La protección animal en México cambió de manera significativa desde 2014, cuando un paquete de siete iniciativas llegó al Congreso para prohibir el uso de animales en circos, penalizar las peleas de perros y restringir espectáculos con mamíferos marinos.
Tras más de una década de debates, modificaciones y participación de organizaciones civiles, el marco legal federal es distinto y la discusión pública sobre el trato animal pasó de la tolerancia a nuevas restricciones y obligaciones.
En este periodo, el Congreso mexicano avaló reformas que removieron a los animales silvestres de los espectáculos circenses desde 2015, tipificó las peleas de perros como delito federal en 2017 y prohibió el uso de delfines, orcas, lobos marinos y focas en actividades recreativas en 2025.
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El tránsito de una legislación permisiva a una restrictiva no fue uniforme: algunas prohibiciones entraron en vigor en meses, otras requirieron más de diez años y la intervención de varias legislaturas.
Prohibiciones vigentes: circos, peleas y espectáculos con mamíferos marinos
Uno de los cambios más visibles ocurrió en julio de 2015, cuando la ley impidió el uso de animales silvestres en los circos. Los espectáculos tuvieron que retirar leones, tigres, elefantes y otras especies de sus funciones, medida que generó ajustes inmediatos en la industria del entretenimiento y en los centros de resguardo animal.
En 2017, el combate a las peleas de perros avanzó con la modificación del Código Penal Federal. Las peleas dejaron de ser vistas solo como un problema de maltrato y pasaron a ser delito, lo que permitió perseguir y sancionar a quienes organizaran, promovieran o participaran en estos eventos. El cambio normativo derivó en procesos judiciales y fortaleció la vigilancia sobre criadores y espectáculos ilegales.
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La restricción sobre mamíferos marinos en espectáculos fue la más reciente y tomó más tiempo. La llamada Ley Mincho, aprobada en junio de 2025, prohíbe el uso de delfines, orcas, lobos marinos y focas en shows, terapia asistida y actividades de interacción con turistas. La votación fue por unanimidad, con 99 votos en el Senado y 415 en la Cámara de Diputados.
Qué se ha prohibido y qué falta por hacerse
Las reformas federales prohíben actualmente el uso de animales silvestres en circos, las peleas de perros y los espectáculos con mamíferos marinos. Además, existe una regulación más estricta sobre el trato digno y respetuoso hacia los animales en actividades públicas y privadas.
Las modificaciones legales también ampliaron la protección a los primates, limitando su uso en exhibiciones y actividades recreativas. En distintas entidades, la legislación local avanzó en paralelo con restricciones a las peleas de gallos, el uso de caballos en fiestas patronales y la venta de especies exóticas en mercados.
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El 11 de marzo de 2014, el entonces senador Jorge Emilio González Martínez, del Partido Verde, presentó un paquete de siete iniciativas relacionadas con el bienestar animal, las propuestas buscaban modificar distintas leyes para atender prácticas que durante años habían formado parte de espectáculos, negocios y actividades toleradas en México.
Sin embargo, colectivos y especialistas advierten que aún faltan reformas para homologar criterios entre estados, definir con claridad el bienestar animal y fortalecer el sistema de denuncias y sanciones. La protección animal en México sigue fragmentada y depende en gran medida de la capacidad de vigilancia local y del presupuesto disponible para inspección y rescate.
El registro de organizaciones civiles y denuncias públicas indica que persisten problemas como el abandono de animales de compañía, el tráfico de especies silvestres y la explotación de caballos en actividades urbanas. En varios casos, la falta de personal y recursos limita la efectividad de las nuevas normas.
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Participación de legisladores, organizaciones y sociedad
La transformación del marco legal no se atribuye a una sola persona ni a una legislatura específica. Desde 2014, el trabajo legislativo involucró a senadores como Jorge Emilio González Martínez, del Partido Verde, quien presentó el paquete original de siete iniciativas, y a diputadas y senadores de distintas bancadas que retomaron, modificaron o impulsaron nuevas propuestas a lo largo de más de diez años.
Organizaciones civiles, colectivos de protección animal y especialistas en derecho animal influyeron en la discusión pública y presionaron para que las iniciativas no quedaran archivadas. En distintos momentos, la presión mediática y las campañas ciudadanas aceleraron debates y obligaron a ajustes en el texto de las reformas.
El proceso también muestra que la protección animal no fue una prioridad inmediata en la agenda legislativa federal. La mayoría de los cambios requirió negociaciones, integración de nuevas mayorías y la intervención de varias legislaturas. La política, aunque determinante para la aprobación de las reformas, tuvo un papel secundario ante la presión social y la evidencia de maltrato.
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Un marco legal en transformación: avances y retos
A más de una década del primer paquete de iniciativas, México cuenta con un marco jurídico distinto: los animales silvestres están fuera de los circos, las peleas de perros son delito federal y los mamíferos marinos ya no pueden utilizarse en espectáculos ni interacción turística. El proceso legislativo dejó fuera algunas propuestas originales, pero incorporó nuevas figuras y sanciones.
Las reformas también abrieron espacio para que la protección animal sea parte de la discusión pública y del trabajo legislativo permanente. La homologación de criterios, el fortalecimiento de mecanismos de denuncia y la atención al abandono siguen como tareas pendientes para la siguiente década.
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