La presencia de presuntos agentes de la CIA en un operativo antidrogas realizado en la sierra de Chihuahua el pasado abril ha detonado una crisis política y legal que mantiene abiertas varias investigaciones federales y estatales.
El caso, marcado por versiones encontradas, silencios y una creciente presión política, ha puesto bajo escrutinio los mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad y el cumplimiento de la legislación mexicana sobre agentes extranjeros.
La polémica ha polarizado a políticos de Morena y sus aliados, que exigen sanciones y comparecencias, y a fuerzas opositoras, que demandan transparencia y acusan golpeteos políticos.
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Del hallazgo del narcolaboratorio a la crisis en Chihuahua
El 16 de abril, un convoy de policías ministeriales y cuatro ciudadanos estadounidenses partió de la ciudad de Chihuahua rumbo a la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, para desmantelar un narcolaboratorio considerado uno de los más grandes hallados en el país.
Dos días después, durante la madrugada del 19 de abril, una camioneta del convoy sufrió un accidente en la sierra, provocando la muerte del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes; de su escolta, y de dos ciudadanos estadounidenses posteriormente señalados como presuntos agentes vinculados a la CIA.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua abrieron investigaciones paralelas: una por la presunta injerencia de elementos extranjeros en acciones reservadas a autoridades mexicanas y otra sobre la operación del laboratorio y la responsabilidad de los operadores criminales.
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El narcolaboratorio: magnitud y hallazgos
El laboratorio clandestino, ubicado en la sierra de El Pinal (entre Morelos y Guachochi), fue uno de los más grandes asegurados en México. En el sitio, la FGR y la FGE reportaron el aseguramiento de más de 55 mil litros de sustancias líquidas, poco más de 50 toneladas en estado sólido y cerca de dos mil litros de metanfetamina, junto con cilindros para gas LP, contenedores, reactores, centrifugadoras y otros equipos para la fabricación de drogas sintéticas.
El hallazgo fue resultado de una indagatoria de meses; sin embargo, no se informó de su preparación ni ejecución a la autoridad federal.
El proceso incluyó dictámenes periciales y análisis valuatorios sobre las sustancias, precursores y equipos asegurados, así como la coordinación entre la Agencia de Investigación Criminal Federal, la Policía Federal Ministerial, la SEDENA y la Guardia Nacional para asegurar y destruir los productos peligrosos.
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Qué sabemos hasta ahora
A pesar de la abundancia de versiones y declaraciones encontradas, las investigaciones federales y estatales han permitido establecer algunos hechos verificables sobre el caso. Estos son los elementos confirmados por las autoridades hasta el momento:
- Presencia confirmada
Videos y registros de la Fiscalía de Chihuahua muestran a cuatro ciudadanos estadounidenses conviviendo e interactuando con el director de la AEI y otros agentes ministeriales en instalaciones oficiales, al menos dos días antes del operativo.
- Patrón de convivencia y portación de armas
Uno de los extranjeros fue captado dentro de la fiscalía portando un arma larga. No se ha confirmado si la portó durante el operativo o en otras actividades fuera de instalaciones oficiales.
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- Sin autorización federal
No existe registro de que se haya solicitado o informado a instancias federales sobre la integración de los extranjeros al convoy.
- Participación en el operativo
Las investigaciones estatales y federales coinciden en que los ciudadanos estadounidenses no portaban uniforme ni insignias oficiales, ni ejercieron funciones de mando o instrucción sobre los agentes mexicanos.
- Proceso y alcance de la investigación
La FGR integra dos carpetas: una por ejercicio ilícito de atribuciones (presencia de la CIA sin autorización federal) y otra para deslindar responsabilidades penales respecto del laboratorio. Han declarado 40 de 43 participantes; aún no han citado a la gobernadora Maru Campos ni al ex fiscal César Jáuregui.
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La investigación estatal ha revisado más de 6 mil horas de grabaciones de video, alrededor de 50 declaraciones ministeriales, 10 peritajes y 500 documentos.
Contradicciones y vacíos
- Cambio de versión oficial
El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, primero informó que los estadounidenses regresaban de un operativo antidrogas, pero después aseguró que solo pidieron un “aventón” tras impartir un curso de drones.
- Responsabilidad institucional y deslinde
La fiscalía estatal señala que no hay evidencia de que la gobernadora María Eugenia Campos o el ex fiscal hayan autorizado o conocido la presencia de los agentes, y sostiene que el director de la AEI (fallecido) sería el único responsable de su integración al operativo.
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- Declaraciones políticas cruzadas
Legisladores de Morena y la dirigencia nacional han exigido explicaciones públicas y comparecencias, mientras que la oposición demanda transparencia y advierte sobre el impacto en la relación bilateral.
- Movilización y exigencias de Morena
Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, exigió transparencia, comparecencias y aclaración sobre la participación de agentes extranjeros. Morena convocó a una movilización pacífica y pidió información oficial y rendición de cuentas.
Lo que dice la ley y qué se investiga
La Ley de Seguridad Nacional prohíbe que agentes extranjeros participen en operativos, detenciones o acciones directas en México; solo pueden realizar labores de enlace, intercambio de información o capacitación bajo supervisión federal. La reforma de 2020 eliminó la inmunidad penal para estos agentes y estableció sanciones para funcionarios mexicanos que permitan o no reporten su participación fuera del marco legal.
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Las consecuencias serían:
Agentes extranjeros: No gozan de inmunidad. Si cometen un delito o infringen la ley (por ejemplo, participación en operativos, detenciones, allanamientos), pueden ser procesados penal o administrativamente conforme a la legislación mexicana. Además, México puede solicitar su expulsión inmediata al país acreditante.
Servidores públicos mexicanos: Son corresponsables si permiten, toleran o no reportan actividades ilegales de agentes extranjeros. Pueden ser sujetos a sanción administrativa (inhabilitación, cese, multa) o proceso penal, según la gravedad de la falta.
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Gobiernos extranjeros: Si se acredita que, mediante sus agentes, incitan o promueven delitos como cohecho, privación ilegal de la libertad o sustracción de personas, México puede suspender convenios de cooperación y prohibir nuevas actividades de dichos agentes. La ley no establece penas numéricas específicas (como años de prisión o monto de multa) en su propio texto, sino que remite a la aplicación del Código Penal Federal, leyes administrativas o migratorias vigentes según el tipo de falta.
Preguntas que siguen abiertas
- ¿Quién autorizó la integración de los extranjeros al convoy de la AEI?
- ¿Cuál fue el verdadero papel de los agentes estadounidenses durante el operativo?
- ¿Por qué no se notificó oficialmente a las autoridades federales?