La Fiscalía General de Justicia de Veracruz confirmó el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez tras el hallazgo de sus restos en un narco rancho del municipio de Moloacán, 24 días después de su secuestro. El caso expuso ante el país la presencia del Grupo Sombra, una célula criminal que opera en al menos 52 municipios del estado y que las autoridades vinculan directamente con el crimen.
Quién es el Grupo Sombra
El Grupo Sombra surgió en 2017 como una escisión del Cártel del Golfo y comenzó sus operaciones en solo dos ciudades: Tuxpan y Poza Rica. Hoy controla más de la mitad de los municipios de Veracruz, con actividades que van desde el tráfico de personas y drogas hasta el robo de combustible conocido como huachicol, según un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Su brazo armado opera bajo el nombre de Mafia Veracruzana, también denominada Fuerzas Especiales Grupo Sombra. Los reportes de inteligencia identifican como fundador y principal cabecilla a Francisco Mendiola Cisneros, ex policía municipal conocido con los alias “El Comandante Miranda”, “El Mirinda” y “El Patrón”.
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El nombre del grupo no es casual: sus integrantes asumen la identidad de presencias invisibles, como sombras que actúan de noche. Con una mano reparten dádivas entre la población y con la otra ejecutan a sus rivales, a quienes suelen envolver en bolsas negras de basura como sello de terror.
El periodista e investigador Óscar Balderas documentó su expansión en el libro Grupo Sombra, el cártel veracruzano que creció en el gobierno de Cuitláhuac, disponible en la Hemeroteca Nacional de México. Balderas describe cómo la organización combinó violencia extrema con una estrategia de dádivas para consolidar apoyo social en zonas donde el Estado tiene poca presencia.
Su primera aparición pública y estrategia de propaganda
En diciembre de 2017, operadores del grupo llegaron a Tuxpan y Poza Rica con pavos congelados y refrescos para las fiestas navideñas. Los habitantes que recibieron los regalos fueron obligados a tomarse fotos junto a los criminales y a publicarlas con mensajes de agradecimiento.
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Los volantes que acompañaban la comida llevaban impresa la leyenda: “Esta cena fue auspiciada por Fuerzas Especiales Grupo Sombra”. En abril y mayo de 2018, la estrategia se repitió con juguetes en el Día del Niño y electrodomésticos en el Día de las Madres.
De la propaganda a la violencia política
A pocos meses de las elecciones de 2018, el grupo subió a redes sociales el video del interrogatorio y la decapitación de una mujer identificada como Comandanta Paty, señalada como presunta jefa de Los Zetas. El mensaje fue político y territorial: el Grupo Sombra se posicionó como la célula dominante en el norte de Veracruz justo cuando Cuitláhuac García ganó la gubernatura del estado.
En el segundo semestre de ese año, el grupo se adjudicó los asesinatos de varios hombres y mujeres cuyos cuerpos aparecieron en vías públicas, parques y playas de Tuxpan y Poza Rica. La violencia ya no era solo un instrumento de propaganda: era el método de control territorial.
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En marzo de 2020, durante la crisis sanitaria por Covid-19, el Grupo Sombra retomó su táctica de reparto social. Obligó a su base de contactos a publicar fotografías junto a sicarios encapuchados y armados, esta vez con despensas en lugar de cenas navideñas.
Cada bolsa incluía una fotocopia con el texto: “Esto es para la gente de nuestro pueblo. No están solos, estamos con ustedes. Atte. Grupo Sombra”. La organización amplió su presencia hacia municipios como El Higo, Pánuco y Tempoal, en la Huasteca Alta, colindante con Hidalgo, siempre con la cobertura discreta de patrullas municipales y estatales.
El cobro de cuotas y el escalamiento del terror
En 2021, el grupo comenzó a cobrar derecho de piso bajo el argumento de financiar una supuesta resistencia contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas y el Cártel de Sinaloa. Quienes se negaron a pagar aparecieron desmembrados, colgados o quemados vivos, según denuncias anónimas difundidas en redes sociales.
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Ese mismo año, los secuestros se aceleraron como instrumento de terror. Veracruz avanzó hacia el primer lugar nacional en raptos, de acuerdo con datos de la organización civil Alto al Secuestro.
El caso de Irma Hernández y la complicidad policial
En julio de 2025, el grupo volvió a los titulares con el secuestro de Irma Hernández Cruz, docente jubilada de 65 años que operaba un taxi en Álamo Temapache. Un video difundido en redes la mostró arrodillada, rodeada de hombres armados con equipo táctico y fusiles, que se presentaron como integrantes de la Mafia Veracruzana.
En la grabación, Hernández Cruz advirtió a sus compañeros taxistas: “Con la Mafia Veracruzana no se juega. Paguen su cuota con ellos o van a terminar como yo”. Sus captores la acusaron de haber pagado cuotas al CJNG, el grupo rival en la zona.
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El caso de Roxana Guzmán
La mañana del 2 de junio, alrededor de las 6:00 horas, tres hombres armados y encapuchados irrumpieron en el domicilio de Guzmán Ramírez en la calle Balderas de la colonia Primero de Mayo, en Nanchital. La periodista alcanzó a grabar parte del momento con su celular antes de que uno de los agresores se lo arrebatara.
En el video, los sujetos vestidos de negro golpeaban la puerta con un marro. El hermano de Roxana les pedía que se detuvieran y les advertía que había una bebé en el interior.
Cuando los hombres lograron entrar, uno le apuntó con un arma larga, sometieron a los presentes y se llevaron a la periodista. Ahí se cortó la grabación.
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Semanas después de su desaparición y del hallazgo del cuerpo, ocho personas fueron detenidas en relación con el asesinato de la periodista. Cuatro de ellas son presuntos operadores del Grupo Sombra: Javier Iván, alias “Delta 1” y jefe operativo de la célula; José del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7”; Luis Arturo, alias “Delta 11” o “El Pelón”; y Karen Monserrat, alias “La Hiena”.
Los cuatro restantes —Julio César, Luis Enrique, Juan Carlos e Ismael— eran policías municipales de Ixhuatlán del Sureste al momento de los hechos. La investigación estableció que presuntamente aportaron recursos, alimentos y apoyo logístico a las operaciones del grupo delictivo.
Todos fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional, que en una próxima audiencia inicial determinará su situación jurídica.