El último siglo ha sido escenario de una transformación profunda en la presencia de las mujeres en la economía mexicana, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Si bien las mexicanas han conquistado espacios clave en la educación y la política, su plena inclusión económica sigue siendo un desafío estructural que frena el desarrollo colectivo y la autonomía femenina.
A inicios del siglo XX, México presentaba un panorama de amplias brechas de género: el 78% de las mujeres no sabía leer ni escribir y su participación en la vida pública resultaba marginal, de acuerdo con el informe del IMCO.
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La creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921 y el impulso de maestras rurales detonaron una revolución educativa.
Para 2020, el analfabetismo femenino se redujo al 5%, igualando virtualmente la brecha de género en este ámbito.
El acceso educativo permitió que de apenas 3 mil universitarias en 1950 se llegara a 2.6 millones en 2020, y desde 2010 las mujeres son mayoría en las universidades mexicanas.
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Sin embargo, la concentración de alumnas en carreras de docencia y cuidado, que se cuentan entre las peor remuneradas, contrasta con la preeminencia masculina en disciplinas como ingenierías y ciencias computacionales, que ofrecen los ingresos más altos.
Los cambios en la educación y el acceso a métodos anticonceptivos, impulsados por la Ley General de Población de 1974, explican la drástica caída de la fecundidad: de 6.8 hijos por mujer en los años sesenta a solo 1.9 hijos en 2023.
México atraviesa un proceso de envejecimiento demográfico, en el que la esperanza de vida de las mujeres supera ya en seis años a la de los hombres.
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A pesar de esta longevidad, la seguridad económica no está garantizada: solo el 34% de las mexicanas cuenta con una cuenta de ahorro para el retiro, frente a la mitad de los hombres.
Las trayectorias laborales interrumpidas y la baja proporción de empleo formal condenan a muchas mujeres a la vulnerabilidad económica en la vejez.
El aplazamiento del matrimonio también resulta significativo. La edad promedio de las mujeres para casarse pasó de 15-19 años, a finales del siglo XIX, a casi 30 años en la actualidad.
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El porcentaje de mexicanas divorciadas alcanzó el 9%, el nivel más alto registrado. Estos cambios reflejan una mayor autonomía para decidir sobre la vida afectiva y reproductiva, de acuerdo con el análisis del IMCO.
En materia de ingreso y trabajo, la participación femenina en el empleo tuvo un giro notable: de apenas el 6% de las mujeres en edad laboral empleadas en 1900 a un 49% en 2020.
Sin embargo, la brecha salarial y la segregación ocupacional persisten. Según el IMCO, la diferencia de ingresos se redujo de un 27% en 1995 a 13% en 2025, pero una mujer gana en promedio 87 pesos por cada 100 que recibe un hombre.
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Más de la mitad de las trabajadoras permanece en la informalidad, lo que limita el acceso a seguridad social y las oportunidades de ascenso.
Las estructuras históricas de cuidado han cambiado poco frente a la expansión del empleo femenino.
Las mexicanas dedican 40 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, mientras los hombres aportan solo 16 horas en promedio.
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El trabajo no remunerado realizado en los hogares representa ya el 26% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, superando sectores como el comercio y la industria manufacturera.
El IMCO destaca que, aunque la participación masculina en estas tareas aumentó —aportan hoy 27% del valor económico, frente a 20% en 2005—, la brecha sigue siendo considerable.
Un obstáculo adicional es la violencia de género, tanto en el ámbito familiar como laboral. Entre 2008 y 2012, la tasa de homicidios dolosos contra mujeres se duplicó, con un pico histórico en 2021 de 6.07 por cada 100 mil habitantes.
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Una de cada cinco mujeres ha sufrido violencia laboral y el 11% ha enfrentado violencia familiar, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).
La cifra negra de delitos no denunciados o no investigados sigue siendo elevada debido a la dependencia económica, el temor o los complejos procesos judiciales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció la violencia de género como problema de salud pública en 2013, mientras que México ya había avanzado en la medición y documentación de este fenómeno.
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El acceso de las mujeres a la representación política también ha experimentado avances históricos. Pasaron 53 años para que las mexicanas obtuvieran el voto y un año más para que Aurora Jiménez de Palacios se convirtiera en diputada federal en 1954.
La paridad total en la Cámara de Diputados demoró más de un siglo. Desde la instauración de cuotas de género en 1996 hasta las reformas constitucionales de 2014 y 2019, la representación femenina ha crecido en todos los poderes y órdenes de gobierno.
Aunque 23 mujeres han ocupado gubernaturas locales, aún existen 15 estados sin mandataria. El Instituto Nacional Electoral (INE) reporta 363 sanciones por violencia política de género en menos de cuatro años, lo que indica que la discriminación y la violencia contra candidatas persisten.
El IMCO plantea que el futuro de la inclusión femenina requiere medidas integrales. Entre sus propuestas destacan las licencias parentales compartidas, que sustituyan el modelo tradicional de licencia de maternidad y equiparen derechos entre progenitores.
El esquema recomendado contempla duraciones mínimas cercanas a 40 semanas y reemplazo del 60% al 70% del salario, con financiamiento tripartito. La licencia sería flexible, con periodos no transferibles para cada progenitor y garantías para familias monoparentales.
Asimismo, el organismo recomienda empresas más flexibles, promoviendo el trabajo híbrido y horarios escalonados sin penalizar el salario o el desarrollo profesional de las mujeres.
El IMCO subraya que la “prima por disponibilidad”, un pago adicional por jornadas extendidas y accesibilidad total en cargos ejecutivos, penaliza la maternidad y limita la presencia de mujeres en puestos de decisión.
Rediseñar estos roles con criterios de productividad permitiría aprovechar el talento femenino y fortalecer la competitividad empresarial.
De acuerdo con el Foro Económico Mundial, se estima que al ritmo actual faltan 123 años para alcanzar la paridad de género a nivel global.
Para México, los obstáculos estructurales y culturales continúan siendo un desafío y, de no acelerarse el cambio, la igualdad económica podría verse postergada durante cinco generaciones.