Una jueza de Coahuila rechazó vincular a proceso a un funcionario del Registro Público de la Propiedad acusado de presuntos abusos sexuales contra al menos cuatro menores. La defensa de las presuntas víctimas apeló la resolución y las familias denunciaron protección y violencia institucional durante el desarrollo de las investigaciones.
La resolución fue dictada por la jueza Sandra Ramona Juárez dentro de la causa penal 255/2026, en la que Roberto “N” era investigado por presuntos delitos sexuales contra dos menores de edad. No obstante, la juzgadora determinó que los elementos presentados por el Ministerio Público eran insuficientes para iniciar un proceso penal.
Durante la audiencia, además de los señalamientos relacionados con las dos menores que dieron origen a la causa penal, declaró una mujer que aseguró haber sido víctima de agresiones sexuales cuando era niña y vivía con el imputado. Según su testimonio, su hermana también sufrió hechos similares durante la misma etapa.
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De acuerdo con la información publicada por Proceso, una de esas mujeres denunció los hechos desde 2021, aunque la carpeta de investigación nunca fue judicializada. La otra decidió comparecer en la audiencia para respaldar el caso y evitar que existieran nuevas víctimas.
La defensa de las presuntas víctimas sostiene que la jueza desestimó esos testimonios pese a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para valorar declaraciones relacionadas con delitos sexuales cometidos durante la infancia o la adolescencia.
Una cuarta denuncia quedó fuera del proceso
La expareja del funcionario, Yoselin Guadalupe Contreras García, también denunció que otra de sus hijas, de nueve años, le relató presuntos tocamientos atribuidos a su padrastro.
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Sin embargo, ese señalamiento no fue incorporado al análisis judicial. Según explicó, personal del Centro de Empoderamiento para las Mujeres en Saltillo y de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) concluyó que la menor no proporcionó elementos suficientes para ubicar los hechos en tiempo y espacio.
Con ello, el caso quedó integrado únicamente con las denuncias de dos menores, mientras que los testimonios de otras presuntas víctimas no fueron considerados para la decisión de la jueza.
La familia acusa violencia institucional
Yoselin Contreras aseguró que la resolución forma parte de un patrón de violencia institucional y sostuvo que durante su relación Roberto “N” le repetía que nadie actuaría en su contra por ser funcionario del gobierno estatal.
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También denunció presuntas irregularidades durante las investigaciones, entre ellas deficiencias en la atención de las autoridades, el supuesto extravío de un expediente relacionado con violencia psicológica y económica, así como otros actos que, a su juicio, obstaculizaron el avance de las denuncias.
Según su testimonio, las investigaciones comenzaron a tomar forma después de que, en agosto de 2025, surgieron los primeros señalamientos sobre presuntos abusos sexuales contra una menor de su familia.
Poder Judicial defiende la actuación de la jueza
Tras difundirse el caso, el presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, defendió la actuación de la juzgadora y aseguró que la legislación contempla mecanismos para impugnar la resolución.
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El magistrado afirmó que los jueces resuelven con base en las pruebas incorporadas a cada expediente y negó que exista intención de favorecer a alguna de las partes. Añadió que la representación legal de las presuntas víctimas tiene derecho a recurrir la decisión ante una instancia superior.
Hasta el momento, la Fiscalía de las Mujeres de Coahuila no ha emitido un posicionamiento sobre los señalamientos relacionados con las cuatro presuntas víctimas ni sobre la resolución que rechazó la vinculación a proceso del funcionario.
La apelación presentada por la defensa será la siguiente etapa del procedimiento y determinará si un tribunal revoca o confirma la decisión adoptada por la jueza.
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