Durante la administración de Enrique Peña Nieto y los dos primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una investigación interna de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó a casi cuatro mil militares como posibles vinculados con la delincuencia organizada. La información, filtrada a partir de una tesis de Maestría en Seguridad Nacional obtenida por el colectivo Guacamaya, advirtió que la permanencia de estos elementos representó un riesgo operativo y de seguridad nacional para el país, reveló el medio RíoDoce.
El estudio, presentado en agosto de 2021 por un coronel de infantería Diplomado del Estado Mayor, analizó los exámenes de control de confianza aplicados por la Unidad de Control de Confianza (UCC) a 45 mil 574 militares entre 2012 y 2020. El análisis reveló que el 8.7 por ciento de los evaluados, es decir, 3 mil 968 elementos, no cumplía con el perfil requerido al presentar posibles vínculos con grupos criminales. Si se extrapolaba el porcentaje a la fuerza total operativa de la Sedena, la cifra podría alcanzar los 14 mil 394 efectivos en situación de riesgo.
El mayor porcentaje se registró al final del sexenio de Peña Nieto
En 2018, último año del gobierno de Peña Nieto, se detectó el porcentaje más alto de militares con presuntas relaciones con el narcotráfico: 19.1 por ciento de los 2 mil 627 evaluados. Bajo la administración de López Obrador, la tendencia se mantuvo elevada. En 2019, el 14.1 por ciento de 4 mil 358 efectivos presentó posibles nexos y, en 2020, la proporción fue de 12.5 por ciento entre 3 mil 880 evaluados.
La investigación abarcó también a la Fuerza Aérea Mexicana, donde entre 2012 y 2020 desertaron 69 integrantes y 169 pidieron su baja. El autor del estudio apuntó que, aunque muchos de estos pilotos se integraron a empresas de aviación civil, no se descartó que algunos pudieran haber sido cooptados por organizaciones criminales para actividades como el transporte de droga en aeronaves.
El riesgo de infiltración y la dificultad para sancionar
El documento resaltó que la Guardia Nacional, con una integración mayoritaria de militares en servicio activo —64 mil 457 elementos—, tampoco estuvo exenta de estos riesgos. El involucramiento de personal con grupos delictivos, aunque minoritario, dañó la imagen y el prestigio de las instituciones armadas.
El texto señaló que los vínculos entre militares y la delincuencia organizada alcanzaron desde altos mandos hasta rangos inferiores. La detección de estos casos requirió investigaciones prolongadas y, en ocasiones, se supo de su existencia solo después de detenciones o muertes de personas con antecedentes militares.
Entre 2012 y 2020, únicamente siete militares enfrentaron procesos en prisiones castrenses por delitos contra la salud y traición a las fuerzas armadas. En el ámbito civil, 124 elementos fueron procesados en 2020 y 2021, la mayoría adscritos a la I Región Militar en la Ciudad de México y la VI Región Militar en Veracruz. El estudio detalló que, entre 2000 y 2016, solo un militar fue sentenciado penalmente, mientras que 18 causas más no prosperaron por falta de pruebas, amparos, o debilidades en los procesos judiciales.
El autor advirtió que la permanencia de personal vinculado con la delincuencia dentro de las fuerzas armadas puso en peligro el éxito de las operaciones y generó riesgos de filtraciones informativas, asesinatos de mandos militares, pérdida de confianza ciudadana y consumo o venta de drogas en instalaciones militares.
El caso de Los Zetas ejemplificó la manera en que desertores con adiestramiento militar especializado fundaron una organización criminal. El informe hizo referencia al Cártel de Jalisco Nueva Generación, donde también se detectó la presencia de exmilitares en tareas de capacitación y liderazgo.
Para mitigar el problema, la investigación recomendó crear Centros de Reclutamiento para aplicar exámenes de control de confianza con tecnología avanzada antes del ingreso al servicio activo, así como monitoreos periódicos durante la carrera militar o policial.