La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) expresó su indignación acerca de la muerte violenta de dos adolescentes de 13 años de edad, Dafne Zapata Quintos y Erick Leonardo Terán Torbellín, durante su estancia en instituciones y campamentos militarizados, en el último año. Ambos casos exponen con urgencia las fallas de supervisión y la obsolescencia de un marco normativo con disposiciones de más de 80 años de antigüedad.
SIPINNA advierte que estas instituciones han operado durante décadas bajo esquemas de vigilancia insuficiente, con reglamentos que no responden a los estándares actuales de protección de la infancia. Esa brecha ha propiciado dinámicas de sometimiento, abuso de autoridad, violencia física y psicológica, y prácticas de “novatadas” incompatibles con un enfoque de derechos humanos.
La legislación mexicana —el artículo 4.º de la Constitución Política y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes— prohíbe expresamente el castigo corporal y cualquier trato cruel, inhumano o degradante; ninguna institución puede invocar la disciplina o la formación militar para justificar la violencia.
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El organismo aclara que las agresiones o sometimiento entre pares, permitidas por cuidadores o autoridades, “constituyen formas de violencia que deben prevenirse, investigarse y sancionarse conforme a la ley”.
¿Quién vigila a las escuelas militarizadas?
Tras el fallecimiento de Erick Torbellín en un campamento organizado por la Academia Militarizada Olín (institución relacionada con el Ejército y la Fuerza Aérea) ocurrido el pasado mes de mayo del 2025, surgieron cuestionamientos acerca de la regulación de este tipo de instituciones en el país. Ante esto, la Secretaría de Defensa (Defensa) afirmó que endurecería la revisión de este tipo de instituciones.
El entonces jefe del Estado Mayor de la Primera Zona Militar de la Sedena, Jaime Salvador López, señaló a la Secretaría de Educación Pública (SEP) como la autoridad encargada de avalar y verificar el cumplimiento de algunos parámetros para la operación de las instituciones de tipo militarizado.
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Sin embargo, la SEP aclaró que no está autorizada la prestación del servicio educativo bajo denominaciones como “militarizada”, “militar” o “castrense” en planteles privados. Por ello, no existía disposición normativa, criterio institucional ni marco regulatorio que previera, autorizara o regulara la enseñanza militar en instituciones de educación básica.
En el caso de Dafne Zapata, la Defensa se deslindó de la Academia Militarizada Marina Doenitz, centro académico privado en el que falleció la menor. A través de un comunicado de prensa, la secretaría sostuvo que carece de atribuciones para “autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de academias militares privadas”. Esta información fue respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló que el gobierno de Tamaulipas es el responsable de revisar la operación de dicha academia.
3 propuestas para blindar los derechos de las infancias en centros educativos militarizados
Ante este diagnóstico, la Secretaría propone tres acciones concretas para regular los centros educativos de carácter militar:
- Creación de un padrón nacional y un sistema permanente de supervisión e inspección: ningún establecimiento podrá operar sin autorizaciones vigentes, protocolos de prevención, mecanismos efectivos de denuncia, personal capacitado en derechos de la niñez y verificaciones periódicas de las autoridades.
- Cero impunidad: el organismo exige a las fiscalías y a los tribunales que las investigaciones no se circunscriban a señalar responsabilidades entre los propios menores —como ocurre típicamente en las novatadas—, sino que alcancen a directivos, instructores, propietarios y cualquier adulto que haya incumplido su deber de cuidado, a fin de desmantelar las redes de encubrimiento institucional.
- Llamado al Poder Legislativo: para actualizar el marco jurídico que rige a estas instituciones y armonizarlo con la Constitución, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ley Dafne: ¿Qué propone?
La madre de Dafne Zapata narró a medios de comunicación su interés por proponer una iniciativa de ley que lleve el nombre de la adolescente asesinada; su objetivo sería prohibir:
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- Novatas
- Castigos físicos
- Tortura
- Ejercicios
Y toda acción que ponga en riesgo a niñas, niños y adolescentes bajo el resguardo de escuelas militarizadas e internamientos privados.
SIPINNA exige justicia a las familias de las víctimas
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes subraya que las familias de las víctimas tienen derecho a la verdad, al acceso a la justicia y a una reparación integral que comprenda restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
El organismo también señala que corresponde al Estado revisar si existieron omisiones en las labores de inspección y regulación de estas instituciones, cuyas estructuras jerárquicas —que normalizan el abuso de autoridad— deben examinarse desde una perspectiva de niñez, derechos humanos y género.
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