La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano (MC), encabezada por Jorge Álvarez Máynez, solicitó formalmente ante la Cámara de Diputados el inicio de un proceso de desafuero contra funcionarios de Sinaloa señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, en medio de una creciente presión política y diplomática.
MC pide desafuero de Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa
Álvarez Máynez informó que, junto con el diputado Gibrán Ramírez Reyes, presentó una denuncia ante el Congreso de la Unión para retirar el fuero constitucional a diversos servidores públicos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
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El objetivo, señaló, es que enfrenten las investigaciones “sin protección legal” y en igualdad de condiciones ante la justicia.
El documento, dirigido a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, se fundamenta en artículos constitucionales y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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En él se acusa también al senador Enrique Inzunza Cázarez y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros funcionarios estatales.
Acusaciones desde EE.UU. desatan crisis política y bilateral
La solicitud de desafuero surge tras la imputación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos.
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De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los señalados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”, en actividades de tráfico de drogas y armas.
Las acusaciones incluyen delitos como delincuencia organizada, encubrimiento, uso indebido de funciones públicas y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
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Además, se sostiene que los implicados habrían facilitado el envío de grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense y recibido sobornos a cambio de protección.
Funcionarios señalados y presuntos vínculos con el narcotráfico
Entre los principales implicados en la acusación internacional se encuentran:
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- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa
- Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
- Enrique Díaz Vega, exsecretario estatal
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscalExmandos policiales estatales y municipales
Según las autoridades estadounidenses, algunos de ellos habrían brindado información sensible a organizaciones criminales, así como protección a sus operaciones.
Oposición y sector empresarial exigen la renuncia del gobernador
Tras darse a conocer las acusaciones, diversas figuras políticas y líderes empresariales han solicitado la renuncia inmediata de Rocha Moya.
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Entre quienes han expresado esta postura se encuentran dirigentes del PRI y del PAN, así como legisladores federales y locales.
Las críticas apuntan a una presunta pérdida de control institucional en el estado y a la necesidad de preservar la credibilidad de las autoridades.
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También se ha planteado la posibilidad de medidas extraordinarias, como la desaparición de poderes en Sinaloa.
Gobierno federal y acusados rechazan señalamientos
Por su parte, Rocha Moya ha negado categóricamente las acusaciones y aseguró que “no hay nada que temer”, al sostener que se considera una persona íntegra.
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Además, descartó renunciar a su cargo y afirmó que continuará al frente del gobierno estatal.
En la misma línea, el senador Inzunza calificó los señalamientos como falsos y con motivaciones políticas.
Desde el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no se protegerá a nadie que haya cometido delitos, pero advirtió que, sin pruebas contundentes, las imputaciones podrían responder a intereses políticos externos.
La mandataria también enfatizó la defensa de la soberanía nacional, al rechazar cualquier tipo de injerencia extranjera en asuntos internos de México.
En este contexto, la solicitud de desafuero presentada por Movimiento Ciudadano se suma a un escenario de alta tensión política, donde las investigaciones internacionales, las posturas encontradas y las exigencias de rendición de cuentas mantienen el caso en el centro del debate público.