La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) informó que Dámaso Castro Zaavedra solicitó licencia sin goce de sueldo a su cargo como vicefiscal estatal el 5 de mayo de 2026, en medio de señalamientos provenientes de autoridades de Estados Unidos que lo vinculan con una facción del Cártel de Sinaloa.
Solicitud de licencia en medio de la polémica
La dependencia estatal confirmó que el funcionario presentó formalmente su separación temporal del cargo, horas después de que se diera a conocer que su situación estaba siendo evaluada al interior de la institución.
Previamente, la fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, había señalado que Castro Zaavedra continuaba en funciones, aunque reconoció que se analizaba la posibilidad de su separación para no interferir en el desarrollo de investigaciones en curso y garantizar el debido proceso.
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Acusaciones desde Estados Unidos
El nombre del vicefiscal aparece en un documento del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se le señala por presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con esa investigación, el funcionario habría recibido pagos mensuales a cambio de brindar protección a integrantes del grupo delictivo, así como de filtrar información sobre operativos de seguridad.
Estas acusaciones forman parte de un expediente más amplio que apunta a una presunta red de colaboración entre funcionarios públicos y el crimen organizado.
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Hasta el momento, autoridades estatales han indicado que no existe un requerimiento formal en su contra por parte de la Fiscalía General de la República.
Medida para no entorpecer investigaciones
La posible separación —que finalmente se concretó mediante la solicitud de licencia— fue planteada como una medida preventiva para evitar interferencias en los procesos judiciales.
La fiscal estatal subrayó que cualquier decisión se tomaría respetando la presunción de inocencia del funcionario, al tiempo que reiteró que las investigaciones deben seguir su curso sin obstáculos.
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¿Quién es Dámaso Castro Zaavedra?
Dámaso Castro Zaavedra cuenta con más de dos décadas de experiencia en el ámbito de procuración de justicia en Sinaloa.
Inició su carrera en el Ministerio Público en la década de los noventa y, con el paso de los años, ocupó distintos cargos dentro de la entonces Procuraduría estatal.
Entre sus funciones destacan posiciones como agente del Ministerio Público, titular en diversas agencias y responsable de áreas especializadas en delitos patrimoniales.
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También participó en la implementación del sistema penal acusatorio en la entidad.
En años recientes, ascendió a vicefiscal y llegó a desempeñarse como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado. Incluso, formó parte de la terna propuesta para ocupar la titularidad de la institución.
Red de funcionarios bajo investigación
El caso de Castro Zaavedra se enmarca en una investigación más amplia que involucra a otros funcionarios y exservidores públicos señalados por autoridades estadounidenses por presuntos nexos con el narcotráfico.
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Entre los nombres incluidos en el expediente figuran:
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa
- Enrique Inzunza Cázarez, senador y exfuncionario estatal
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe policial
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”
- Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”
Algunos de estos funcionarios han solicitado licencia a sus cargos en medio de los señalamientos, lo que ha generado tensiones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.
¿Cómo van las investigaciones?
Las acusaciones forman parte de una indagatoria que busca documentar la posible infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales locales.
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Según los documentos judiciales, estas redes habrían facilitado operaciones de tráfico de drogas mediante protección institucional, filtración de información y omisión de acciones legales.
En este contexto, la solicitud de licencia de Castro Zaavedra ocurre como una medida administrativa mientras se desarrollan las investigaciones, sin que hasta el momento exista una resolución judicial en su contra.