La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma judicial que aplaza la elección de jueces y magistrados a 2028. El decreto incluyó una reserva que permitirá a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en funciones reelegirse en 2028 y permanecer hasta 17 años en el cargo.
La aprobación se logró con una votación de 322 a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, alcanzando mayoría calificada. Entre quienes se abstuvieron estuvieron los diputados de Morena Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar, dos de las voces más críticas durante el debate.
El decreto fue turnado al Senado para sus efectos constitucionales pasadas las 12:26 de la madrugada del jueves 28 de mayo.
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La reserva de Gutiérrez Luna: eliminar una palabra para abrir la reelección
El punto más polémico de la sesión no estaba en el dictamen original. El diputado morenista Sergio Carlos Gutiérrez Luna presentó una reserva al artículo Cuarto Transitorio del decreto. El cambio era quirúrgico: eliminar la palabra “no”.
El texto original establecía que los magistrados de la Sala Superior del TEPJF en funciones “no podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal que se celebre en 2028”. La redacción propuesta por Gutiérrez Luna suprimía ese “no”, con lo que los magistrados en funciones sí podrán postularse para otro periodo.
Al presentar la reserva en tribuna, Gutiérrez Luna argumentó que el cargo de magistrado electoral es “comparable al de las ministras y ministros” y que, por tanto, “deben contar con condiciones equivalentes de participación y de conclusión en el cargo”.
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El coordinador de Morena Ricardo Monreal respaldó la propuesta. “Lo planteado aquí por el diputado Sergio Gutiérrez Luna es coincidente con lo que estoy opinando”, dijo desde tribuna, en lo que prácticamente fue una señal a su bancada sobre cómo votar.
Añadió: “No me sumo al coro de despropósitos y ataques contra funcionarios jurisdiccionales o magistrados”.
Ramírez Cuéllar: “vergüenza nacional” y 17 años en el cargo como Porfirio Díaz
La respuesta más contundente vino del propio bloque oficialista. El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar subió a tribuna para rechazar la reserva y trazó la aritmética del problema: algunos magistrados ya acumulan seis años de periodo original, más dos años de prórroga, más el año adicional que implica el aplazamiento a 2028.
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Con la reelección encima, podrían sumar hasta 17 años en el cargo. “La mitad de lo que duró Porfirio Díaz en el poder”, señaló.
Ramírez Cuéllar citó el texto del artículo 99 constitucional: “Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación duran seis años de manera irrevocable”.
Advirtió que la reserva “trastoca el contenido de este artículo constitucional” y que aprobarla llenaría la Carta Magna de “antinomias con artículos contradictorios”.
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Ante estos hechos, pidió separar la votación para “salvaguardar la pulcritud de la discusión y la aprobación del dictamen”, retirar la reserva y no hacer “el ridículo nacional”. La calificó de “vergüenza”.
La diputada morenista Andrea Navarro también se manifestó en contra desde tribuna, donde fue interrumpida a gritos por una compañera de bancada. “A todo el pleno pedirle que actuemos con la responsabilidad adecuada. No me voy a sentar. Si quiere que nos pongamos a gritar, vengo de la lucha social, también sé gritar, pero también tengo altura de miras”, respondió.
Otra diputada del bloque oficialista fue más directa: “Si nosotros como diputados aprobamos decir no a la reelección, ¿por qué se lo vamos a pasar a estos magistrados corruptos? De mi parte me opongo y quiero que se vote aparte”.
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Votación a mano alzada cuestionada
Antes de la votación nominal final, varios legisladores pidieron que la reserva de Gutiérrez Luna se votara por separado. La presidencia de la Mesa Directiva instruyó a la Secretaría consultar al pleno en votación económica —a mano alzada— si se aceptaba esa separación. La diputada secretaria Julieta Villalpando declaró que la mayoría se había manifestado por la negativa.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Irais Ballesteros Mancilla, denunció que la consulta no se llevó “de manera pulcra” y señaló que en el pleno había personas que no eran legisladoras (asesores) levantando la mano.
Pidió repetir la votación en el tablero electrónico. La Secretaría respondió que no tenía dudas sobre el resultado y la votación no se repitió.
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El diputado panista Federico Döring Casar presentó una moción de rectificación de trámite para intentar revertir la decisión, sin éxito. Con eso, la reserva de Gutiérrez Luna quedó incluida en el paquete de artículos reservados que se votaron de manera conjunta en el tablero electrónico.
Después de ello, el pleno inició la discusión de la reforma al artículo 41 constitucional sobre nulidad de elecciones por intervención extranjera.
Aplazar a 2028: los cambios centrales de la reforma
El cambio principal del decreto es mover la próxima elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación del 2027 al primer domingo de junio de 2028, para evitar que coincida con los comicios federales y locales de ese año, en los que se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán 17 gubernaturas.
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La iniciativa crea una Comisión Coordinadora que unifica los criterios y metodologías de los comités de evaluación encargados de revisar los perfiles de quienes aspiren a cargos judiciales. Esa comisión incluirá exámenes de conocimiento y filtros para verificar el cumplimiento de requisitos constitucionales.
También se reduce el número de candidaturas en boleta: cada comité seleccionará los cuatro perfiles mejor evaluados por cargo, con paridad de género, y mediante insaculación se llegará a dos postulaciones por cargo. El objetivo es simplificar la votación ciudadana tras la experiencia de las boletas complejas de 2025.
La reforma modifica además los plazos de cuatro magistraturas de la Sala Superior: los periodos de Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Mónica Soto y Reyes Rodríguez se amplían un año. Los magistrados que resulten electos en 2028 durarán cinco años en el cargo, en lugar de los seis años previstos originalmente. La reforma también crea dos secciones dentro de la Suprema Corte para sustituir las salas eliminadas por la reforma judicial de 2024.
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La sesión extraordinaria fue posible gracias a que la Comisión Permanente del Congreso convocó a un periodo extraordinario para procesar el paquete de reformas.