Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante su intervención en la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional declaró que La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bajo investigación las operaciones de empresas relacionadas con Ricardo ‘El Pity’ Velarde, quien se desempeñó como secretario de Economía durante la administración de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia definitiva de Sinaloa.
“Tengo entendido que la UIF ya denunció a la FGR, pero este es un caso aparte, de todo lo demás de Sinaloa; este es un caso específicamente de investigación, según tengo el reporte de la UIF, de empresas que estaba investigando de esta persona”, explicó el funcionario.
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García Harfuch precisó que el caso de Velarde se desarrolla de manera independiente a otras investigaciones relacionadas con la situación de seguridad en Sinaloa.
De acuerdo con su declaración, las indagatorias de la UIF están enfocadas particularmente en empresas vinculadas con el exfuncionario estatal.
Ricardo ‘El Pity’ Velarde sería el dueño de Terraza Valentino, un restaurante de Mazatlán donde desapareció el joven de 21 años Emilio Galván Valenzuela mientras iba al baño en octubre de 2025 y a quien no se volvió a ver.
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El secretario señaló que será la propia FGR la encargada de proporcionar mayor información sobre el expediente y los posibles alcances de la investigación.
“Lo va a dar a conocer la FGR, pero tengo entendido qué si está investigando”, agregó.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bajo investigación las operaciones de empresas relacionadas con Ricardo ‘El Pity’ Velarde, quien se desempeñó como secretario de Economía durante la administración de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia definitiva de Sinaloa.
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García Harfuch precisó que el caso de Velarde se desarrolla de manera independiente a otras investigaciones relacionadas con la situación de seguridad en Sinaloa.
De acuerdo con su declaración, las indagatorias de la UIF están enfocadas particularmente en empresas vinculadas con el exfuncionario estatal.
La UIF enfocó sus indagatorias en empresas ligadas a Ricardo Velarde
La investigación financiera no sólo alcanzó a Ricardo Jesús Velarde Cárdenas. También incluyó a Jorge Armando Lizárraga Angulo, identificado como socio del exsecretario, quien igualmente promovió un recurso legal para intentar frenar el bloqueo de activos.
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El movimiento de la UIF se enmarcó en la Lista de Personas Bloqueadas, una medida que ese órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contempló para prevenir operaciones que pudieran favorecer actividades con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
Velarde, conocido como “El Pity”, promovió un amparo en medio de esa indagatoria para impedir que la autoridad financiera le congelara las cuentas bancarias. La misma ruta legal fue seguida por Lizárraga Angulo, de acuerdo con los registros mencionados en el texto fuente.
El alcance de la pesquisa, según lo expuesto en la mañanera, se concentró de manera particular en compañías vinculadas con el exfuncionario. Harfuch remarcó que el asunto corría por una vía distinta a otros casos abiertos por la violencia y el narco en Sinaloa.
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Velarde pasó de empresas privadas a cargos turísticos y económicos en Sinaloa
La trayectoria de Ricardo Jesús Velarde Cárdenas comenzó en el sector privado. El primer día de 2001 inició labores como gerente comercial en Grupo Cafica, una firma descrita en sus declaraciones patrimoniales como dedicada a servicios de esparcimiento.
Después, en diciembre de 2006, constituyó Grupo Veliiz S.A. de C.V. junto con Jorge Armando Lizárraga. Este último quedó registrado como administrador único de la empresa y compartió apellidos con Suheid Margarita Lizárraga Angulo, señalada en documentos oficiales como representante legal de la sociedad.
Esa compañía estuvo dedicada al desarrollo inmobiliario, la gestión de proyectos turísticos y la operación de restaurantes y bares. Según las declaraciones patrimoniales referidas en el texto, Velarde trabajó como director comercial de Veliiz entre enero de 2007 y octubre de 2021.
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Durante esa etapa obtuvo el título de licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Un día después de concluir sus actividades en Grupo Veliiz, dio el paso al servicio público como secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, su municipio natal.
Más tarde se convirtió en subsecretario de Promoción y Operación Turística de Sinaloa. En marzo de 2024 inició un periodo de poco más de seis meses como encargado de despacho de la Secretaría de Turismo estatal, antes de ser mencionado como exsecretario de Economía dentro de la administración de Rubén Rocha Moya.
El caso cobró visibilidad pública tras el congelamiento de cuentas y el inicio de movimientos legales para combatir esa medida. Hasta donde llegó la declaración de Harfuch, la información oficial disponible se limitó a confirmar la denuncia de la UIF y la intervención de la Fiscalía.
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Harfuch ubicó el caso dentro de una exposición más amplia sobre seguridad
La referencia a Velarde apareció durante una conferencia en la que el secretario presentó avances de la Estrategia Nacional de Seguridad. En ese balance, informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidas 67,253 personas por delitos de alto impacto.
También señaló que en ese mismo lapso cayeron 111 funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado. Entre ellos mencionó a presidentes municipales de distintos estados, como parte del Operativo Enjambre contra redes de protección institucional.
En materia de armamento, reportó el aseguramiento de 34,353 armas de fuego. Explicó además que el 80% procedía de Estados Unidos, un dato que utilizó para describir la capacidad de fuego de los grupos criminales y el volumen del mercado ilegal atendido por las autoridades.
Sobre las acciones en el mar, indicó que la Secretaría de Marina decomisó 88 toneladas de cocaína. Dentro de esa cifra ubicó el mayor aseguramiento en la historia de esa institución: más de ocho toneladas frente a las costas de Michoacán.
Harfuch también habló de extorsión. Recordó que el 6 de julio de 2025 entró en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión y afirmó que, entre el 6 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2026, fueron detenidas 2 mil personas por ese delito en 29 entidades federativas.
Según su explicación, esa estrategia operó sobre cinco ejes: detenciones a partir de inteligencia e investigación, fortalecimiento de unidades locales antiextorsión, protocolos especializados de atención a víctimas, capacitación a operadores de la línea 089 en manejo de crisis y negociación, y una campaña nacional de prevención.
A esas medidas sumó el trabajo de la UIF para cancelar cuentas bancarias usadas para recibir pagos de extorsión, la cancelación de líneas telefónicas vinculadas con ese delito y operativos en centros penitenciarios coordinados con la Guardia Nacional y el Sistema Penitenciario Federal.
El gobierno federal sostuvo que la estrategia se conducía desde el Gabinete de Seguridad
Durante su exposición, Harfuch afirmó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había sido de “cero tolerancia a la corrupción y de cero impunidad, sin importar el cargo o la afiliación política de una persona”. Esa línea fue la que enmarcó la mención al expediente de Velarde.
El secretario sostuvo que uno de los rasgos de la estrategia era su conducción diaria desde la Presidencia. Explicó que cada mañana Sheinbaum encabezaba la reunión del Gabinete de Seguridad para revisar incidencia delictiva, analizar operaciones e investigaciones y tomar decisiones sobre regiones y delitos prioritarios.
Añadió que los resultados provenían de la coordinación entre Sedena, Semar, FGR, Segob, el Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional, así como de autoridades estatales. En ese punto subrayó que el 90% de los delitos correspondía al fuero común.
Harfuch dijo que la política de seguridad se sostenía en cuatro ejes: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Sedena, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y coordinación entre instituciones federales y estatales.
- La UIF denunció ante la FGR operaciones de empresas vinculadas con Ricardo “El Pity” Velarde, y Harfuch dijo que la Fiscalía sí estaría investigando.
- Velarde y su socio Jorge Armando Lizárraga Angulo promovieron recursos legales para intentar frenar el congelamiento de cuentas y activos.
- En la misma conferencia, Harfuch reportó 67,253 detenidos, 111 funcionarios públicos arrestados por vínculos con crimen organizado y 34,353 armas aseguradas.
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