Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), acusó que la gestión de Rosario Piedra Ibarra como tirular de la Comisión Nacionald de Derechos Humanos (CNDH) ha estado marcada por la omisión, negligencia y el encubrimiento institucional.
Esto, particularmente en la crisis nacional de personas desaparecidas y por la reciente exoneración a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En conferencia de prensa, la legisladora señaló que la exoneración de militares en desconoce por completo el informe emitido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como el reporte de Alejandro Encinas, quien encabezó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) del 2018 al 2023, los cuales muestran pruebas de un miembro del Ejército infiltrado en la Normal Isidro Burgos.
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“Yo quiero mostrarle a Rosario Piedra Ibarra y a la ciudadanía documentos exhibidos hace apenas unas horas por Alejandro Encinas, quien estuvo a cargo de este caso. No lo está inventando ninguna oposición ni ningún adversario político.
“En esos documentos se acredita que Julio César López Patolzin estaba infiltrado en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa como parte de un órgano de inteligencia del Ejército mexicano”, indicó.
Por ello, Ballesteros reiteró su exigencia para la renuncia inmediata de Rosario Piedra Ibarra a la presidencia de la CNDH.
Asimismo la legisladora por MC mencionó que presentó una iniciativa para que ningún militante de un partido político pueda ser electo presidente o presidenta de la CNDH, al ser un espacio de defensoría, no un cargo para políticos corruptos, ni militantes partidistas, y debe recuperarse para la ciudadanía, dijo.
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También reiteró que continúa la ruta legal para iniciar juicio político contra la ombudsperson por las omisiones sistemáticas que han debilitado la autonomía de la Comisión
“Así como hoy exigimos la renuncia inmediata e irrevocable de Rosario Piedra Ibarra, también seguiremos impulsando desde la Cámara de Diputados el juicio político en su contra, porque tiene que rendir cuentas. No basta con que renuncie”.
La emecista colocó un contador numérico que pone en evidencia a la omisión y complicidad de la Cámara de Diputado al negar la instalación del subcomité técnico que debe analizar su viabilidad de juicio político, ya que a la fecha son 82 días sin respuesta a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
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“Son 82 días de negligencia, de solapamiento y de complicidad institucional. Nosotros no lo avalamos y vamos a seguir exigiendo justicia. Dejaremos este contador en la sala de prensa durante esta semana y actualizaremos diariamente la cifra para después colocarlo en un lugar visible de la Cámara de Diputados”, finalizó.
CNDH libra al Ejército del caso Ayotzinapa
El viernes pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desacreditó los informes del GIEI y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al afirmar que no existen pruebas para culpar al Ejército.
En un comunicadio, la CNDH sostuvo que la narrativa llamada “Anti-Verdad Histórica” responsabiliza infundadamente a las Fuerzas Armadas y desvía el eje de la investigación que comenzó hace más de diez años.
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En la recomendación 208VG/2026, la CNDH señaló que esta versión, alimentada por declaraciones de exautoridades y organizaciones sociales, carece de evidencia objetiva que acredite la participación militar en los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014.
El organismo señaló antecedentes históricos de represión por parte del Ejército en décadas anteriores, pero precisa que para el caso Ayotzinapa no hay elementos para sostener la existencia de un plan de exterminio estatal ni pruebas que justifiquen una acusación formal contra la Secretaría de la Defensa Nacional.
Uno de los puntos más polémicos es la supuesta existencia de “folios ocultos” en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia.
La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que de los 875 folios enlistados por los familiares, sólo 10 corresponden al CRFI de Iguala y ya se entregaron a las autoridades.
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Entre mayo de 2019 y octubre de 2021, la dependencia entregó más de 18,800 fojas a la CoVAJ, la FGR y el GIEI, incluyendo documentos del CRFI.
La CNDH afirma que no hay evidencia de documentos ocultos y que la controversia ha sido usada para sostener especulaciones no comprobadas.
El organismo también reconoció violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes y deficiencias en las investigaciones, recomendando inscribir a las víctimas en el RENAVI y garantizar atención médica y psicológica gratuita.
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Además, exige retirar narrativas que revictimicen a los normalistas y fortalecer las escuelas normales rurales.