El Partido Acción Nacional anunció este lunes una estrategia en tres frentes contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, acompañado de los coordinadores parlamentarios Elías Lixa y Ricardo Anaya, confirmó que el próximo miércoles formalizarán ante el Senado de la República —sede actual de la Comisión Permanente— las siguientes acciones:
- Juicio político contra Rocha Moya por presuntas violaciones graves a la Constitución.
- Desaparición de poderes en Sinaloa, bajo el argumento de que los poderes estatales llegaron “con el apoyo del crimen organizado y, por lo tanto, son ilegítimos”.
- Denuncia ante instancias internacionales, incluida La Haya, por presuntos delitos de lesa humanidad.
Romero advirtió que el partido agotará “todos los recursos legales a la mano, incluso el derecho de petición del artículo octavo constitucional”.
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El plazo del 1 de julio y la advertencia por el Mundial
El anuncio llega en un contexto de creciente presión diplomática. El diputado Federico Doring recordó que el 1 de julio vence el plazo que Estados Unidos habría fijado en el marco de la renovación del T-MEC, con el Mundial de futbol como telón de fondo.
Doring lanzó una advertencia de alcance amplio: desde que la administración Trump declaró a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, cualquier funcionario que obstaculice su comparecencia ante una corte estadounidense —en este caso el tribunal del Distrito Sur de Manhattan— podría ser considerado colaborador de una organización terrorista, independientemente de si cuenta con fuero o no.
“Yo supondría que un doctor en Derecho como el coordinador de la bancada mayoritaria tiene eso clarísimo para que no se les vaya a etiquetar como cómplices de una organización terrorista”, señaló.
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“Narcopartido”: el tono de la conferencia
A lo largo de la conferencia, los panistas calificaron reiteradamente a Morena como “narcopartido” y acusaron al gobierno federal de encubrir los señalamientos de vínculos entre funcionarios del partido gobernante y el crimen organizado en Sinaloa, Tamaulipas y Baja California.
La diputada Eva María Vázquez, de Baja California, advirtió que cualquier autoridad que “solape, permita o contribuya a ocultar” los presuntos delitos “se convierte inmediatamente en cómplice”. Sobre su estado, señaló que “el tic tac se escucha muy fuerte” y que el patrón de conducta observado en Sinaloa se replica en Baja California, donde —dijo— el crimen organizado habría permeado “todas las instancias de gobierno”.
El diputado Germán Martínez cerró la conferencia con una frase dirigida a los legisladores de Morena: “Si no prospera este juicio político, serán narcocómplices”.
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Lo que le piden a Sheinbaum
El hilo conductor de la conferencia fue un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para que, en palabras de los panistas, “rompa el pacto con el crimen organizado” que atribuyen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Sinaloa, Tamaulipas y Baja California.
Los legisladores sostuvieron que el expediente contra Rocha Moya está “más que suficientemente integrado” para sustentar una solicitud formal de extradición, y que el gobierno federal tiene la obligación de no obstruir ese proceso.