La Ciudad de México podría contar con un sistema de protección civil con protocolos de evacuación inclusivos con el objetivo de garantizar la seguridad de personas con discapacidad y adultos mayores durante emergencias.
La diputada María del Rosario Morales Ramos propuso que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) desarrolle y actualice procedimientos que reconozcan y eliminen las barreras existentes para estos grupos de la población, a fin de asegurar su salida segura en situaciones de riesgo como sismos y otros desastres.
Urgencia de protocolos adaptados para discapacidad y adultos mayores
En la iniciativa presentada ante la Comisión Permanente del Congreso lde la Ciudad de México, Morales Ramos expuso la necesidad de reformar el Artículo 14 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para que la Ciudad de México cuente con protocolos de evacuación claros, accesibles y diferenciados. La diputada puntualizó que, durante emergencias, las personas con discapacidad encuentran obstáculos de movilidad, comunicación o información que dificultan, o incluso impiden, una evacuación eficiente.
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Morales Ramos detalló que las personas con discapacidad visual pueden requerir información accesible que facilite la identificación de salidas seguras, mientras que quienes presentan discapacidad auditiva necesitan mecanismos alternativos de alerta y comunicación. También subrayó la importancia de considerar a quienes enfrentan barreras cognitivas o sensoriales, pues requieren instrucciones específicas y comprensibles para poder evacuar en condiciones de seguridad.
La propuesta reconoce que los protocolos tradicionales no contemplan las particularidades de estos sectores. Esta omisión puede resultar en situaciones de riesgo agravado, ya que las rutas y procedimientos generales no siempre responden a sus necesidades particulares.
Fortalecimiento del marco legal y atribuciones de la SGIRPC
La iniciativa busca atribuir a la SGIRPC la obligación de diseñar, actualizar y difundir protocolos inclusivos, además de promover una cultura de prevención más amplia y orientada a la protección de los derechos humanos. Morales Ramos indicó que la diversidad de la población capitalina requiere que las estrategias de protección civil incorporen medidas diferenciadas y herramientas específicas para cada grupo vulnerable.
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Según la propuesta, la Secretaría deberá difundir estos protocolos a través de diversos canales, asegurando que la información llegue a todos los sectores de la población, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad.
Morales Ramos también señaló que la inclusión de estos lineamientos en la legislación local permitirá que los simulacros y ejercicios de evacuación se vuelvan más representativos y efectivos para todos los habitantes, sin dejar fuera a quienes históricamente han enfrentado mayores obstáculos.
Sismos y riesgos naturales: una amenaza latente en la ciudad
La legisladora de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT) remarcó que los sismos constituyen uno de los principales riesgos para la Ciudad de México. Por sus características geográficas, urbanas y poblacionales, la capital está expuesta de manera recurrente a emergencias que ponen en peligro la vida de miles de personas.
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“Durante un evento sísmico, una persona con discapacidad visual puede necesitar información accesible para identificar salidas seguras, mientras que una persona con discapacidad auditiva puede requerir mecanismos alternativos de alerta y comunicación. Estas circunstancias hacen necesario que las estrategias de protección civil incorporen medidas diferenciadas que respondan a la diversidad de la población”, sostuvo Morales Ramos.
Camino legislativo de la propuesta
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para su dictaminación. De aprobarse, la capital contará con un marco legal que obligará a la actualización constante de los protocolos de evacuación, así como a la difusión de materiales y simulacros accesibles para todos.
El objetivo central reside en que la protección civil se transforme en una política verdaderamente incluyente, donde la seguridad de los grupos vulnerables sea una prioridad en la planeación y respuesta ante desastres.
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