La Secretaría de las Mujeres informó que destinó 39.9 millones de pesos en el despliegue de 279 promotoras y brigadistas en comunidades rurales, ejidos y zonas costeras, como parte de la Estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras.
Esto, con el objetivo de prevenir y erradicar el embarazo en niñas de 10 a 14 años y reducir la maternidad adolescente, en los municipios donde las menores de edad tienen mayor vulnerabilidad.
En un comunicado, la dependencia detalló que la estrategia se sostiene con recursos del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) 2026, canalizados a través de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF).
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La Secretaría de las Mujeres detalló que la intervención se articula en dos convocatorias, precisando que en la primera, se asignaron 25.4 millones de pesos para contratar a 150 profesionistas —50 promotoras y 100 brigadistas— en 50 municipios de 19 entidades.
Mientras que en la segunda convocatoria sumó 14.5 millones de pesos para la incorporación de 129 profesionistas más —43 promotoras y 86 brigadistas— en 43 municipios de 18 estados.
La dependencia puntualizó que najo la instrucción de la subsecretaria de Igualdad Sustantiva, María Elvira Concheiro Bórquez, las brigadas llegan a territorios donde históricamente ha existido menor presencia institucional.
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Mencionó que las promotoras y brigadistas cruzan ríos, atraviesan montañas y se desplazan por caminos donde a veces sólo es posible avanzar a caballo, con el fin de asegurar que la estrategia llegue a los rincones más apartados y fortalezca la prevención del embarazo infantil y adolescente.
Intervenciones clave y materiales pedagógicos
La estrategia no sólo busca frenar el embarazo infantil, sino también combatir las uniones forzadas y transformar las condiciones de exclusión, pobreza y marginación en las zonas indígenas, afromexicanas y rurales.
Las brigadistas y promotoras emplean materiales pedagógicos y de sensibilización diseñados por la dependencia, distribuidos en nueve tipos de intervenciones clave: acciones comunitarias, visitas casa por casa, con personal docente, personal de salud, servidores públicos municipales y autoridades comunitarias, madres, padres y personas cuidadoras, niñas, niños y adolescentes, espacios públicos y los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación).
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Esta estrategia apunta a transformar las dinámicas sociales e institucionales que normalizan la violencia sexual y las uniones tempranas.
Además, garantiza el acceso a educación sexual integral, promueve servicios de salud responsables para la atención oportuna del abuso sexual y fortalece el diálogo comunitario bajo el principio de que los derechos y la dignidad de las niñas están por encima de cualquier costumbre.
En mayo pasado, la Secretaría de las Mujeres lanzó la Estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras en 50 municipios de 19 estados para combatir el embarazo infantil y el matrimonio forzado.
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La medida surgió luego de que Infobae México exhibió en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, de la presidenta Claudia Sheinbaum, el caso al menos 30 casos de niñas, algunas de 11 y 13 años, que tuvieron hijos con hombres mayores, lo que evidenció casos de abuso sexual y uniones forzadas.
¿En qué consiste la estrategia?
La estrategia, coordinada con las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), cuenta con recursos del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) y la contratación de promotoras y brigadistas.
Los municipios seleccionados se eligieron según criterios como violencia sexual, embarazo en menores, rezago social, pobreza multidimensional y prevalencia de uniones tempranas, además de diagnósticos del INPI en comunidades indígenas y afromexicanas.
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El plan contempla nueve intervenciones territoriales, incluidas acciones comunitarias, visitas casa por casa, trabajo con personal docente y de salud, y actividades con servidores públicos municipales, autoridades comunitarias, familias y estudiantes, así como la utilización de espacios públicos y Centros LIBRE.
Entre las acciones obligatorias para los gobiernos municipales están la presentación de promotoras y brigadistas, la firma de compromisos de prevención, sesiones informativas sobre derechos sexuales y rutas de atención, y la integración de un directorio de servicios.
La estrategia requiere la coordinación de instancias estatales y municipales, fiscalías, procuradurías y grupos de prevención.
Las visitas domiciliarias buscan promover derechos sexuales y reproductivos y una vida libre de violencia.
En escuelas, se realizarán charlas, difusión de materiales y organización de actividades con madres, padres, personal escolar y alumnado. El despliegue incluye la capital de cada estado participante y municipios con alta incidencia de los problemas mencionados.
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