La defensa de Fernando Farías Laguna, contralmirante detenido en Argentina por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos, ha puesto en el centro del debate la actuación del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
En una entrevista concedida a Carmen Aristegui, el abogado Epigmenio Mendieta acusó omisiones graves de Ojeda Durán y cuestionó la integridad de la investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR).
La denuncia interna: el audio y la carta de Guerrero Alcántar
El origen de la polémica y de los señalamientos de la defensa se encuentra en la denuncia interna realizada por el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien en junio de 2024 expuso personalmente ante el entonces titular de la Secretaría de Marina la existencia de una red de huachicol fiscal operando en las aduanas marítimas, señalando movimientos irregulares, presiones internas y presuntos actos de corrupción.
Guerrero Alcántar entregó su denuncia mediante una carta manuscrita, después de una reunión en la que participaron varios mandos, de acuerdo con el testimonio de la defensa.
En el audio de esa reunión, revelado por Aristegui Noticias, se escucha a Guerrero Alcántar explicar en detalle la estructura de la red ilícita, los nombres de los presuntos involucrados y los mecanismos mediante los cuales se simulaba el ingreso de combustibles al país.
La carta manuscrita de Guerrero Alcántar, que forma parte del expediente judicial y a la que ha tenido acceso la defensa, describe con fechas, nombres y operaciones cómo se estructuraba el contrabando y cómo se manipulaban los registros y movimientos de personal.
A pesar de la gravedad y precisión de la denuncia, Guerrero Alcántar fue asesinado semanas después de exponer los hechos ante la cúpula naval.
Apunta omisiones del extitular de Marina
Durante la entrevista con Carmen Aristegui, Epigmenio Mendieta fue enfático al señalar que, a pesar de que supuestamente Fernando Farías Laguna también puso en conocimiento del exsecretario la existencia de una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, Ojeda Durán no presentó ninguna denuncia formal, ni siquiera un acta circunstanciada.
El abogado subrayó que esto constituye una omisión administrativa y legal de máxima gravedad, ya que el titular de Marina tenía la obligación de canalizar la información a las autoridades competentes.
“Por parte de la Secretaría de Marina no existe ninguna denuncia formal derivado de esta reunión. Pero después, más grave, va el secretario de Marina a la oficina del entonces fiscal general de la República, le cuenta detalles de estos hallazgos y no elaboran ni siquiera un acta circunstanciada, ya no digas una denuncia, ni siquiera un acta circunstanciada de los hechos, de los temas que se tocaron en ese momento”, puntualizó Mendieta.
El defensor también criticó que, tras la denuncia interna y la muerte violenta de Fernando Rubén Guerrero Alcántar —quien fue el principal denunciante de la red y fue asesinado semanas después de exponer los hechos ante Ojeda Durán—, ningún alto mando ha sido llamado a declarar por la FGR.
“La postura que tiene hoy la Fiscalía es no tocar a los funcionarios de primer nivel, no incomodarlos con una investigación y ni tampoco incomodarlos con el hecho de que tuvieran que dar su versión formal y legal”, señaló el abogado.
El uso del nombre de Farías Laguna y la manipulación de la investigación
Mendieta afirma que el nombre y el rango institucional de Fernando Farías Laguna fueron utilizados como pantalla para encubrir a quienes realmente operaban la estructura criminal.
Según la defensa, tanto en la carta manuscrita de Guerrero Alcántar como en los testimonios que obran en la carpeta de investigación, se afirma que los hermanos Farías Laguna no ejercían mando ni decisión sobre los movimientos de personal o el ingreso irregular de hidrocarburos.
“(Alcántar) nunca tuvo comunicación con ninguno de los hermanos Farías. Es más, en la propia carta él acepta que lo engañaron y que suplantaron la identidad de los hermanos Farías haciéndole creer que ellos tenían conocimiento y participaban en esos hechos. Pero entonces eso no es lo que dice la fiscalía”, expresó Mendieta.
El defensor también criticó que la investigación judicial se haya originado a partir de un audio anónimo, presuntamente fabricado con inteligencia artificial y difundido en redes sociales, donde se señalaba a los hermanos Farías Laguna de encabezar dicha red, en vez de partir de una denuncia formal o de los canales institucionales.
El abogado cuestionó por qué la FGR no ha exigido la comparecencia formal de quienes recibieron la denuncia, ni ha realizado peritajes de voz para identificar a todos los participantes de la reunión clave, a pesar de que existen grabaciones difundidas públicamente.
“Tampoco se investigó ni se pidió la confronta de la voz del almirante secretario, como si él no hubiera participado en esa reunión. (...) Era obligado a hacerlo”, enfatizó Mendieta. Añadió que “ya el almirante secretario Rafael Ojeda ya lo exculparon desde la mañanera y claramente, pues cualquier participación que haya tenido o cualquier conocimiento que haya tenido de los hechos, pues por supuesto que no los va a exponer”.
La estrategia procesal de la defensa: solicitud de asilo y obstáculos judiciales
En la entrevista, también denunció que la defensa solo tiene acceso parcial a la carpeta de investigación —22 tomos de un total de 28 y 75 anexos—, debido a reservas institucionales y argumentos de seguridad nacional, lo que impide ejercer plenamente el derecho a la defensa.
El abogado Epigmenio Mendieta confirmó que Fernando Farías Laguna solicitará asilo político en Argentina para evitar la extradición a México, argumentando un temor fundado por su vida y la ausencia de garantías para enfrentar un proceso justo.
Según Mendieta, Farías Laguna considera que su vida corre peligro en México y que existe una persecución judicial basada en pruebas deficientes, ocultamiento de información y una investigación parcial que lo utiliza como “chivo expiatorio”.
La defensa explicó que antes de que cualquier proceso de extradición se pueda llevar a cabo, Farías Laguna deberá enfrentar en Argentina las consecuencias penales por haber ingresado al país con un pasaporte guatemalteco falso, reconociendo que esta acción fue un acto desesperado impulsado por el miedo a represalias tras haber denunciado la red de huachicol fiscal.
Según la defensa, en la carpeta de investigación existen catorce órdenes de aprehensión y once personas detenidas, pero en realidad hay más de doscientas personas físicas y morales mencionadas (funcionarios, empresas, transportistas, etc.), muchos de los cuales nunca han sido citados ni investigados, a pesar de estar señalados en la carta de Guerrero Alcántar.