A nueve años del asesinato del periodista Javier Valdez en Culiacán, el hombre señalado como autor intelectual del crimen permanece en suelo estadounidense, con un acuerdo de cooperación y sin fecha cierta para enfrentar un tribunal en México.
Dámaso López Serrano, alias El Mini Lic, actualmente cumple una condena de cinco años en una prisión federal de Virginia por tráfico de fentanilo. La sentencia, dictada el pasado 4 de febrero de 2026 por el juez Anthony Trenga, incluye una cláusula de deportación que no se activará antes de 2036.
La condena fue la mínima posible. Así lo señaló la viuda del periodista, Griselda Triana, quien reaccionó con indignación ante la resolución: “¿Qué son para este asesino cinco años más de sentencia? Nada, porque en cualquier momento negociará su libertad anticipada por buena conducta como ya sucedió una vez”, escribió en sus redes sociales el día de la sentencia. En la audiencia ante el juez Trenga, el nombre de Javier Valdez no fue mencionado ni una sola vez, denunció.
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La sentencia tampoco resuelve la solicitud de extradición que el gobierno mexicano mantiene vigente desde 2020, cuando la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión obtuvo una orden de aprehensión contra López Serrano por el homicidio del periodista.
Una entrega voluntaria a EEUU
Dámaso López Serrano se entregó a las autoridades estadounidenses en julio de 2017, apenas dos meses después del asesinato de Valdez. La Administración de Control de Drogas lo describió en ese momento como “el líder de cártel mexicano de mayor rango en entregarse voluntariamente en Estados Unidos”. Desde entonces, su estatus de testigo colaborador le funcionó como un escudo frente a las solicitudes de extradición de México.
En septiembre de 2018 se declaró culpable de tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Recibió una condena de 72 meses, que fue considerada cumplida en septiembre de 2022 gracias a su cooperación con los fiscales federales.
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Ante el juez Dana Sabraw, dijo: “Quiero pedir disculpas a toda la gente que hice daño. Me equivoqué al tomar el camino que elegí”. Salió libre e ingresó al programa de testigos protegidos.
Tras su liberación, López Serrano se mudó de California a Virginia, donde residía mientras cumplía arraigo domiciliario. En septiembre de 2024, mientras aún estaba bajo libertad condicional, inició negociaciones para distribuir fentanilo con un agente encubierto del FBI. Durante ocho meses, agentes documentaron sus movimientos, interceptaron sus llamadas y revisaron videos. Tres informantes se hicieron pasar por colaboradores suyos. El 12 de diciembre de 2024 fue arrestado en Fairfax.
En mayo de 2025 se declaró culpable ante la jueza Lindsey Vaala. Firmó un nuevo acuerdo de cooperación con la fiscalía estadounidense.
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Triana advirtió que ese patrón se repite: “Me preocupa que el tipo de acuerdos que vaya a tomar con la Fiscalía de Estados Unidos y nuevamente en poco tiempo lo dejen salir, como ya ocurrió cuando se entregó la primera vez”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
El entonces fiscal general mexicano Alejandro Gertz Manero reaccionó con esperanza tras conocerse la reaprehensión: “Con esta situación, en la que ellos mismos reconocen que este individuo está delinquiendo, son razones más que suficientes para que sí nos apoyen”.
México insiste, pero la extradición sigue sin prosperar
La solicitud formal de extradición de México data de 2020, cuando la FGR obtuvo la orden de aprehensión. Desde entonces, el gobierno mexicano la ha reiterado en múltiples ocasiones sin éxito.
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La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en mayo de 2025 en que su administración no desistirá de la solicitud. “Nosotros vamos a insistir en la extradición de lo que hemos solicitado”, afirmó en su conferencia matutina.
También cuestionó la coherencia de Washington, en un contexto en que otros integrantes del Cártel de Sinaloa, entre ellos los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán, Los Chapitos, también han firmado acuerdos de cooperación.
“El Gobierno de Estados Unidos hizo un decreto hace poco llamando terroristas a algunas organizaciones de la delincuencia organizada. Entonces, tiene que explicar por qué en estos casos se llega a acuerdos”, dijo Sheinbaum.
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La sentencia del 4 de febrero de 2026 complica aún más el panorama. Según el documento firmado por el juez Trenga, López Serrano cumplirá simultáneamente los cinco años por el delito de fentanilo y los cinco años por violar su libertad supervisada. Al término de ese periodo, deberá ser entregado a un funcionario de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas para su deportación. La sentencia no especifica que será entregado al gobierno de México.
Para Griselda Triana, la diferencia entre deportación y extradición no es menor. La deportación lo regresaría a México sin garantía de que enfrente cargos por el asesinato de su esposo. La extradición, en cambio, implicaría un proceso judicial específico por el homicidio.
“No nada más le corresponde a la fiscalía reiterar las órdenes de extradición. Le corresponde también a la Secretaría de Relaciones Exteriores tocar puertas, picar piedra, insistir, y eso es lo que yo no veo”, dijo Triana a Milenio.
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Triana también denunció que la familia se entera de los avances del caso por fuentes externas y no por las autoridades. “Nosotras las víctimas acá, ¿qué? ¿Para cuándo la justicia para nosotros?”, cuestionó.
Los textos que desataron la furia del capo y el crimen a plena luz del día
La investigación de la FEADLE sostiene que López Serrano ordenó el asesinato de Valdez porque se se habría molestado por los textos que el periodista publicó días antes del homicidio.
En febrero de 2017, Valdez entrevistó a Dámaso López Núñez, El Licenciado, padre del Mini Lic, quien negó en Ríodoce estar detrás de los ataques contra Los Chapitos. La edición fue comprada masivamente en Culiacán para limitar su circulación.
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En mayo de ese año, Valdez publicó “La fiesta de los Chapitos”, donde describió a López Serrano como alguien al que “le gustaban las fiestas y las drogas, pero que no tenía capacidad para dirigir el cártel”. Ese texto, según la fiscalía, fue la gota que colmó el vaso.
Ismael Bojórquez, director de Ríodoce, reconoció años después el peso de esas decisiones editoriales: “Nosotros habíamos definido durante mucho tiempo que no debíamos entrevistar a capos y en este caso lo hicimos y fue un error. Porque cuando tú accedes a eso, ellos creen que tú vas a publicar lo que ellos digan”, dijo en entrevista con Animal Político en 2018.
El 15 de mayo de 2017, hombres armados interceptaron a Valdez cerca de las oficinas de Ríodoce, lo obligaron a descender de su vehículo y le dispararon trece veces. Su sombrero de palma quedó manchado de sangre en el pavimento de Culiacán.
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Pistolas con su rostro como pago y un primer sicario que rechazó el encargo
Documentos de la FGR revelan que antes de que el crimen fuera asignado a los ejecutores finales, El Mini Lic ofreció 100,000 pesos, armas de fuego y un ascenso a un puesto de confianza a un primer miembro del cártel a cambio de asesinar a Valdez. Ese hombre rechazó la oferta. López Serrano, molesto, dijo que entonces se lo pediría a otros integrantes de la organización.
Un oficio de la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la FGR, fechado el 21 de julio de 2017, recoge el testimonio de un familiar de uno de los autores materiales, quien relató que su primo y otro individuo “lo invitaron a tomar y le platicaron que ellos se habían tenido que aventar el jale de matar al reportero”. Como pago, recibieron armas de fuego con cachas grabadas con el rostro de Dámaso López Serrano y el de su padre.
Los autores materiales identificados fueron Heriberto Picos Barraza, El Koala, condenado a 14 años y ocho meses; y Juan Francisco Picos Barrueto, El Quillo, sentenciado a 32 años y tres meses. Luis Idelfonso Sánchez Romero, El Diablo, fue asesinado en septiembre de 2017 en San Luis Río Colorado, Sonora.
En mayo de 2023, un correo atribuido a López Serrano fue enviado a The New York Times, CNN y Proceso. En la misiva, negó haber ordenado el asesinato y acusó a Los Chapitos de manipular los hechos para inculparlo. Las autoridades mexicanas no han modificado su postura.