Un jurado federal declaró culpable a Chandler Britain Bradford, de 37 años, residente de New Braunfels, Texas, por traficar piezas de armas de fuego suficientes para ensamblar cerca de 5 mil 700 rifles semiautomáticos en México y lavar más de USD 3,5 millones obtenidos de esa operación. El veredicto, emitido el lunes por un jurado federal del Distrito Oeste de Texas, puso fin a un juicio de una semana y lo dejó expuesto a una pena de hasta 20 años de prisión federal.
Bradford participó en una trama para abastecer ilegalmente a un ciudadano mexicano radicado en la zona de Monterrey, Nuevo León, sin contar con licencia para exportar piezas de armas desde Estados Unidos hacia México. El fiscal federal Justin R. Simmons anunció la condena como resultado del trabajo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (Homeland Security Task Force, HSTF).
Piezas, herramientas y asesoramiento para fabricar armas en México
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas durante el juicio, Bradford no se limitó a enviar componentes: proporcionó a su cómplice las piezas, las herramientas y el conocimiento técnico necesarios para montar una operación completa de fabricación de armas en el norte de México.
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A cambio de ese suministro, Bradford recibió más de USD 3,5 millones de su contacto en Monterrey. Las autoridades incautaron cajas con piezas de armas y documentaron el uso de una unidad de almacenamiento como depósito de los componentes.
El jurado lo halló culpable de siete cargos en total: un cargo de conspiración para el contrabando de mercancías desde Estados Unidos, un cargo de conspiración para transferir armas de fuego destinadas a la comisión de un delito grave, cuatro cargos de complicidad en el contrabando de mercancías desde Estados Unidos y un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales.
Fiscales vinculan las armas con los cárteles mexicanos
Simmons fue directo al señalar el destino final de las armas traficadas por Bradford. “A Bradford solo le importaba el dinero que ganaba con su actividad delictiva; no le importaban en absoluto las numerosas vidas estadounidenses que se verían perjudicadas”, declaró el fiscal, quien agregó que “los cárteles de la droga usaban esas armas para asegurar su territorio y las rutas que emplean para introducir estupefacientes en Estados Unidos”.
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Por su parte, Michael Weddel, agente especial a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en Houston, subrayó la dimensión del daño, afirmando que “el acusado proporcionó los medios y los conocimientos técnicos para facilitar la fabricación ilegal de miles de armas de fuego destinadas a un mercado criminal en México”.
Weddel afirmó que la ATF continuará trabajando con socios federales, locales e internacionales para desmantelar a quienes se benefician de ese tipo de operaciones.
Dos prófugos y cuatro coacusados ya condenados o confesos
El caso involucra a varios acusados en distintas etapas procesales. En enero de 2025, Jose Francisco Garcia-Cervantes y Ricardo Rodriguez-Sotelo fueron condenados a prisión federal. Troy Vernon Erbe y Jesus Guzman-Delgado se declararon culpables.
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Dos coacusados permanecen prófugos: Julio Gomez-Mendoza y Octavio Quiroga-Treviño. La ATF solicita información sobre el paradero de ambos a través de su línea de denuncias: 1-888-ATF-TIPS (1-888-283-8477), o por correo electrónico a ATFTips@ATF.gov.
El marco institucional del caso
La investigación estuvo a cargo de la ATF con el apoyo de la Oficina de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El caso se enmarca en la iniciativa del HSTF, establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159, “Protección del pueblo estadounidense contra la invasión”, una asociación que involucra a múltiples agencias del gobierno federal con el objetivo de desarticular redes de apoyo a los cárteles mexicanos.
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Los fiscales federales adjuntos Brian Nowinski y Ryan Groomer están a cargo de la acusación. Un juez de distrito federal determinará la sentencia de Bradford tras evaluar las Directrices Federales para la Imposición de Penas y otros factores legales pertinentes.
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