La Fiscalía General de la República (FGR) ha obtenido 25 órdenes de aprehensión contra objetivos vinculados a la red de contrabando de combustible que presuntamente lidera el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido en Ensenada este jueves 16 de julio.
Según la fiscal general Ernestina Godoy, la estructura incluye socios de las empresas de la red, operadores logísticos y servidores públicos: agentes aduanales y personal autorizado que facilitaba el ingreso irregular del hidrocarburo al país.
La red operaba en al menos nueve estados: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México, donde la FGR verificó domicilios y centros de operación. El daño al erario supera los 4,000 millones de pesos, derivado de 4,238 operaciones de importación irregular documentadas entre enero y julio de 2025.
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Al cierre del 16 de julio, Ruffo Appel y cuatro personas más se encuentran detenidas, mientras la fiscal advirtió que la FGR trabaja para “cumplimentar en breve el resto de los mandamientos judiciales obtenidos”.
La FGR describe cuatro capas de la red: importadoras, aduanas, transporte ferroviario y distribución final
La fiscal Godoy detalló que la estructura no era una sola empresa sino una cadena de firmas con funciones diferenciadas. La FGR identificó cuatro capas operativas que cubrían todas las etapas del negocio ilegal: desde la importación del combustible en la frontera hasta su venta final en distintas regiones del país.
La primera capa eran empresas dedicadas formalmente a la importación de derivados del petróleo. Estas firmas tenían permisos legales para importar combustible desde Estados Unidos, lo que les daba una fachada de legalidad. Al cruzar la frontera, sin embargo, declaraban cantidades menores a las reales, registraban productos distintos a los transportados o declaraban derivados sujetos a un menor pago de impuestos.
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La segunda capa eran las agencias aduanales y personal autorizado. Sin su participación, el esquema no habría funcionado: eran quienes facilitaban que el combustible cruzara sin las revisiones correspondientes. La fiscal Godoy los identificó expresamente entre los 25 objetivos con orden de aprehensión, clasificándolos como “servidores públicos” dentro de la estructura.
La tercera capa era el transporte ferroviario. Una vez en territorio nacional, el hidrocarburo viajaba en carros tanque de ferrocarril hasta puntos de descarga conocidos como espuelas ferroviarias. Ahí, sin contar con permisos de la autoridad reguladora del sector energético, el producto era transferido a pipas y tractocamiones. La fiscal mencionó que en esos puntos participaban empresas de distribución que recibían el combustible para su venta final.
La cuarta capa eran las empresas de comercialización y distribución, que vendían el hidrocarburo en distintas regiones del país, principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.
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La empresa de Ruffo Appel
La fiscal Godoy precisó que la estructura “comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos” fundada por el exgobernador. Esa firma fue el punto de partida de toda la red y también su nodo financiero: era la empresa que recibía los ingresos generados por el contrabando y los canalizaba hacia compañías extranjeras mediante transferencias internacionales.
Ese mecanismo —recibir dinero en México y enviarlo al extranjero a través de empresas interpuestas— configuró lo que la FGR calificó como un esquema con “indicios de triangulación de recursos”. La reconstrucción de ese entramado requirió el análisis de cuentas bancarias, operaciones de cambio de divisas, transferencias internacionales y relaciones corporativas en distintas jurisdicciones.
El análisis financiero detectó movimientos por más de 3,075 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, con un patrón recurrente: los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos. Ese comportamiento es el sello de las denominadas cuentas puente, diseñadas para dificultar la identificación del origen del dinero y de sus beneficiarios finales. Las operaciones cambiarias vinculadas a la red superaron los 1,386 millones de dólares.
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Cómo identificó la FGR a los integrantes
La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada reconstruyó la red mediante el análisis y cruce de información sobre personas, empresas, representantes legales, socios, domicilios y documentación administrativa. No fue una investigación de un solo expediente: requirió revisar permisos de importación, volúmenes declarados, capacidades reales de transporte, rutas de distribución, operaciones bancarias y transferencias internacionales.
Los domicilios y centros de operación verificados abarcaron Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México. Las acciones operativas se ejecutaron en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco.
El punto de partida de toda la investigación fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025. En ese operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC, la FGR, Protección Civil, Pemex y la Agencia Nacional de Aduanas. A partir de ese hallazgo, la fiscalía comenzó a reconstruir el origen, traslado y destino del producto, así como a las personas y empresas relacionadas.
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La investigación se sustenta en dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis científico de la información. La fiscal Godoy subrayó que esas pruebas “han robustecido determinantemente esta indagatoria”. Por respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, precisó, “la información relacionada con la situación jurídica de las personas involucradas será comunicada conforme nos lo permitan las etapas procesales correspondientes”.
Del 1 de diciembre de 2025 al 15 de julio de 2026, la FGR llevó a proceso a 407 personas relacionadas con redes de contrabando de combustible por vía marítima, ferroviaria y terrestre. La detención de Ruffo Appel y sus colaboradores se inscribe en esa estrategia más amplia.
Lo que trasciende
La fiscal Godoy no reveló los nombres de los 25 objetivos más allá de identificar al exgobernador de Baja California como el fundador de la empresa de origen portuario, Ingemar S.A. de C.V.
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Reportes periodísticos identifican, entre los presuntos integrantes de la red, a Ricardo Thompson Navarro, hijo del empresario portuario Ricardo Thomson Ramírez, detenido el mismo 16 de julio en la colonia Zona Playitas de Ensenada. Thompson Navarro habría fungido como vocal del consejo de la empresa fundada por Ruffo Appel.
Otras fuentes señalan como partícipes a un socio extranjero identificado como José Merino Cuervo y a la empresa Lambrucat, vinculada al caso junto con la firma del exgobernador. Ninguno de esos nombres fue mencionado por la fiscal Godoy en su mensaje del 16 de julio.