La audiencia intermedia en los Estados Unidos que determinará el futuro de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, fue aplazada por segunda vez 17 días más.
De acuerdo con registros judiciales, citadas por el Semanario Zeta, este segundo retraso se debe a los ajustes de calendario del tribunal y al acuerdo de culpabilidad que el hijo de El Chapo Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa, tiene con las autoridades estadounidenses.
El proceso, todavía en curso, obliga a la jueza Sharon Johnson Coleman a revisar minuciosamente los informes sobre el alcance de la colaboración de Guzmán López, la acumulación de pruebas y el contexto de delitos que se le atribuyen. Una vez celebrada la diligencia programada para el 27 de julio de 2026, la magistrada podrá fijar la fecha exacta para dictar sentencia.
La audiencia estaba prevista en principio para el 10 de julio de 2026, pero fue reprogramada ante una serie de cambios dentro del procedimiento penal, según constan en los registros judiciales estadounidenses. El tribunal ya había modificado una vez el calendario, posponiendo la fecha que inicialmente estaba fijada para el 9 de enero.
Guzmán López se declaró culpable en 2025 ante la jurisdicción federal en Chicago de cargos relacionados con crimen organizado y tráfico de drogas. Según los registros judiciales, el acuerdo de culpabilidad firmado incluye la posibilidad de una condena vitalicia, aunque dicha pena podría verse atenuada si la Fiscalía Federal presenta una moción denominada 5k, a raíz de la colaboración del acusado.
Los reportes del caso detallan que Guzmán López aceptó al menos dos cargos de delincuencia organizada, con penas obligatorias de cadena perpetua. La Fiscalía Federal de EEUU comunicó que, por su apoyo a las investigaciones, solicitaría eventualmente una reducción en la sentencia, lo cual depende del informe final que recibirá la jueza en la próxima audiencia intermedia.
Desde su extradición el 15 de septiembre de 2023, Ovidio Guzmán López permanece bajo custodia en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, identificado con el número 72884-748 de la Agencia Federal de Prisiones.
Durante su primera comparecencia ante la jueza Sharon Johnson Coleman, en la Sala 1241 de Chicago, negó los cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Además, renunció a una audiencia de detención, y se le ordenó mantenerse recluido sin derecho a fianza por cinco cargos en esa jurisdicción y otros seis que ya se habían presentado en Nueva York.
La acusación formal contra el hijo de El Chapo se amplió con el tiempo hasta incluir 12 cargos, que abarcan conspiración para distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana en Estados Unidos, además de actividad criminal continua, importación y fabricación de drogas, conspiración para lavado de dinero y posesión de armas de fuego. A esto se suman procesamientos en Nueva York por actividad criminal continua, conspiración para importar y distribuir fentanilo, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, así como delitos de lavado de dinero.
De acuerdo con la fiscalía estadounidense, Guzmán López ejercía funciones de liderazgo dentro de la facción denominada Los Chapitos, vinculada al Cártel de Sinaloa, y señalada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como una de las estructuras clave en el tráfico de fentanilo. Al anunciar cargos contra al menos 28 integrantes de esta red criminal, el Gobierno estadounidense sostuvo que las operaciones atribuidas a este grupo generaron cientos de millones de dólares en ganancias y profundizaron la crisis de opioides en el país.
Previo a su llegada a Chicago, Ovidio Guzmán López fue capturado una primera vez el 17 de octubre de 2019 durante un operativo del Ejército Mexicano en Culiacán de Rosales, acción que provocó enfrentamientos y bloqueos conocidos como “El Culiacanazo”.
Tras la orden presidencial de Andrés Manuel López Obrador, el presunto narcotraficante recuperó su libertad. Posteriormente, el 5 de enero de 2023, fue nuevamente detenido en la sindicatura de Jesús María, en un despliegue coordinado de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue trasladado después al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, desde donde se concretó la extradición hacia Estados Unidos el mismo año.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Cártel de Sinaloa se mantenía como una de las organizaciones más influyentes en el tráfico de drogas, con Los Chapitos ocupando posiciones centrales en la producción y envío de fentanilo mediante laboratorios en México y rutas de transporte terrestres, aéreas y marítimas.