Desde el 1 de enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria cuenta con un mecanismo legal para presentarse en cualquier negocio, bodega o local comercial, grabar todo lo que encuentre y bloquear la capacidad de facturar del contribuyente el mismo día de la visita, sin necesidad de una auditoría tradicional.
El instrumento es el artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2025. Su propósito: verificar si los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que emite un contribuyente amparan operaciones que realmente ocurrieron.
Qué cambió con la reforma fiscal de 2026
La fracción IX incorporada al artículo 29-A del CFF establece que todo CFDI debe amparar “operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales”. El que no cumpla ese requisito se considera falso, aunque haya sido timbrado correctamente y cuente con todos los campos técnicos en orden.
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Un comprobante puede estar perfectamente formateado en XML, haber pasado las validaciones del SAT y aun así ser declarado falso si la transacción que lo origina no puede demostrarse con documentos.
Antes de esta reforma, la validez de una factura se evaluaba por su estructura técnica. Ahora también se evalúa por la realidad de la operación que la origina.
Cómo opera la visita domiciliaria exprés
Las visitas no son masivas ni aleatorias. El SAT opera modelos algorítmicos que cruzan en tiempo real los CFDI emitidos y recibidos, las declaraciones fiscales, los registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la información bancaria y los datos de comercio exterior.
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Cuando esos cruces detectan inconsistencias, la autoridad puede iniciar el procedimiento del artículo 49 Bis. Los visitadores deben identificarse oficialmente y entregar la orden al contribuyente, a su representante legal o al encargado del establecimiento.
A partir de ese momento, están autorizados para fotografiar y grabar audio y video de forma inmediata. Las inspecciones pueden realizarse en domicilios fiscales, sucursales, oficinas, bodegas, almacenes, locales comerciales y puestos fijos o semifijos en la vía pública.
La facturación se bloquea desde el primer día
El golpe más inmediato del procedimiento no es la multa: es la parálisis operativa. Desde el momento en que se notifica la orden de visita, el Certificado de Sello Digital (CSD) del contribuyente queda suspendido de forma automática.
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Sin el CSD, es imposible emitir cualquier factura electrónica nueva hasta que el procedimiento concluya. Para un negocio que opera con clientes que exigen CFDI, eso equivale a una detención de operaciones.
El plazo total del proceso no puede superar 24 días hábiles: cinco para que el contribuyente presente sus pruebas y 15 adicionales para que la autoridad emita su resolución.
Qué debe probar el contribuyente y en qué tiempo
La reforma invierte la carga de la prueba: no es el SAT quien debe demostrar que la operación fue falsa, sino el contribuyente quien debe acreditar que fue real. Según los criterios del SAT y la regla 2.9.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, el expediente de “materialidad” debe demostrar cuatro elementos:
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Sustancia económica: la operación debe tener un propósito de negocio real, no solo un beneficio fiscal.
Capacidad operativa del proveedor: personal inscrito en el IMSS suficiente para ejecutar el servicio, infraestructura verificable, domicilio fiscal localizable y actividad económica registrada congruente con lo facturado.
Evidencia de prestación: entregables, reportes, fotografías del trabajo realizado, bitácoras, correos electrónicos con metadatos, órdenes de compra y minutas.
Trazabilidad financiera: los pagos deben realizarse mediante transferencia electrónica (SPEI) o cheque nominativo. Los pagos en efectivo superiores a $2,000 pesos no acreditan materialidad, sin importar que exista factura de por medio.
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Qué pasa si el SAT declara falsas las facturas
Si el contribuyente no logra desvirtuar la presunción en el plazo establecido, el SAT emite una resolución que declara los CFDI falsos. Las operaciones que amparan dejan de tener efectos fiscales y el CSD se cancela de forma definitiva.
Dentro de los 45 días hábiles siguientes, el nombre y el RFC del emisor se publican en el portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación.
En casos graves, la reforma tipifica como delito la expedición, adquisición o uso de comprobantes fiscales falsos, con penas de 2 a 9 años de prisión y multas de hasta el 55% del monto total facturado.
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El riesgo se extiende a quienes recibieron esas facturas
Las consecuencias no se limitan al emisor. Los contribuyentes que recibieron los CFDI declarados falsos y los usaron para deducir gastos o acreditar IVA tienen 30 días naturales desde la publicación en el DOF para presentar una declaración complementaria y revertir esos efectos fiscales.
Quienes no actúen en ese plazo también arriesgan la restricción temporal de su propio Certificado de Sello Digital, lo que los deja sin capacidad de facturar aunque nunca hayan sido investigados directamente.
Para 2026, el SAT tiene programadas más de 16,200 auditorías con criterios uniformes aplicados en las 32 entidades federativas.