Arranca en el Senado discusión sobre Ley General contra el Feminicidio: “La justicia comienza cuando una mujer pide ayuda”

El Senado de la República inició hoy las mesas de diálogo para analizar la iniciativa relativa a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con la cual se busca homologar la tipificación del delito a nivel nacional.

De acuerdo con el Senado, en las mesas de diálogo fueron convocatas por las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos, con la participación de legisladores locales y federales, académicas y académicos, especialistas en la materia, organizaciones de la sociedad civil, representantes de autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno, defensoras y defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas, entre otros.

Detalló que entre los temas que se analizan están la Prevención de la violencia feminicida y políticas públicas; Investigación del feminicidio, debida diligencia y análisis de contexto; el Tipo penal, tentativa, agravantes y armonización legislativa.

Asimismo, temas relacionados con las víctimas, como la Reparación integral, Niñas y niños en orfandad y medidas de protección; Coordinación institucional; Sistemas de información, registros y fortalecimiento de capacidades; así como Implementación de la Ley General.

¿Cuáles fueron las observaciones y propuestas?

Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a Una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, señaló que el tipo penal de feminicidio está fragmentado en la legislación local.

“Hoy tenemos un tipo penal que en todo caso está fragmentado. Hay 32 estados que regulan el feminicidio de forma diferente y de forma diferente en los elementos que conforman el tipo penal, las razones de género, las agravantes y las penas”, dijo.

Gómez Saracibar afirmó que la iniciativa busca un tipo penal sólido y fortalecido, así como la actualización y certificación de servidores públicos en derechos humanos y perspectiva de género.

“Esta iniciativa contempla como un principio fundamental la sentencia de Mariana Lima Buendía para que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen con protocolo de feminicidio, asegurando que peritajes, preservación de indicios y continuidad en la cadena de custodia, el levantamiento, traslado y preservación de los cuerpos o los restos se hagan con dignidad humana, con cuidado, con perspectiva de género y de derechos humanos, con el derecho al acceso a la verdad y la justicia y un trato digno a las víctimas y sobrevivientes”, subrayó.

Entre otras propuestas, Gómez Saracibar resaltó la obligación de crear políticas públicas para niñas y niños en orfandad, así como el reconocimiento de la familia social, y la responsabilidad de las personas morales.

Por suparte, la docente Rocío Fragoso propuso que el aprendizaje de masculinidades igualitarias y no violentas, así como la educación para la igualdad sustantiva, sean contenidos obligatorios en la educación básica y media superior.

Fragoso planteó adicionar al artículo 62 bis un capítulo de políticas de prevención, con formación docente garantizada.

“El vacío en la Nueva Escuela Mexicana sobre justamente la prevención del feminicidio es que hoy es potestativo, no garantizado. Lo que pido es justamente convertir en obligación y en política pública con presupuesto, lo que el currículum oficial ya enuncia con aspiración frontal”, señaló.

¿Por qué se analiza la iniciativa previo a su discusión?

En su cuenta de X, Laura Itzel Castillo, senadora de Morena y expresidenta del Senado, dijo que las conclusiones de las mesas de diálogo serán insumos valiosos para el dictamen a la iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué sigue?

Del 19 al 25 de agosto se llevará a cabo la sistematización de propuestas para integrar el proyecto de dictamen a finales de agosto e inicios de septiembre, previo a su discusión en el Congreso de la Unión.