
Las autoridades de Colorado dieron a conocer el desmantelamiento de una presunta organización criminal dedicada al robo de vehículos de alta demanda en Estados Unidos para posteriormente trasladarlos a México y venderlos a integrantes o asociados de cárteles del narcotráfico.
La Fiscalía General de Colorado informó este lunes que presentó una acusación formal contra 11 personas, quienes enfrentan en conjunto 52 cargos relacionados con asociación delictiva, conspiración, robo de automóviles, falsificación y posesión de herramientas empleadas para cometer los robos.
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Los acusados fueron identificados como Yulián Zamarrón, Geomar Gómez, Yester Sagastume, Quirino Vialpando, José Muñoz, Jovana Robles, Trinadette Rangel, Juan López, Jonathan Cisneros, Sabino Muñoz y Primo Borjón.
De acuerdo con la investigación, la red operó entre julio de 2024 y enero de 2025 en al menos siete condados de Colorado y logró sustraer 41 vehículos, generando pérdidas que superan los 900 mil dólares.
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Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades es el supuesto destino final de las unidades robadas. Según la acusación, José Muñoz se encargaba de comercializar principalmente camionetas robadas con miembros o asociados de cárteles de la droga en México.

Aeropuertos, hoteles y zonas rurales: la ruta de los vehículos robados
La fiscalía detalló que el grupo concentró gran parte de sus actividades en estacionamientos de aeropuertos regionales y en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Denver, además de hoteles cercanos y algunas áreas rurales del estado.
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Las autoridades sostienen que los integrantes de la organización aprovechaban que muchos viajeros dejaban sus vehículos estacionados durante varios días mientras realizaban viajes de negocios o vacaciones.
Ese periodo de ausencia jugaba a favor de la red criminal, ya que los propietarios tardaban en descubrir el robo y, en consecuencia, también se retrasaba la activación de alertas en las bases de datos policiales.
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La ventana de tiempo permitía a los presuntos responsables utilizar los vehículos para cometer otros delitos, ocultarlos temporalmente en propiedades rurales o trasladarlos hacia la frontera con México antes de que las unidades fueran reportadas y rastreadas por las autoridades.
Según la acusación, la organización aplicaba diversas técnicas para dificultar la localización de los automóviles. Entre ellas se encontraban el intercambio de placas, la alteración de los números de identificación vehicular (VIN) y el uso de matrículas temporales falsas emitidas aparentemente en Colorado.
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Las investigaciones también señalan que muchos de los vehículos enviados a México habrían terminado en poder de organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Un patrón que se repite en otros estados de Estados Unidos
El caso descubierto en Colorado no parece ser un hecho aislado.
En junio de 2025, fiscales federales en Texas dieron a conocer otra investigación relacionada con una red dedicada al robo y tráfico de vehículos que operaba en varios aeropuertos de Estados Unidos.
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De acuerdo con esa acusación, los presuntos integrantes de la organización sustraían automóviles en terminales aéreas ubicadas en Denver, Las Vegas, Phoenix, Salt Lake City, Fort Lauderdale, Dallas-Fort Worth y Houston.
Las autoridades estadounidenses señalaron que esa red utilizaba dispositivos electrónicos para reprogramar llaves de vehículos modernos, colocaba placas fraudulentas, modificaba los números de identificación y posteriormente exportaba las unidades robadas hacia México.
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El uso de herramientas tecnológicas para vulnerar los sistemas de seguridad de los automóviles se ha convertido en una preocupación creciente para las agencias de seguridad estadounidenses, especialmente debido al aumento en el tráfico de camionetas y vehículos utilitarios que son altamente demandados por organizaciones criminales.
Las autoridades de Colorado no han precisado qué organizaciones criminales habrían recibido los vehículos presuntamente enviados por la red desmantelada ni cuántas de las 41 unidades robadas lograron cruzar la frontera.
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Sin embargo, la investigación pone nuevamente sobre la mesa las conexiones que pueden existir entre delitos patrimoniales cometidos en territorio estadounidense y las estructuras logísticas de grupos criminales que operan en México.
Por ahora, los 11 acusados deberán enfrentar el proceso judicial correspondiente, mientras las autoridades continúan investigando el alcance de la operación y si existen más personas involucradas en la red de robo y tráfico internacional de vehículos.
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