La construcción de la planta de amoníaco en Topolobampo, Sinaloa, a cargo de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), seguirá en marcha bajo una supervisión continua por parte de las autoridades federales, a pesar del persistente rechazo de la comunidad indígena Mayo-Yoreme.
El pasado 18 de junio, integrantes del colectivo “¡Aquí no!”, el cual agrupa a población mayo-yoreme, llevaron a cabo una toma pacífica de la planta, según documentó Desinformémonos. La comunidad se ha opuesto al proyecto desde el año 2015, denunciando irregularidades en su edificación y alertando sobre el daño inminente que ocasionará al medio ambiente.
A esta resistencia se han sumado grupos de ambientalistas que exigieron al banco público alemán KfW Ipex-Bank retirar el financiamiento otorgado al proyecto, estimado en 860 millones de dólares. No obstante, la institución bancaria desechó las peticiones bajo el argumento de que la planta de amoníaco cumple con la normatividad ambiental de México.
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En este contexto regulatorio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió un comunicado oficial, el domingo 21 de junio, donde asegura que mantiene una vigilancia permanente sobre la construcción y futura operación de la planta.
El objetivo, señala la dependencia, es garantizar la protección del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas de la Bahía de Ohuira y el bienestar de la comunidad local.
Entre las acciones previstas por la autorización ambiental destacan la restauración y conservación de 126 hectáreas de manglar, el monitoreo continuo de la fauna acuática y la supervisión técnica permanente de las condiciones del suelo, el agua y la calidad del aire, según Semarnat.
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La dependencia destacó que el proyecto está sujeto al cumplimiento de condicionantes del resolutivo SRA/DGIRA/DG-05042-22, emitido el 19 de septiembre de 2022, con medidas enfocadas en manejo integral y supervisión ambiental, protección de la calidad ambiental de la Bahía, protección y restauración del manglar, y conservación de la biodiversidad.
Semarnat indicó que estas medidas buscan prevenir, mitigar y atender posibles afectaciones en una región que, durante décadas, enfrenta presiones por descargas de aguas residuales, escurrimientos agrícolas, residuos de granjas acuícolas, actividad industrial y tránsito portuario.
La autoridad federal enfatizó que la implementación de estas medidas de prevención y respuesta rápida ante contingencias busca saldar la deuda ambiental histórica con la bahía, asegurando que el desarrollo industrial se lleve a cabo con estricta responsabilidad ambiental:
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“La implementación de estas medidas representa un punto de partida para atender la deuda ambiental histórica con la Bahía de Ohuira mediante acciones coordinadas entre autoridades, comunidades locales y actividades productivas, privilegiando siempre la protección de los ecosistemas y el bienestar de la población”, pronunció la Semanart en su comunicado.