Un tribunal federal otorgó la primera suspensión provisional en México contra el registro obligatorio de líneas celulares, en un fallo que abre un frente judicial contra la medida impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum a menos de dos semanas de que venza el plazo.
La resolución fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa dentro del expediente de queja 260/2026. Protege a un ciudadano de Aguascalientes que impugnó la obligación de entregar datos biométricos —huellas dactilares, fotografías o validación de “CURP biométrica”— para completar el trámite. Los magistrados determinaron que los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) no contemplan esa exigencia, por lo que basta con presentar identificación oficial y CURP tradicional.
La medida cautelar solo protege al promovente. Sus efectos no son generales para el resto de los usuarios del país.
El primer ciudadano que frenó el padrón
El recurso fue presentado el 10 de febrero de 2026 y admitido al día siguiente por el Juzgado Primero de Distrito en Aguascalientes. La identidad del promovente se mantiene en reserva. Su argumento central es que los lineamientos de la CRT omiten garantías de derechos humanos y que la norma condiciona el acceso a las telecomunicaciones, reconocido como derecho en el artículo sexto de la Constitución.
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En concreto, el ciudadano buscó proteger dos números de su titularidad para evitar que fueran vinculados a su identidad sin su consentimiento expreso. El fallo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa representa el primer criterio judicial sobre la controversia generada por el proceso de vinculación obligatoria que debe concluir el 30 de junio.
Amparos colectivos y 9,000 ciudadanos inconformes
El caso de Aguascalientes no es aislado. En Chihuahua, el diputado local Francisco Sánchez, de Movimiento Ciudadano, promueve amparos colectivos contra el padrón telefónico. Más de 7,000 personas han firmado solicitudes para respaldar esas acciones legales en esa entidad.
A nivel nacional, más de 9,000 ciudadanos se han sumado a iniciativas de defensa de la privacidad digital mediante la presentación de amparos y la firma de peticiones públicas, según información difundida por los propios promotores de los recursos. Los argumentos se concentran en dos ejes: el riesgo para la privacidad y el manejo de información sensible.
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El antecedente que pesa: el PANAUT y la Suprema Corte
La controversia tiene un precedente directo. El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) —un esquema anterior de registro obligatorio— fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022 tras múltiples impugnaciones promovidas por ciudadanos y organizaciones civiles.
El abogado especializado en telecomunicaciones Jorge Moreno Loza advirtió que la decisión de la CRT de autorizar a algunas operadoras a vincular líneas de pospago con datos ya existentes en sus bases, sin requerir nuevo consentimiento individual, abre interrogantes sobre la legalidad del procedimiento. Usuarios de Movistar, Izzi y AT&T denunciaron que sus números fueron vinculados a su CURP sin haber realizado el trámite ni autorizado expresamente el uso de esa información.
Según Moreno Loza, el escenario más probable es la proliferación de quejas individuales ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), acciones colectivas y juicios de amparo por presuntas violaciones al consentimiento y al tratamiento de datos personales.
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Más de 100 millones de líneas sin registrar a 12 días del plazo
A menos de dos semanas del cierre, el avance del padrón telefónico enfrenta números que las autoridades reconocen como insuficientes. De las 158.9 millones de líneas móviles activas en México al cierre del primer trimestre de 2026, cerca de 100 millones permanecen sin vincular a una identidad oficial, según datos de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU).
Para cumplir el plazo del 30 de junio, las operadoras deberían registrar más de 1.75 millones de líneas por día desde hoy hasta el cierre. The CIU considera ese ritmo inviable al avance actual.
La resistencia no obedece a desconocimiento técnico. Más del 50% de quienes conocen el trámite simplemente se niegan a hacerlo, según Fernando Esquivel, director de Investigación de Mercados de The CIU. La razón principal: desconfianza en el manejo de sus datos personales. Una encuesta de la plataforma México Elige, publicada en mayo, precisó que 7 de cada 10 mexicanos temen que el registro facilite el robo de identidad.
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El rechazo tiene efectos comerciales ya medibles. En el primer trimestre de 2026, el mercado de tarjetas SIM cayó de un promedio de 20 millones a 14 millones de unidades. América Móvil, matriz de Telcel, reportó una pérdida neta de 391,000 líneas; AT&T perdió 577,000. Los Operadores Móviles Virtuales (OMV), un ecosistema de más de 170 empresas, registraron una caída de 1.6 millones de accesos en el mismo periodo.