Jesús González Peñuelas, conocido como “Chuy González”, encabezó durante más de dos décadas una organización de narcotráfico que arrancó de forma independiente en 2007 y que con el tiempo quedó integrada al Cártel de Sinaloa para ampliar su alcance junto con lavado de dinero. Desde esa estructura, su grupo produjo y distribuyó metanfetamina, marihuana y heroína desde México hacia Estados Unidos.
Ahora, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo ha sancionado bajo dos órdenes ejecutivas relacionadas con terrorismo y narcotráfico. Esta medida forma parte de una operación coordinada junto a la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México.
De Batamote a la red binacional: el ascenso criminal de “Chuy González”
González Peñuelas nació el 10 de noviembre de 1969 en Batamote, Sinaloa, México. Tiene doble ciudadanía —mexicana y estadounidense— y se le describe con una estatura de entre 1.78 m y 1.88 m, un peso de entre 86 y 100 kg, cabello negro y ojos café.
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Desde al menos 2007, dirigió una organización dedicada a la producción y distribución de metanfetamina, marihuana y heroína. La organización también fue responsable del transporte y venta de cocaína y pastillas de fentanilo disfrazadas de oxicodona, conocidas como M-30s.
Su estructura operativa se extendió por varios estados de Estados Unidos, con presencia destacada en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. Sin embargo, la base principal de sus operaciones siempre se mantuvo en el estado de Sinaloa, al norte de México.
Los laboratorios y la cadena de producción
De acuerdo con las investigaciones, González Peñuelas supervisó varios laboratorios de procesamiento de heroína en Sinaloa. Ese control sobre la producción le permitió abastecer de forma directa a sus redes de distribución en territorio estadounidense.
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No obstante, la organización no se limitó a un solo producto. Con el paso de los años, este sujeto amplió su catálogo hacia la cocaína y el fentanilo, lo que la convirtió en una célula con capacidad de respuesta a distintos mercados de consumo.
Los cargos judiciales en su contra
Según el informe, un jurado federal en el Distrito de Colorado lo acusó el 21 de febrero de 2018 junto a otras dos personas. Los cargos incluyeron fabricación y distribución de más de un kilogramo de heroína y cinco kilogramos de cocaína para importación a Estados Unidos, además de múltiples cargos por posesión con intención de distribuir.
Antes de ese proceso, ya había sido acusado en el Distrito Sur de California en 2017 por cargos de tráfico internacional de drogas. Ambas sentencias lo dejaron en condición de prófugo, situación que mantiene hasta la fecha.
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Las sanciones del Tesoro y la recompensa
El 12 de mayo de 2021, la OFAC lo designó como narcotraficante extranjero de importancia bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Kingpin Act. Esa primera designación congeló sus activos en territorio estadounidense y prohibió cualquier transacción con él por parte de personas o entidades bajo jurisdicción de Estados Unidos.
En enero de 2024, la DEA ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena. Poco después, el Departamento de Estado replicó la oferta con una recompensa de igual monto.
Su red de colaboradores
Cástulo Bojórquez Chaparro fue identificado como su asociado cercano en la producción y distribución de drogas ilícitas hacia Estados Unidos. Junto a Fredi Ismael García Sandoval, utilizó empresas en México para lavar las ganancias del narcotráfico de González Peñuelas.
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Luis Arnulfo Moreno Zamora y Baltazar Sáenz Aguilar se encargaron de supervisar el lavado de ganancias y el traslado de grandes sumas de efectivo desde Estados Unidos hacia México. Noé de Jesús Castro Rocha, asociado de larga data, tuvo a su cargo el tráfico de cocaína y heroína hacia territorio estadounidense en nombre de González Peñuelas.
Tras la investigación de su perfil, la OFAC lo sancionó en la acción del 20 de mayo de 2026 bajo la Orden Ejecutiva 14059, que combate la proliferación de drogas ilícitas, y bajo la Orden Ejecutiva 13224 en su versión enmendada, dirigida contra terroristas y sus apoyos. La acción fue coordinada con la DEA, un Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México.
Su permanencia como prófugo lo convierte en uno de los objetivos más buscados dentro del esquema de sanciones y recompensas del gobierno estadounidense.
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