La reciente filtración del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC/SIDAC) de la Presidencia de la República no representa únicamente un incidente tecnológico. Se trata de uno de los episodios más delicados en materia de protección de datos personales y confianza institucional de los últimos años.
La exposición de aproximadamente 400 mil registros que contienen denuncias ciudadanas, datos personales y reportes dirigidos a dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el IMSS y otras instituciones federales, revela una falla mucho más profunda: la incapacidad del Estado mexicano para proteger a quienes decidieron confiar en él.
De acuerdo con la información la vulnerabilidad explotada corresponde a un fallo de tipo IDOR (Insecure Direct Object Reference), considerado uno de los errores más elementales en el desarrollo de aplicaciones web.
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En términos prácticos, bastaba modificar el número de folio en la dirección electrónica del sistema para acceder a expedientes completos de otros ciudadanos, sin que existiera un mecanismo efectivo de autenticación o autorización.
Más preocupante aún es que la información terminó circulando en la dark web y en canales de Telegram, lo que multiplica exponencialmente el riesgo para las víctimas. Sin embargo, el problema trasciende la dimensión técnica.
La filtración golpea directamente uno de los eslabones más débiles del sistema de justicia mexicano: la confianza ciudadana. México enfrenta desde hace años una crisis estructural de denuncia.
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Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del INEGI, correspondiente a delitos ocurridos durante 2024, únicamente el 9.6% de los delitos cometidos en el país fueron denunciados.
En otras palabras, más del 93 por ciento permanece en la llamada “cifra negra”, sin llegar siquiera a conocimiento formal de las autoridades. Las razones son reveladoras. El 34.6 por ciento de las víctimas considera que denunciar representa una pérdida de tiempo; el 14 por ciento afirma no confiar en las autoridades; el 10.2 por ciento señala que los trámites son excesivamente largos y complicados; el 6.1 por ciento admite tener miedo del agresor.
A ello se suma un dato aún más desalentador: incluso entre quienes sí presentan una denuncia, apenas una mínima fracción obtiene una resolución satisfactoria. Diversos análisis de organizaciones especializadas estiman que la impunidad efectiva en México supera el 99 por ciento.
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En ese contexto, la filtración del SIAC/SIDAC resulta particularmente grave porque elimina por completo el contrato de confianza entre el ciudadano y el Estado. Las personas que decidieron denunciar delitos relacionados con homicidios, secuestros, extorsiones, abuso sexual, corrupción, desapariciones o incluso grupos del crimen organizado, lo hicieron bajo la expectativa legítima de que la información entregada al gobierno sería protegida y, en cambio, quedaron expuestas.
La información filtrada incluye nombres completos, domicilios, teléfonos, correos electrónicos, historial íntegro de los trámites, contenido completo de las denuncias y datos de los funcionarios responsables de atenderlas.
Aunque no existe información pública que precise cuántas denuncias fueron formalmente anónimas, el resultado práctico es el mismo: quienes acudieron al gobierno buscando protección terminaron potencialmente identificables por las mismas organizaciones criminales o personas denunciadas.
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Una base de datos con estas características constituye un auténtico “mapa de inteligencia” para grupos delictivos. No se trata únicamente de una fuga de información; representa una herramienta potencial para represalias, extorsiones, amenazas e incluso ataques físicos contra víctimas y denunciantes.
Paradójicamente, el mensaje que reciben millones de mexicanos es devastador: denunciar puede resultar más peligroso que guardar silencio.Este episodio adquiere una dimensión todavía mayor cuando se observa el contexto nacional.
La filtración del SIAC/SIDAC no constituye un hecho aislado. Durante los últimos años se han documentado múltiples ataques contra instituciones públicas federales y estatales, incluyendo registros civiles, gobiernos estatales, sistemas tributarios, catastros, poderes judiciales y dependencias responsables de seguridad pública.
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Los incidentes ocurridos entre 2025 y 2026 muestran un patrón preocupante: bases de datos completas expuestas, padrones gubernamentales comprometidos, sistemas vulnerados mediante técnicas relativamente conocidas y, en varios casos, ausencia de comunicación oficial clara sobre el alcance de los daños.
Si bien la actual administración presentó el Plan Nacional de Ciberseguridad 2025-2030 y publicó una Política General de Ciberseguridad para la Administración Pública Federal, los resultados prácticos parecen ir en dirección opuesta.
Las políticas existen sobre el papel, pero la realidad demuestra que continúan apareciendo vulnerabilidades básicas que cualquier programa serio de seguridad informática debería detectar antes de poner un sistema en producción.
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Más preocupante resulta que, paralelamente, el presupuesto destinado a tecnologías de la información y comunicaciones registró nuevos recortes para 2026, afectando particularmente la inversión en software y servicios especializados.
México enfrenta además un déficit estimado de más de 77 mil profesionales en ciberseguridad, una carencia que limita la capacidad de prevenir, detectar y responder oportunamente a incidentes de esta naturaleza.
La consecuencia es evidente: la ciberseguridad continúa sin reflejarse como una prioridad operativa del Estado mexicano. Y cuando la protección digital falla, las consecuencias dejan de ser exclusivamente tecnológicas, pues cada filtración erosiona la confianza institucional, desalienta la denuncia, fortalece la percepción de impunidad y envía un mensaje de vulnerabilidad tanto a ciudadanos como a organizaciones criminales.
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La ciberseguridad dejó hace tiempo de ser un asunto reservado a especialistas; hoy constituye un componente esencial de la seguridad pública. Resulta imposible combatir eficazmente la delincuencia cuando el propio Estado es incapaz de proteger la identidad de quienes colaboran con la justicia.
La confianza ciudadana es un recurso difícil de construir y extraordinariamente sencillo de destruir. Hasta el momento de redactar estas líneas, la Presidencia de la República no había emitido un posicionamiento oficial sobre el alcance de la filtración ni sobre las medidas de reparación para las personas afectadas.
Tampoco se conoce si existirá una investigación independiente que determine responsabilidades administrativas, técnicas o incluso penales. Mientras tanto, cientos de miles de ciudadanos permanecen con la incertidumbre de no saber quién tiene acceso a sus datos personales, quién conoce el contenido de sus denuncias y qué consecuencias podrían enfrentar por haber hecho exactamente lo que el Estado les pidió durante años: denunciar.
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La mayor tragedia de esta filtración no reside únicamente en los datos comprometidos. Radica en el daño que provoca a una institución indispensable para cualquier democracia: la confianza. Porque cuando un ciudadano llega a la conclusión de que denunciar un delito puede poner en mayor riesgo a su familia que permanecer en silencio, no solo fracasa un sistema informático: fracasa el gobierno.
----* Víctor Ruiz. Fundador de SILIKN | Emprendedor Tecnológico | Coordinador de la Subcomisión de Ciberseguridad de COPARMEX Querétaro | Líder del Capítulo Querétaro de OWASP | CyberOps Associate (CCNA CyberOps) | NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE) | (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC) | Cyber Security Certified Trainer (CSCT™) | EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) | EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT) | Cisco Ethical Hacker & Cybersecurity
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