido el caso debido a la movilización de María Elena; actualmente, el hijo del priista mantiene una orden de aprehensión vigente, por lo que se ha emitido una ficha de búsqueda, sin que hasta el momento las autoridades hayan mostrado avances para dar con su paradero.

En agosto de 2024, un tribunal absolvió a Vera Carrizal y ordenó su liberación, decisión que posteriormente fue cuestionada y quedó sometida a nuevas impugnaciones. En diciembre de ese mismo año, María Elena denunció que el exdiputado había sido trasladado de prisión a un hospital sin que ella hubiera sido notificada, excarcelado por presuntos motivos de salud, sin que hasta la fecha se tenga evidencia de su paradero.

En mayo de 2026, la Suprema Corte rechazó inicialmente atraer los amparos relacionados con el proceso de Vera Carrizal. La decisión fue recibida por María Elena como una nueva derrota institucional y como evidencia de que el sistema de justicia no había respondido a su demanda. Días después, el proceso volvió a cambiar de rumbo y la Corte intervino para frenar un nuevo intento de liberación, dejando nuevamente abierta la ruta judicial.

En breves puntos, la cronología del caso deja claro cómo la impunidad ha permeado y se interpone para lograr que la sobreviviente obtenga justicia:

• 9 de septiembre de 2019: María Elena Ríos sobrevive al ataque con ácido sulfúrico en Oaxaca.
• 2020: Juan Antonio Vera Carrizal se entrega y queda sujeto a proceso.
• 2021: la Fiscalía de Oaxaca emite una ficha de búsqueda contra Juan Antonio Vera Hernández.
• 2023: María Elena impulsa junto con legisladoras la iniciativa conocida como Ley Malena.
• 2024: Vera Carrizal es absuelto en primera instancia, en una resolución posteriormente impugnada.
• 2026: la Suprema Corte entra y sale del caso mediante distintas decisiones sobre los amparos, mientras la posibilidad de una liberación vuelve a generar alarma.

Siete años que no solo se traducen en impunidad, sino que deja a la vista la lucha de la activista para que el caso no quede en el olvido, además de exigir que su caso sea investigado y juzgado con perspectiva de género.

María Elena se convirtió en impulsora de la Ley Malena

Su lucha ha impulsado que el concepto de violencia ácida sea reconocido en la legislación; en 2023 presentó junto con legisladoras de la Ciudad de México la iniciativa conocida como Ley Malena, cuyo propósito es reconocer y sancionar específicamente las agresiones cometidas con ácidos, sustancias químicas o corrosivas.

En febrero de 2024, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Malena, la legislación incorporó la violencia ácida como una forma específica de violencia y estableció sanciones que pueden llegar hasta 46 años de prisión en determinados supuestos.

El cambio es relevante porque durante años este tipo de agresiones podían ser procesadas principalmente como lesiones, pese a que en muchos casos tenían como finalidad destruir el cuerpo de una mujer y, en determinados contextos, matarla.

Esa lucha tampoco quedó limitada a la Ciudad de México. La llamada Ley Malena se convirtió en una referencia para otros congresos estatales, hasta la fecha se tiene registro del avance en por lo menos 13 estados, en ellos: Puebla, Ciudad de México, Baja California. Oaxaca, Guerrero, Colima, Veracruz y Campeche.

Ya no es solamente Elena Ríos, la saxofonista oaxaqueña que cinco hombres intentaron matar. Es también Malena, la de la Ley Malena: la mujer que convirtió su experiencia en una herramienta para acompañar a otras víctimas, denunciar nuevas agresiones y exigir respuestas institucionales.