En un operativo conjunto para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, la volcadura de un vehículo cobró la vida de agentes nacionales y extranjeros. El caso ha cobrado gran relevancia porque destapó una operación entre autoridades estatales mexicanas y agencias extranjeras en territorio nacional, aparentemente sin notificar al gobierno federal ni al gabinete de seguridad.
Esta situación ha provocado reacciones inmediatas. Andrea Chávez, exsenadora de y futura candidata a la gubernatura de Chihuahua, expresó en su cuenta oficial de ‘X’ que este caso es muestra de “la forma descuidada y negligente en la que se ejerce el poder en Chihuahua”.
Tras expresar su solidaridad con las familias de las víctimas mortales, la senadora con licencia señaló que la supuesta participación de personal extranjero sin informar al gobierno federal incumple diversas disposiciones de la legislación mexicana. Además, la controversia ya alcanzó nivel internacional, luego de que medios como The Washington Post afirmaran que los dos agentes extranjeros muertos eran miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).
Chávez señaló que Morena nunca se ha opuesto a la coordinación, pero subrayó una postura firme: “El respeto a la soberanía nacional es una línea roja que nunca debe sobrepasarse, y menos cuando el PRIAN defiende los intereses extranjeros antes que los de la propia nación”.
La crisis por la presencia de la CIA
Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió explicaciones tanto a la gobernadora Maru Campos como al fiscal estatal.
La mandataria federal señaló al gobierno de Chihuahua como el principal responsable de violar la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional al coordinar operaciones directamente con agencias estadounidenses (como la CIA) sin notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni al Senado de la República. Como prueba, utilizó las declaraciones previas del fiscal estatal, quien habría admitido colaborar con Estados Unidos en una ocasión previa.
Por su parte, Maru Campos aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenía conocimiento de la operación y de la presencia de los agentes extranjeros. Sin embargo, Sheinbaum desmintió esto, aclarando que el Ejército y la Fiscalía General del Estado (FGE) participaron a petición local, como es rutina, pero sin saber que ciudadanos estadounidenses formaban parte del convoy.
Maru Campos habría perseguido a migrantes, acusa Chávez
De acuerdo con Andrea Chávez, hace dos años el gobierno de Maru Campos también sufrió críticas por “ofrecer el presupuesto del estado a un gobierno extranjero”.
Esto en referencia a la construcción del megaproyecto de vigilancia “Plataforma Centinela”, anunciado en 2022 como estrategia de seguridad. Según relató la periodista Francesca D’Annunzio a Aristegui Noticias, el sistema se utilizaría para dar seguimiento a la población migrante, pues presuntamente Campos habría ofrecido compartir información y una base de datos biométricos al gobierno federal de Estados Unidos.
El medio señaló que la oferta binacional surgió para “apaciguar” al gobernador de Texas, Greg Abbott, quien había ordenado inspecciones vehiculares que paralizaron el comercio fronterizo. En su momento, Campos no afrontó ningún proceso legal en relación con esta situación.
¿Qué sigue para Maru Campos?
Mientras Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de que Campos y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, se reúnan de forma remota, el tema ya escaló a nivel legislativo.
El Senado de la República citó a comparecer a la gobernadora Maru Campos y al fiscal de Chihuahua para que rindan cuentas sobre esta colaboración con la CIA. Sheinbaum remató el tema desde el Ejecutivo enfatizando que “cumplir con la ley no es opcional”.