Joaquín “El Chapo” Guzmán lleva siete años preso en la cárcel más segura de Estados Unidos y no ha dejado de buscar la salida, ya que, desde 2022, Guzmán Loera ha enviado cerca de 20 cartas apelando diferentes situaciones legales que buscan su liberación.
A diferencia de sus dos célebres fugas en México, sus intentos desde la ADX Florence han tomado otra forma: batallas legales, cartas al juez, mensajes clandestinos y peticiones de repatriación, todas rechazadas.
El exlíder del Cártel de Sinaloa cumple cadena perpetua más de 30 años desde el 17 de julio de 2019, tras ser condenado por el juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. Llegó a la ADX Florence el 19 de julio de ese año, trasladado en helicóptero.
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La guerra legal desde la celda
Guzmán no tardó en iniciar su ofensiva judicial. En enero de 2022, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito rechazó su primera apelación, en la que alegaba irregularidades del jurado durante el juicio. La corte determinó que ninguno de sus argumentos tenía mérito.
Ese mismo año, en septiembre de 2022, Guzmán presentó una nueva solicitud ante la corte federal para anular su condena o exigir un nuevo juicio, argumentando que sus abogados le brindaron una defensa ineficaz y que su extradición fue irregular, pues el acuerdo original estipulaba que debía ser procesado en Texas o California, no en Brooklyn.
En julio de 2024, harto de que sus peticiones no prosperaran, asumió su propia defensa desde la celda y envió al juez Cogan un documento de 13 páginas exigiendo la anulación de su sentencia. Acumuló varios argumentos: extradición “ilegal”, exclusión de pruebas, abusos de la fiscalía y testimonios falsos de testigos clave como Jesús Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo” y en agosto formalizó una nueva apelación ante la corte.
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En noviembre de 2024, el propio juez Cogan rechazó su petición de habeas corpus, es decir, un recurso civil para cuestionar la legalidad de su encarcelamiento, al determinar que Guzmán no demostró tener derecho a un nuevo proceso. La resolución citó pruebas selladas que sugieren que el capo aún controla activos valuados en miles de millones de dólares.
“Fui directo a la Suprema Corte de Estados Unidos”, escribió el propio Guzmán para justificar una demora procesal, “pero nadie me escuchó”.
Cartas manuscritas y la petición de volver a México
En abril de 2026, Guzmán envió tres cartas manuscritas al juez Cogan, redactadas en inglés con errores gramaticales. Una pedía su repatriación a México; otra solicitaba documentos del jurado que lo condenó; y una tercera cuestionaba la evidencia del veredicto.
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“Hola, a la Corte de Distrito de Brooklyn, mi nombre es Joaquín Guzmán que están peleando por una extradición de regreso a México”, abría una de las misivas, contabilizando la quinta solicitud que el juez recibía del capo en apenas dos semanas.
Cogan respondió el 4 de mayo de 2026 con una sola resolución para todas, “Algunos de estos documentos no tienen sentido y ninguno tiene algún mérito legal. Por tanto, todas las peticiones son negadas”.
El amparo en México y el cierre de la última puerta
En paralelo a sus gestiones en EE. UU., la defensa de Guzmán intentó la vía mexicana. El 10 de enero de 2023 presentó una solicitud formal de repatriación ante la Embajada de México en Washington, amparada en el artículo 18 de la Constitución mexicana, la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Tratado México-Estados Unidos sobre Ejecución de Sentencias Penales de 1977.
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Además, el 4 de marzo de 2025, la defensa interpuso un amparo ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de México para impugnar la negativa del gobierno mexicano a tramitar esa repatriación. El juzgado lo admitió dos días después.
En abril de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró esa vía al declarar que carecía de competencia para revisar el caso frente a jurisdicciones extranjeras.
Mensajes clandestinos a Los Chapitos
Mientras agotaba recursos legales, Guzmán encontró otra grieta: sus propios abogados. En febrero de 2024, la Oficina Federal de Prisiones de EE. UU. (BOP, por sus siglas en inglés) descubrió que el capo intercambiaba mensajes cifrados con sus hijos a través de un intermediario no identificado durante las visitas de sus representantes legales.
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Los mensajes, dirigidos a Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán, contenían amenazas contra testigos del gobierno, instrucciones de pagos a miembros del cártel y métodos para lavar dinero mediante transacciones inmobiliarias, según el informe del BOP fechado en febrero de 2025.
La respuesta del BOP fue inmediata: prohibió toda comunicación telefónica entre Guzmán y su hermana Bernarda Guzmán Loera, la única familiar en México con quien podía hablar, y exigió la presencia de un abogado en cada visita de sus hijas gemelas nacidas en California.
La última carta del capo hasta la fecha
Guzmán Loera envió una nueva carta a una corte de Estados Unidos para pedir que se atienda su apelación contra la cadena perpetua y que se autorice su extradición a México, una solicitud con la que busca regresar al país y obtener su libertad, según el texto de la misiva retomado por el periodista Arturo Ángel.
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La carta fue recibida este 18 de junio en la Oficina Pro Se de la Corte del Distrito Este de Nueva York, lo que indica que el escrito fue presentado personalmente y sin representación legal directa.
En el documento, Guzmán Loera expuso su preocupación por su “estatus de ciudadanía estadounidense” y sostuvo que ha enfrentado dificultades en ese país al intentar litigar su condena. También pidió al juez que considere la Constitución de Estados Unidos y la Carta de Derechos en su proceso de apelación.
“Esta es una carta de preocupación para solicitar al juez que utilice la Constitución de Poderes en mi próximo caso de apelación judicial. También la Carta de Derechos por la violación en el tribunal federal por falta de pruebas de mi sentencia, ya que fue un veredicto judicial erróneo en mi juicio”, escribió Guzmán Loera en el texto difundido por Arturo Ángel.
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El penal del que nadie ha salido
Detrás de cada uno de estos intentos está la certeza de las autoridades estadounidenses de que una fuga física es prácticamente imposible. La ADX Florence, apodada el “Alcatraz de las Rocosas”, opera desde 1994 sin que ningún recluso haya escapado jamás.
El penal cuenta con mil 400 puertas de acero controladas a distancia, detectores de movimiento y celdas construidas casi en su totalidad de concreto vaciado, con muebles integrados a las paredes. Guzmán permanece en confinamiento solitario, sin contacto con otros reclusos ni con los guardias salvo cuando es esposado para ser trasladado dentro del penal. Solo puede salir a un patio enjaulado adosado a su celda durante una hora por semana.
Cada palabra que escribe es analizada por agentes del FBI, la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Algunas de sus cartas han tardado más de un año en llegar a sus destinatarios; otras permanecen en los archivos de esas agencias.
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Antes incluso de su traslado a Colorado, cuando Guzmán esperaba sentencia en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, las autoridades temían una operación de rescate aéreo del cártel. El antecedente era concreto: en 1981, un helicóptero se aproximó al patio del techo de ese mismo centro de detención, aunque no logró extraer a ningún preso.
Las dos fugas del “701″
El historial que explica todas estas precauciones se construyó en México. La primera fuga ocurrió el 19 de enero de 2001, cuando Guzmán escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, con la complicidad de guardias corruptos.
El guardia Francisco “El Chito” Camberos Rivera abrió la celda electrónica del capo, lo sacó escondido en un carrito de lavandería a través de varias puertas y lo condujo fuera del penal. Guzmán fue transportado en automóvil y desapareció a pie en la oscuridad al detenerse en una gasolinera. Según las autoridades, 78 personas fueron implicadas en el operativo, que habría costado 2.5 millones de dólares.
Cabe señalar que la periodista Anabel Hernández, en su libro Narcoland, disputa la versión del carrito de lavandería y sostiene que Guzmán simplemente caminó hacia afuera disfrazado de guardia. La versión del carrito, no obstante, fue reiterada por múltiples testigos durante el juicio federal en Brooklyn.
Guzmán permaneció prófugo 13 años y fue recapturado en febrero de 2014 en un hotel de Mazatlán, Sinaloa, e internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México, considerado entonces el penal más seguro del país.
Solo 17 meses después protagonizó la segunda fuga. El 11 de julio de 2015, sus colaboradores completaron un túnel de 1.5 kilómetros excavado desde una casa en construcción en la colonia Santa Juanita hasta la regadera de la celda número 20 donde estaba recluido.
La estructura medía aproximadamente 1.7 metros de altura y 80 centímetros de ancho, con iluminación, ventilación y una motocicleta sobre rieles. Según testimonio del ex lugarteniente Dámaso López Núñez ante la corte federal de Brooklyn, uno de los hermanos de Emma Coronel conducía la motocicleta mediante un sistema de poleas. Al salir del túnel, un vehículo todo terreno esperaba a Guzmán para trasladarlo a una bodega cercana, desde donde abordó una avioneta rumbo a Sinaloa.
El Chapo Guzmán permaneció libre seis meses, hasta que marines mexicanos lo recapturaron en enero de 2016 tras un enfrentamiento armado en Sinaloa.
El gobierno mexicano lo extraditó a Estados Unidos el 20 de enero de 2017. Desde entonces, ninguna de sus maniobras legales, clandestinas o diplomáticas ha logrado sacarlo de la ADX Florence.