Este 24 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó el amparo que protegía al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, lo que deja vigente la orden de aprehensión en su contra por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Lenia Batres, ministra y autora del proyecto aprobado por unanimidad, precisó en un comunicado en sus redes sociales que esta decisión se limita a la legalidad de la orden de aprehensión y no constituye un juicio sobre la responsabilidad penal del exgobernador.
Según el comunicado de la ministra Batres, la SCJN centró su análisis en la regularidad de la “orden de aprehensión”, conforme al artículo 16 constitucional. La ministra explicó que el juez de distrito que había otorgado el amparo aplicó exigencias probatorias que corresponden al fondo del proceso penal, no a la etapa inicial.
La orden de aprehensión se hace cuando hay la posibilidad de la realización de un delito, no es un juicio contra alguna persona
La ministra detalló que, para emitir una orden de aprehensión, basta con que existan datos que acrediten la probable comisión de un delito y la posible participación del implicado.
Con la revocación del amparo, Cabeza de Vaca podrá ejercer su defensa plenamente ante el juez de control, presentar pruebas y controvertir los datos existentes en su contra, en igualdad de condiciones procesales.
En el comunicado, Lenia Batres explicó que la orden de aprehensión es una herramienta procesal inicial cuyo único objetivo es llevar al imputado ante la autoridad judicial. Puntualizó que la responsabilidad penal solo se determina en la audiencia inicial y el juicio, no a través de la orden.
La ministra Batres subrayó que el amparo no puede emplearse como una instancia para valorar las pruebas de fondo antes del juicio. Señaló que exigir “prueba plena” para girar una orden de aprehensión modifica el proceso penal establecido en la Constitución. Insistió en que la decisión de la SCJN no prejuzga sobre la culpabilidad del exgobernador y que este conserva todos los recursos legales para defenderse.
Respuesta y denuncias de Cabeza de Vaca tras la revocación del amparo
Poco después de la resolución, Francisco García Cabeza de Vaca expresó su desacuerdo mediante un video y mensajes difundidos en redes sociales.
El exgobernador afirmó que es víctima de una persecución política derivada de haber denunciado lo que denominó “el huachicol fiscal”, una presunta red de corrupción y financiamiento ilícito que, según él, fue orquestada desde Palacio Nacional y benefició al expresidente Andrés Manuel López Obrador y al partido Morena.
Cabeza de Vaca manifestó que la decisión de la SCJN responde a intereses políticos y acusó que se trata de una resolución a modo, en el contexto de la reforma judicial para modificar el método de designación de ministros y jueces.
Dijo video de sus redes sociales: “Me persiguen por enfrentar al entonces presidente López Obrador, por descubrir, exhibir y denunciar la red criminal, corrupción y complicidad política más grande de la historia de México, el Huachicol Fiscal”.
El exgobernador acusó que ese esquema sirvió “para financiar campañas políticas de Morena y pactar con el crimen organizado”.
Los antecedentes muestran que Cabeza de Vaca mantenía el amparo desde 2021, conforme a la información de la SCJN. La denuncia original fue presentada el 8 de diciembre por legisladores de Morena ante la Fiscalía General de la República (FGR), y lo señala por presuntos delitos de delincuencia organizada, extorsión y manejo ilegal de hidrocarburos.