El Gobierno de Estados Unidos presentó este miércoles las acusaciones formales contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos, señalados por delitos graves relacionados con el narcotráfico, la protección al Cártel de Sinaloa y la tenencia ilícita de armas de fuego, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos.
Estos funcionarios, en su mayoría de alto rango y con cargos tanto actuales como previos en instituciones estatales y municipales, habrían recibido sobornos millonarios a cambio de facilitar operaciones de tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
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De acuerdo con las acusación vigentes, los implicados protegieron a los líderes del cártel, proporcionaron información confidencial sobre operativos policiales y permitieron la violencia asociada al tráfico de drogas, todo a cambio de pagos regulares y favores políticos.
Funcionarios acusados y desglose de señalamientos
- Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, es señalado por permitir la operación del Cártel a cambio de apoyo electoral, designando funcionarios aliados a los intereses de la organización criminal y asegurando su impunidad durante su administración. Según la acusación, el mandatario prometió a los líderes del grupo criminal que, de ser elegido, facilitaría el nombramiento de funcionarios favorables al tráfico de drogas y garantizaría protección a sus operaciones.
- Enrique Inzunza Cázares, actualmente senador y antes secretario general de Sinaloa, habría acordado con los líderes del cártel la protección institucional a cambio de favores políticos, actuando como vínculo entre la administración estatal y la facción de “los Chapitos”.
- Enrique Díaz Vega, empresario y exsecretario de Administración y Finanzas, fue clave en la coordinación con el cártel, entregando información sobre rivales políticos para que fueran presionados o retirados de contiendas electorales, además de servir como enlace entre los líderes criminales y el gobernador.
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa, habría recibido pagos mensuales de aproximadamente 11 mil dólares para alertar al cártel sobre operativos contra laboratorios y miembros de la organización, permitiendo la destrucción o traslado de pruebas antes de los allanamientos.
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, y su sucesor, Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo”, habrían recibido sobornos de 16 mil dólares mensuales cada uno, permitiendo la libre operación del cártel y la liberación de sus miembros detenidos.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, facilitó información adelantada sobre redadas para que los narcotraficantes pudieran mover drogas y equipo, protegiendo así los intereses de la organización.
- José Antonio Dionisio Hipólito “Tornado”, subdirector y luego comandante de la Policía Estatal, recibió pagos mensuales de hasta seis mil dólares, permitiendo la operación de los “Chapitos”, ubicando agentes leales en posiciones clave, vendiendo munición a la organización y alertando sobre operativos.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, actual alcalde de Culiacán, habría recibido más de 10 mil dólares mensuales en efectivo, asegurando la protección del grupo criminal y permitiéndoles operar sin interferencia gubernamental.
- Juan Valenzuela Millán (“Juanito”), comandante de la Policía Municipal de Culiacán, está acusado de colaborar en secuestros y homicidios por orden del cártel, incluyendo la entrega de víctimas a sicarios y la vigilancia de objetivos marcados por el grupo.
Las autoridades estadounidenses también detallaron que estos funcionarios habrían conspirado no solo para permitir el tráfico de drogas a gran escala, sino también para portar y facilitar el uso de armas de fuego de guerra, y, en algunos casos, facilitar secuestros con resultado de muerte contra quienes consideraban enemigos o colaboradores de agencias estadounidenses.
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