La nieta del muralista Jorge González Camarena llegó a la casa familiar en la colonia Del Valle y encontró las cerraduras cambiadas. Adentro había cuatro hombres y una mujer que no conocía. Tuvieron que pasar diez semanas desde la invasión y muchos reclamos hasta que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) logró asegurar el inmueble.
El caso ilustra un delito que en la capital registra un promedio de entre nueve y diez denuncias diarias y que puede ocurrirle a cualquier propietario, con o sin apellido conocido.
Las denuncias por despojo en la CDMX pasaron de mil 901 en el primer semestre de 2025 a 2,039 en el mismo periodo de 2026, un aumento de 138 casos según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Iztapalapa encabeza el listado con 297 querellas; le siguen Cuauhtémoc, Benito Juárez y Venustiano Carranza.
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El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Pablo Vázquez Camacho, ha dicho que se ha identificado a cinco grupos delictivos que incluyen el despojo entre sus actividades: La Unión Tepito, La Antiunión, Los Rodolfos, el Cártel de Tláhuac y Los Malcriados 3AD.
El despojo no siempre llega con violencia: así operan las dos vías
El experto en seguridad y prevención del delito, Salvador Mejía, en entrevista con Adela Micha en La Saga, explicó que el despojo opera por dos caminos distintos y que confundir uno con el otro puede costar el patrimonio de una familia.
El primero es el despojo a la brava: un grupo de personas llega al inmueble, rompe cerraduras, entra por la fuerza y ocupa la propiedad. Los dueños quedan afuera. Este perfil lo ejecutan tanto células de grupos criminales organizados como particulares que contratan personas como músculo para tomar un inmueble específico.
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El segundo camino es más silencioso y más difícil de detectar. Funciona así: alguien identifica un inmueble con problemas de documentación o cuyos dueños están ausentes, fabrica documentos falsos —un testamento, una cesión, una compraventa—, acude ante un notario coludido con redes criminales y después presenta una demanda ante un juzgado. Cuando el propietario legítimo se entera, el inmueble puede estar ya en proceso de venta.
El experto ha advertido que la red que hace posible este segundo tipo de despojo no está formada solo por delincuentes de calle. Involucra a abogados, notarios, agentes del Ministerio Público, personal del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, integrantes del Poder Judicial de la CDMX y actores políticos. “Por algo le llamamos delincuencia organizada”, dijo en la entrevista.
El negocio es millonario. Una casa en la colonia Roma puede ponerse en venta entre 20 y 25 millones de pesos. El riesgo, para quienes operan estos esquemas, vale la pena.
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Ocho documentos para proteger tu propiedad
En la entrevista, el experto en seguridad desarrolló lo que llama una “mochila de vida” para el patrimonio inmobiliario: un conjunto de documentos que toda persona debe tener en orden, en copia física y digital, para poder defenderse si su propiedad es objeto de una invasión o de un juicio simulado. Son ocho puntos.
El primero es la escritura pública del inmueble, y debe estar a nombre del propietario actual. Mejía advirtió que hay muchas familias que llevan años viviendo en casas heredadas sin haber abierto la sucesión testamentaria ni iniciado ningún trámite notarial. Un inmueble sin escritura actualizada es un blanco fácil para estas redes, porque no hay un propietario acreditado ante quien responder.
Si el trámite representa un gasto imposible de cubrir, Mejía sugirió negociar con la compradora —frecuentemente una inmobiliaria— que el costo del proceso se descuente del precio de venta.
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El segundo documento son las boletas y pagos de predial, con el nombre del propietario en la boleta. Dejar de pagar el predial o pagarlo sin revisar que el nombre sea el correcto abre la posibilidad de que otra persona lo empiece a pagar a su nombre y acumule un historial que después usará como prueba de posesión.
El tercero y el cuarto son los comprobantes de pago de agua y de luz, también a nombre del propietario. Estos documentos acreditan posesión continua del inmueble. Tenerlos archivados de forma ordenada, en físico y en digital, puede marcar la diferencia al momento de presentar una denuncia.
El quinto punto son los documentos catastrales o municipales donde aparezca el nombre del propietario. Para quienes viven fuera de la CDMX, Mejía recomendó revisar qué documentos equivalentes existen en cada estado, ya que los trámites y registros varían.
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El sexto es el folio real y los antecedentes registrales del inmueble, que se obtienen en el Registro Público de la Propiedad. Este documento muestra el historial jurídico del inmueble: quién ha sido propietario, si ha sido objeto de alguna transacción y cuál es su situación actual.
El séptimo es el certificado de existencia o inexistencia de gravamen. Un gravamen es, en términos simples, una deuda o carga jurídica sobre el inmueble. Si el propietario tiene sus papeles en orden y nadie ha actuado sobre su propiedad, ese certificado debe estar limpio. Si aparece un gravamen que el propietario no reconoce, es una señal de alerta: puede significar que hay una demanda en curso contra el inmueble sin que el dueño lo sepa.
El octavo punto es la inscripción en la Alerta Inmobiliaria de la Ciudad de México.
La alerta inmobiliaria: la herramienta gratuita que casi nadie usa
La Alerta Inmobiliaria es un servicio gratuito del Gobierno de la CDMX que notifica al propietario registrado si su inmueble es objeto de una demanda, una medida cautelar o cualquier acción judicial. Funciona como un sistema de vigilancia jurídica: si alguien intenta iniciar un proceso legal sobre el inmueble, el dueño recibe una alerta antes de que el proceso avance.
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Para acceder al servicio, el propietario puede buscar el portal de Alerta Inmobiliaria. El portal del gobierno permite la inscripción en línea, aunque puede requerir la llave digital del usuario o una visita a las oficinas del Gobierno de la CDMX. Mejía señaló que se trata de una herramienta que ya existe pero que tiene muy poca difusión, y que algunos propietarios desconfían de ella por temor a exponer sus datos. El experto advirtió que ese razonamiento es el contrario al correcto: quien quiere despojar a alguien ya está investigando el estatus jurídico del inmueble; el propietario necesita saberlo antes.
El Gobierno de la CDMX anunció el 5 de agosto que, a partir de ahora, todas las denuncias que lleguen al Gabinete Contra Despojos activarán automáticamente una alerta registral institucional: el Registro Público de la Propiedad colocará el folio real del inmueble bajo alerta, de modo que cualquier intento de hacer un trámite sobre esa propiedad generará una notificación a las autoridades.
Gobierno de CDMX anuncia ajustes
La jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó este miércoles una estrategia integral contra el despojo que fija plazos máximos de actuación para las autoridades. En casos donde exista certeza jurídica sobre la propiedad, la Fiscalía tendrá 15 días para asegurar y restituir el inmueble. Para judicializar los casos con evidencia suficiente, el plazo máximo es de 30 días.
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La Fiscalía General de Justicia creó una Unidad de Análisis Criminal y una Agencia de Judicialización Rápida para cumplir esos plazos. El magistrado presidente del Poder Judicial de la CDMX, Rafael Guerra, anunció una unidad especializada de 20 jueces dedicados exclusivamente a casos de despojo, junto con una base de datos institucional para coordinar a las dependencias involucradas.
Brugada anunció también la creación de la Defensoría Jurídica de la Propiedad y Contra el Despojo, un protocolo único de atención a denunciantes y una unidad anticorrupción para investigar posibles complicidades al interior del gobierno.