La diputada federal del Partido del Trabajo, Martha Aracely Cruz Jiménez, pidió una audiencia con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, para exponer una serie de amenazas de muerte que, según denunció, recibió después de cuestionar actuaciones del gobierno de Oaxaca y acompañar a autoridades electas de San Juan Mazatlán.
La legisladora mixe señaló que las amenazas comenzaron en medio de sus denuncias sobre el manejo de recursos federales destinados a los municipios de Oaxaca y su intervención en el conflicto político de San Juan Mazatlán, donde Esteban Santiago Aguilar reclama el reconocimiento como presidente municipal.
Cruz Jiménez afirmó que ha recibido mensajes en redes sociales en los que le advierten que podrían “levantarla” y hacerle daño. La diputada aseguró que conserva capturas de pantalla de esas publicaciones y sostuvo que se siente desprotegida ante el riesgo que enfrenta.
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“Mi preocupación más grande ahorita es hablar con ella. Yo necesito contarle todo eso, de dónde viene todo el tema. Es mucha la violencia que se vive en Oaxaca y yo me siento totalmente desprotegida y sola”, señaló, durante una entrevista con La Jornada, al referirse a su intención de reunirse con la secretaria de Gobernación.
El conflicto que llevó a la diputada a involucrarse tiene como uno de sus puntos centrales a San Juan Mazatlán, municipio indígena de la región Mixe. Esteban Santiago Aguilar se ostenta como presidente municipal electo y su reconocimiento fue respaldado por autoridades electorales federales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación registra el litigio promovido por Aguilar en torno a la elección del ayuntamiento.
En junio, habitantes de San Juan Mazatlán bloquearon la carretera Transístmica para exigir que el gobierno de Oaxaca acreditara a Aguilar como presidente municipal. El conflicto se prolongó mientras las autoridades locales reclamaban que se cumpliera con las resoluciones electorales federales.
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Cruz Jiménez aseguró que decidió acompañar las gestiones de las autoridades electas para que pudieran acceder a los recursos federales correspondientes al municipio, que, de acuerdo con sus señalamientos, ascienden a alrededor de 130 millones de pesos.
La diputada también cuestionó la figura de los comisionados municipales que opera en Oaxaca. Según expuso, estos funcionarios pueden administrar participaciones y aportaciones federales en determinadas localidades, incluidos recursos de los ramos 28 (de libre disposición para nómina o deudas) y 33 (destinados a salud, obras y educación). A su juicio, la falta de reglas más precisas sobre sus responsabilidades y fiscalización puede abrir espacio para irregularidades.
Denuncian presunto nepotismo y corrupción
Sus señalamientos se suman a otros cuestionamientos que Cruz Jiménez ha realizado durante 2026 contra la administración de Salomón Jara. En marzo, la legisladora y otra diputada del PT denunciaron presuntos actos de nepotismo, corrupción e intimidación en Oaxaca y señalaron al gobierno estatal por generar un clima de inseguridad e incertidumbre.
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En febrero, Cruz Jiménez también había solicitado la intervención de la Fiscalía General de la República en un caso relacionado con presunto maltrato a menores bajo cuidado del DIF Oaxaca, después de señalar que las autoridades estatales no habían atendido sus denuncias.
La legisladora sostuvo que, durante las reuniones que mantuvo con funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca para abordar el caso de San Juan Mazatlán, hubo cambios y cancelaciones de encuentros. También afirmó que recibió presiones para dejar de acompañar las demandas de las autoridades municipales.
En este contexto, Cruz Jiménez señaló directamente al secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, y al gobernador Salomón Jara Cruz, a quienes responsabilizó de cualquier agresión que pudiera sufrir.
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La legisladora afirmó además que en algún momento se le ofreció seguridad ante el contexto de violencia en Oaxaca, pero sostuvo que perdió la confianza en los funcionarios estatales. También dijo que elementos de la Guardia Nacional se comunicaron inicialmente con ella, aunque posteriormente, según su versión, dejaron de responder a sus llamadas y mensajes.
Pese a las amenazas que asegura haber recibido, Cruz Jiménez afirmó que continuará con sus denuncias y que no pretende abandonar el acompañamiento a las autoridades municipales que recurran a ella.
“Yo no me voy a callar”, sostuvo la diputada, quien ahora busca llevar el caso directamente ante la Secretaría de Gobernación para solicitar protección y exponer lo que considera un escenario de riesgo derivado de su actividad política y sus denuncias en Oaxaca.
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