Una jueza federal determinó este miércoles que hay pruebas suficientes para llevar a juicio a Gilda Susana “N” en el caso Agronitrogenados. La hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quedó vinculada a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque su situación —libertad o prisión preventiva— quedó pendiente para una audiencia el próximo jueves.
La resolución se dictó en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde la diligencia arrancó a las nueve de la mañana del martes 7 y concluyó en los primeros minutos del miércoles 8 de julio.
La FGR solicitó el cambio de medida cautelar para que Lozoya Austin ingrese a un penal femenil, pero la juzgadora pospuso ese debate: la defensa argumentó que recibió 150 fojas con nuevos datos de prueba pasadas las once de la noche, sin tiempo para revisarlas.
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García Peralta otorgó cuatro meses para la investigación complementaria. El plazo vence el 9 de noviembre.
¿Qué acusa la FGR?
La FGR sostiene que, entre junio y noviembre de 2012, Gilda Susana recibió 3.4 millones de dólares en una cuenta de la empresa fachada Tochos Holding Limited, abierta en un banco de Ginebra, Suiza. Emilio Lozoya habría cedido a su hermana la titularidad de esa cuenta para ocultar la ruta del dinero, proveniente de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa entonces encabezada por Alonso Ancira Elizondo.
Desde esa cuenta suiza, los recursos habrían sido transferidos de regreso a México y distribuidos entre varias personas. Una parte financió la compra de una residencia en la colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, valuada en 34 millones de pesos. El inmueble ya incautado por el Gobierno Federal mediante sentencia definitiva de extinción de dominio.
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La juzgadora avaló ese planteamiento, aunque reclasificó la hipótesis del delito: determinó que la conducta atribuible a Lozoya Austin es específicamente la de depositar recursos del extranjero a territorio nacional con el propósito de ocultar su origen, no un esquema más amplio de lavado como planteó originalmente la FGR.
La investigación de la FGR indica además que Gilda Susana habría fungido como prestanombres de la empresa fachada Tochos Holding Limited, con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular los recursos de procedencia ilícita.
El esquema se habría activado antes de que Emilio Lozoya tomara la dirección de Pemex. Los pagos de AHMSA, según la acusación, fueron sobornos anticipados para garantizar que, ya en el cargo, favoreciera la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados en Pajaritos, Veracruz, por 275 millones de dólares, cuando su valor real era una fracción de esa cifra.
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Para sustentar la acusación, la FGR presentó 54 datos de prueba durante la audiencia inicial, aportados por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).
La defensa niega los cargos y señala presión
El abogado Alejandro Rojas Pruneda planteó ante la jueza que no existe evidencia de que su defendida haya recibido esos recursos. Su argumento central: al momento de los hechos, Gilda Susana cursaba la carrera de economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), entre 2008 y 2014.
Rojas Pruneda también pidió que se excluyeran pruebas que un tribunal federal ya desechó en el proceso paralelo contra Emilio Lozoya. Los fiscales respondieron que esas resoluciones no están firmes y que la solicitud solo puede formularse en la etapa intermedia.
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Cuando la FGR insistió en la prisión preventiva, el abogado no contuvo la molestia: “Que no les corra prisa para querer meterla a la cárcel; eso es una vulgaridad”, según documentó Milenio.
Al término de la audiencia, Rojas Pruneda apuntó a los medios que el caso es político y viene de órdenes de presidencia.
Gilda Susana fue detenida el 1 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al regresar de Ámsterdam. La orden de aprehensión en su contra había sido emitida desde el 22 de junio de 2023, más de tres años antes de su ejecución.
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Emilio Lozoya fue extraditado a México en 2020 y permaneció más de dos años en prisión preventiva. Su proceso por Agronitrogenados quedó suspendido en agosto de 2023, cuando un juez determinó que el pago de Ancira lo beneficiaba de forma automática. Actualmente sólo enfrenta cargos activos por el caso Odebrecht.