A un año del incidente en el que los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Hernández Rojas perdieron la vida durante la cobertura del festival Axe Ceremonia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que solicitará a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) una actualización sobre el curso de las indagatorias.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria confirmó que el esclarecimiento de los hechos sigue en manos de las autoridades capitalinas.
“Está en la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México (...) Vamos a preguntarle a la fiscal cómo va ese proceso”, aseguró Sheinbaum, garantizando que se dará seguimiento a la vía penal del caso.
Revocación de concesión y nueva administración del recinto
A la par del proceso judicial, la titular del Ejecutivo detalló las medidas administrativas que se tomaron respecto al espacio donde se llevó a cabo el evento.
Según explicó, las autoridades procedieron a retirar los permisos a los operadores privados anteriores.
“En el caso administrativo se les quitó la concesión, la recuperó el gobierno federal”, puntualizó.
Actualmente, el inmueble se encuentra bajo el control de la Secretaría de Cultura. Para garantizar una operación segura y eficiente, la dependencia adoptó un modelo de gestión probado en otros recintos de gran magnitud.
“Se encontró un esquema similar al Auditorio Nacional para administrar el espacio”, detalló la presidenta.
Sheinbaum adelantó que, bajo esta nueva administración federal, el espacio reactivará sus actividades culturales y de entretenimiento en el corto plazo, confirmando que “ya van a iniciar con algunos festivales”.
Caso Axe Ceremonia: Avances judiciales y desafíos legales
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México asumió la investigación por el colapso de una estructura metálica durante el festival Axe Ceremonia, hecho que provocó la muerte de Berenice Giles y Miguel Rojas. Como parte del proceso, la autoridad imputó a tres empresas: Operadora Eclectic, responsable del parque; La Agencia de los Socios, encargada de la organización; y O.N Producciones Creativas, responsable de la producción. Además, se señaló a ocho personas, entre ellas la titular de Protección Civil del evento.
Posteriormente, la Fiscalía sumó como imputadas a Ocesa y Seguridad Privada Lobo, empresas vinculadas a la organización y seguridad del festival. El reconocimiento formal de su calidad de imputadas ocurrió el 14 de enero de 2026, tras gestiones y reclamos de los familiares de las víctimas a lo largo de nueve meses.
El proceso penal enfrenta obstáculos debido a la interposición de al menos 15 juicios de amparo por parte de las empresas involucradas. Estas acciones legales han impedido la realización de la audiencia inicial y mantienen paralizado el caso a un año de los hechos. Los familiares de las víctimas y sus representantes han manifestado preocupación por la posibilidad de encubrimiento institucional y la ausencia de sanciones.
El expediente permanece abierto mientras las familias de Berenice Giles Rivera y Miguel Hernández Rojas, junto con organizaciones civiles, continúan exigiendo justicia y la aplicación de sanciones a los responsables. La comunidad periodística y los colectivos mantienen la presión para evitar la impunidad.