Las universidades del Sistema Universitario Jesuita y colectivos de familiares de personas desaparecidas respaldaron la determinación del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) de presentar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU.
Este mecanismo, solicitado por el CED al Secretario General de las Naciones Unidas, busca que la Asamblea adopte medidas para apoyar a México en la prevención, investigación, sanción y erradicación de la desaparición de personas.
Es la primera vez que el Comité activa este procedimiento extraordinario y de carácter preventivo, orientado a brindar apoyo internacional ante la presencia generalizada o sistemática de desapariciones.
Pocas horas después de conocerse la decisión, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó el informe del Comité, calificándolo como tendencioso, falto de rigor y sin consideración de las acciones adoptadas en los últimos años por el Estado mexicano.
Ante esta postura, las universidades jesuitas, programas universitarios, clínicas jurídicas y observatorios reiteraron que el país atraviesa una crisis profunda y generalizada en la materia, documentada por el Sistema Universitario Jesuita durante la última década.
En su pronunciamiento, sostienen que el Comité consideró la postura del Estado mexicano, así como información acumulada durante más de diez años, incluidas acciones urgentes, una visita realizada en 2021 y los aportes de familiares, colectivos y organizaciones de la sociedad civil.
“Respaldamos la decisión del Comité CED y llamamos al Estado mexicano a actuar de manera responsable, sobre la base de la colaboración y el diálogo con las instancias internacionales.
“El compromiso con los derechos humanos debe traducirse en acciones concretas que ayuden a construir una política integral de atención a la crisis de personas desaparecidas en México.”
“El rechazo posterga el derecho a la verdad y justicia”
Organizaciones como Fundar, CEPAD, DATACÍVICA, 15, IMDHD e IBERO también manifestaron su posición ante el rechazo del Estado mexicano a la decisión histórica del Comité CED de la ONU.
Respaldaron plenamente el informe del Comité y recordaron que la descalificación de hallazgos técnicos no modifica la realidad de una impunidad superior al 98% en los casos de desaparición.
“El rechazo del Estado a la asistencia internacional es una omisión que posterga el derecho irrenunciable de las familias a la verdad y a la justicia. La descalificación no es una estrategia de Estado. Es preocupante que la respuesta oficial califique de tendencioso y falto de rigor un informe técnico como el que presenta hoy el CED.”
Las organizaciones señalaron que la soberanía se ejerce cumpliendo los tratados internacionales y no desacreditando recomendaciones de organismos de los que México es parte voluntaria.
Advirtieron que la existencia de nuevos marcos legales e instituciones no equivale a interrupción de violaciones a derechos humanos ni a acceso efectivo a la justicia.
La cifra de personas desaparecidas sigue en aumento y la impunidad en estos casos supera el 99%. Además, recordaron que el CED reconoce los esfuerzos del Gobierno, pero subraya que no han logrado revertir la crisis estructural.
“El Estado mexicano ha fallado sistemáticamente en la implementación de herramientas básicas, como el Banco Nacional de Datos Forenses.
La acumulación de más de 83 mil cuerpos y restos de personas sin identificar en las instituciones forenses del país es la prueba irrefutable de que la respuesta institucional está colapsada.”
Las organizaciones llamaron al Gobierno a abandonar la actitud defensiva, aceptar la asistencia técnica internacional y establecer un diálogo genuino con familias, colectivos y organizaciones de derechos humanos.
“La disputa por el diagnóstico sólo prolonga la impunidad y la agonía de las familias. El Estado debe entender que la opinión del CED no es un ataque, sino una oportunidad para detener una de las crisis humanitarias más dolorosas de nuestra historia reciente.”
“Nuestra búsqueda no es tendenciosa, es una realidad”
El colectivo Hasta Encontrarles CDMX, junto a familias de personas desaparecidas, rechazó categóricamente que se califique el informe del Comité como parcial, sesgado o falto de rigor.
“Para nosotras, el diagnóstico de la ONU no es una postura política ni un ataque a la soberanía; es el eco de nuestras voces y el reconocimiento de una tragedia que el Estado mexicano se niega a encarar.”
El colectivo enfatizó que el rigor jurídico está en las más de 133 mil sillas vacías y en los más de 83 mil cuerpos y restos sin identificar.
“Descalificar al Comité es descalificar años de nuestra propia documentación, de peritajes independientes y del testimonio de quienes hemos tenido que aprender leyes y antropología forense ante la omisión de las autoridades.”
Añadieron que defender la soberanía no es rechazar la ayuda internacional, sino garantizar seguridad y justicia.
“Al negar la asistencia técnica de la ONU, el Estado le da la espalda a una oportunidad real de profesionalizar la búsqueda y la identificación. No aceptar esta ayuda es condenarnos a seguir buscando solas, con nuestros propios recursos y bajo riesgos constantes.”
“La decisión histórica del CED de llevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU con carácter de urgencia confirma que la crisis ha superado la capacidad del Estado. La disputa por el diagnóstico no nos devuelve a nuestros seres queridos.”
Las familias exigieron reconocimiento de responsabilidad, cooperación sin condiciones, acceso pleno a la verdad, sanción a los responsables y el fin de la “limpieza” de cifras en el Registro Nacional.
“No nos vamos a callar. No aceptaremos que nos sigan tratando como un ‘problema incómodo’ que se resuelve con comunicados indignantes. Las desapariciones forzadas no son cosa del pasado; son una herida abierta que requiere compromiso y acciones, no ponerse a la defensiva.”
El colectivo Fuerzas Unidas Por Nuestros Desaparecidos (as) en Nuevo León expresó que respalda la determinación del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que concluye que existen indicios fundados de que se han perpetrado y se siguen perpetrando desapariciones forzadas en el contexto de varios ataques generalizados o sistemáticos en México.
“La decisión del CED muestra la dolorosa realidad que en la actualidad vivimos miles de familias de personas desaparecidas y que el aparato del Estado mexicano intenta negar tratando de cambiar la narrativa.
Lamentamos que la respuesta del Estado sea llamar ‘tendencioso’ a este informe, lo que muestra que su interés no es la búsqueda de nuestres seres queridos.”
Este colectivo consideró que la decisión del Comité es el logro de una demanda histórica de las familias y la consecuencia de un Estado que no acepta su responsabilidad.