Los testigos que declararon ante la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de los hermanos Farías Laguna no solo señalan a Andrés Manuel López Beltrán como presunto facilitador de operaciones de huachicol fiscal, sino también a otros políticos y funcionarios que, hasta la fecha, ninguno habría sido citado a declarar. Los únicos detenidos en toda la trama son los dos marinos que la Fiscalía presenta como las cabecillas de dicha red.
El expediente de la causa penal 325/2025, que investiga a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, contiene al menos dos declaraciones de testigos distintos que trazan una cadena de protección política.
Según las investigaciones, el daño al erario por evasión de impuestos y aranceles en la red de huachicol fiscal asciende, según las indagatorias, a 177,000 millones de pesos. La cuota que la red cobraba por cada buque que atracaba con combustible ilegal era de 1 millón 750,000 pesos.
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¿Quiénes son los dos testigos y qué dijeron?
El primero de los testimonios proviene del testigo protegido con clave “Santo”, identificado por el periodista Arturo Ángel como el capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la aduana de Tampico.
En un escrito entregado a la FGR el 13 de mayo de 2025, Torres relató que, tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Tampico con 10 millones de litros de diésel de contrabando, contactó a operadores de la red para advertirles que los involucrados “tienen miedo de su situación”. La respuesta que recibió fue que se trataba de un “choque político” entre el secretario de Seguridad, Omar García Harfuh, y “el hijo del presidente”, pero que “ya llegaron a un acuerdo”.
En ese mismo testimonio, Santo describe el muelle al que llegaban los buques, a quién estaba concesionado y la relación entre ese concesionario y el senador Adán Augusto López Hernández.
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Epigmenio Mendieta lo precisó en entrevista con Radio Fórmula este martes 18 de agosto: “Él explica a dónde llegaron los barcos, a qué muelle, quién está concesionado ese muelle y de ahí sale la relación que tiene el concesionario de ese muelle con el senador de la República”.
El segundo testimonio proviene de Juan Carlos Soto Pichá (JCSP), subdirector de Operaciones Aduaneras de Guaymas, quien declaró como testigo en calidad distinta a la de protegido. Su relato se concentra en la operación del 21 de marzo de 2025 con el buque cisterna Torm Agnes, que transportaba diésel disfrazado como aditivo de aceite con destino a Intanza, empresa identificada por tres fuentes de seguridad mexicanas y por la agencia Reuters como presunta fachada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Era un tema de Andy”: la llamada al secretario de Marina
Cuando el decomiso simultáneo del Challenge Procyon en Tampico encendió las alarmas en la Secretaría de Marina y la fiscalía envió agentes al puerto de Guaymas, el capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, alias Mike o capitán Sol, tranquilizó al testigo que consideraba la operación perdida.
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La cita que recoge el expediente es puntual: “Ya le iban a hablar al secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy, a ver si a él no le hacían caso”.
La operación resultó exitosa. En 90 minutos el Torm Agnes salió de la zona de amarre e inició maniobras de zarpe. Cuando los agentes de la fiscalía llegaron a exigir una inspección, el capitán les respondió que el barco ya estaba en maniobras y la mercancía había sido desaduanada.
El abogado Mendieta subrayó el dato temporal que ancla ese episodio: “Estamos hablando del año 2025, del nuevo secretario de Marina”. El titular de la dependencia en ese momento era Raymundo Morales, quien sigue en el cargo.
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“Con la finalidad de ubicarnos perfectamente en el tiempo, esto me dice que ahí tendrían que ser citados el anterior secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, y también el actual. Sin embargo, tengo la seguridad de que la Fiscalía General de la República no los va a incomodar con un citatorio”, mencionó.
Una operación de Estado que requería siete dependencias alineadas
Fernando Farías declaró que la red no pudo haber sido obra de dos marinos de mando medio con funciones administrativas. “Esto es una operación de Estado”, dijo.
El propio testigo protegido JCSP describió en su declaración ministerial, según el reportaje de Arturo Ángel en Entorno MX, la estructura de complicidades que requería el esquema: “Capitanía de puerto, ASIPONA, aduana, agencia naviera, agencia aduanal, la transportista… todos están alineados”.
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Mendieta desarrolló ese mismo argumento ante Pepe Cárdenas de Fórmula: “No puede ser que siete dependencias, a través de sus distintos funcionarios, no tuvieran ningún mecanismo para poder controlar, detener o impedir que llegaran buques de esta naturaleza”.
La FGR, no obstante, solo ha imputado a los hermanos Farías y a una docena de operadores. Ningún titular de dependencia ha sido citado.
La periodista Peniley Ramírez confirmó en su columna del 15 de agosto en Reforma que el expediente contiene además al menos una transferencia de dinero desde una empresa facturera hacia una cuenta en el primer círculo de Andy López Beltrán.
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Los hermanos Farías Lagunas, los únicos detenidos
La FGR acusa a los hermanos Farías de encabezar “Los Primos”, una red que tomó el control de áreas estratégicas de la Agencia Nacional de Aduanas de México aprovechando sus cargos en la Secretaría de Marina.
Manuel Roberto, vicealmirante y el segundo en la escala jerárquica de la dependencia, fue detenido en septiembre de 2025 y permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Fernando, contralmirante identificado como líder operativo de la red, huyó a Argentina con pasaporte guatemalteco falso a nombre de Luis Lemus Ramos y fue capturado en el barrio de Palermo, Buenos Aires, el 23 de abril de 2026. Su extradición tiene audiencia preliminar programada para el 27 de agosto.
Desde El Altiplano, Manuel Roberto ha enviado cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum denunciando irregularidades en su proceso. En una de ellas escribió que “entre sus compañeros de partido están los culpables”. Fernando declaró ante el juez federal en Buenos Aires que teme por su vida si regresa a México: ocho personas relacionadas con la investigación han muerto en circunstancias que su defensa califica de sospechosas.
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La imputación formal que la FGR sostiene contra ambos se limita a haber propuesto, nombrado y removido personal de la Marina para colocarlo en posiciones estratégicas dentro de las aduanas. Mendieta lo desmonta con un dato concreto: la FGR ya intervino el celular de Manuel Roberto y descargó todas sus conversaciones. “No tiene ninguna conversación con ninguna operación de esta naturaleza”, dijo a Uresti.
De acuerdo con el abogado Mendieta, los nombramientos de los titulares de cada aduana, según documentos, están firmados por quien tenía la responsabilidad institucional de hacerlo: el secretario de Marina. “Los hermanos Farías nunca estuvieron adscritos en las aduanas”, dijo, “y curiosamente empiezan a aparecer los documentos en los que ellos nunca firmaron ninguno de estos nombramientos”.
La FGR que desmiente sin desmentir
El 17 de agosto, la FGR publicó en su cuenta de X un comunicado en el que calificó de “falsa” la información periodística sobre testigos con señalamientos contra López Beltrán. La dependencia, encabezada por Ernestina Godoy, precisó que “el Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”.
El comunicado no niega la existencia de los testimonios. Dice que lo que tiene no alcanza la fuerza legal para abrir una indagatoria formal.
El argumento de Mendieta apunta directamente a la contradicción de la FGR. Si los testimonios son válidos para sostener la imputación contra los hermanos Farías, no pueden ser descartados cuando esos mismos testigos nombran a otros funcionarios.
“Si vamos a descalificar el dicho de este testigo porque miente cuando menciona el nombre de dos funcionarios de primer nivel, pues miente entonces en todo momento”, dijo a Radio Fórmula. “Cuando menciona los nombres de Manuel Roberto, pues entonces lo que está contando todo el tiempo son mentiras. No solamente cuando menciona el nombre de Adán Augusto o el de Andy”.
A dos de los mencionados en esos testimonios los tienen detenidos. A los otros, dijo Mendieta, “ni siquiera los molestan con una declaración”.
Mendieta fue más directo en su conversación: “Pocas veces vemos que una institución como la Fiscalía General de la República, por escrito y a través de un comunicado, nos diga a quién definitivamente no quiere investigar”.
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