Uno de cada cinco armas decomisadas en México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum fue incautada en Sinaloa, según reveló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desde Palacio Nacional.
El funcionario presentó el balance de la estrategia nacional de seguridad ante una pregunta de una reportera sobre el control del flujo ilegal de armamento procedente de Estados Unidos y el retorno de dinero del crimen organizado.
El dato central del informe fue que más de 30 mil armas de fuego han sido aseguradas entre octubre de 2024 y julio de 2026, y que más del 80% de ese arsenal proviene de territorio estadounidense.
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Sin embargo, la concentración de decomisos en Sinaloa —alrededor del 20% del total nacional— refleja la intensidad operativa en un estado que sigue siendo uno de los principales destinos del tráfico ilegal de armamento.
Por otra parte, una reportera cuestionó a Omar García Harfuch sobre la capacidad del gobierno para identificar las rutas de ingreso de armas desde Estados Unidos y para rastrear el retorno de recursos del crimen organizado. El titular de Seguridad respondió con datos de incautaciones y reconoció que la Unidad de Inteligencia Financiera debe ofrecer mayor detalle sobre los flujos económicos.
García Harfuch enfatizó que la coordinación con Estados Unidos se basa en el principio de responsabilidad compartida. Según el funcionario, el consumo de drogas en el país vecino y el tráfico de armas hacia México forman parte de un mismo fenómeno que ambos gobiernos deben abordar en conjunto.
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Cifras globales de la Estrategia Nacional de Seguridad entre octubre de 2024 y julio de 2026
El balance presentado por Harfuch va más allá del tema armamentista. Entre octubre de 2024 y el 31 de julio de 2026, las fuerzas federales detuvieron a 63 mil 564 personas por delitos de alto impacto y aseguraron 32 mil 824 armas de fuego, cifra que supera las 30 mil mencionadas en el contexto de la procedencia estadounidense.
En materia de drogas, los operativos arrojaron 518.7 toneladas de sustancias decomisadas, entre ellas más de 5 millones de pastillas de fentanilo y 2 mil 381.6 kilogramos de la misma droga en polvo. El Ejército y la Marina destruyeron 2 mil 725 laboratorios clandestinos en 23 entidades del país.
Harfuch señaló que todos estos aseguramientos afectan de forma directa la capacidad financiera y logística de las organizaciones criminales. La estrategia nacional contra la extorsión, en particular, permitió la detención de mil 847 personas en 24 estados entre julio de 2025 y julio de 2026.
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La red de Arizona y la ruta por Sonora
Los datos de Harfuch se enmarcan en una serie de operativos recientes que ilustran cómo funciona el tráfico. El 4 de agosto de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito de Arizona desarticuló una red de 21 personas —incluido un ciudadano mexicano— que enviaba armamento a una organización criminal en México entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.
La investigación, coordinada por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF), acumuló 158 cargos criminales y derivó en la incautación de más de 100 armas y 125 mil cartuchos de munición. El arsenal incluía una ametralladora tipo Browning calibre .50, un rifle Barrett calibre .50 y fusiles tipo AR-15.
Según datos de la ATF publicados por Milenio, la ruta Arizona-Sonora concentra alrededor del 9% del tráfico total de armas hacia México. Ocho de cada 10 armas que ingresan al país terminan en manos de estructuras del Cártel de Sinaloa o del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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La UIF y el retorno del dinero: una respuesta pendiente
Ante la pregunta sobre el retorno del dinero del crimen organizado desde Estados Unidos hacia México, Harfuch reconoció que la UIF es la instancia con mayor capacidad de análisis sobre el tema y pidió que la dependencia ofreciera una explicación “más precisa y profunda”. La UIF, encabezada por Omar Reyes, no presentó sus datos en esa misma conferencia.
Lo que sí está documentado es la acción antilavado más significativa del año: el 23 de julio de 2026, la UIF y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) incorporaron a 63 personas físicas y morales a sus respectivas listas de bloqueo por vínculos con una estructura financiera del CJNG. La operación fue simultánea en ambos países.
El reclamo mexicano por las armas y los bienes decomisados
La segunda pregunta de la reportera apuntó a un desequilibrio percibido: mientras Estados Unidos exige a México resultados en materia de drogas y migración, ¿puede México medir con igual precisión lo que Washington hace por la seguridad mexicana a través de la ATF? Harfuch respondió que sí, y reiteró el principio de responsabilidad compartida y diferenciada como eje de la relación bilateral.
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Ese principio también guía la postura de la presidenta Sheinbaum sobre los bienes decomisados a narcotraficantes mexicanos en Estados Unidos. El 4 de agosto, la mandataria anunció que México solicitará la entrega de esos activos cuando el daño principal haya ocurrido en territorio nacional, dentro del marco legal de los acuerdos de cooperación vigentes.
La UIF ya concretó una primera recuperación en ese sentido: USD 500 mil vinculados al caso del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien cumple condena en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. El gobierno federal confirmó que esos recursos serán destinados al beneficio público, aunque no precisó el mecanismo presupuestario específico.