La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, negó cualquier intención de desarrollar proyectos inmobiliarios en el predio desalojado donde estaba el Refugio Franciscano.
Brugada insistió en que la actuación de su administración obedeció a un mandato legal y ético para proteger a los seres vivos, y aseguró que no habrá autorizaciones para nuevas construcciones en la zona.
“No hay nada detrás de esta acción más que la obligación legal y el compromiso ético de proteger a los seres vivos. Se trata del rescate más grande en la historia de esta ciudad y estamos fortaleciendo nuestras capacidades institucionales para atenderlos”, afirmó.
La Secretaría del Medio Ambiente, bajo la dirección de Julia Álvarez Icaza, garantizó la transparencia y la supervisión pública sobre el bienestar y destino de los animales, así como la mejora de la infraestructura de albergues bajo protocolos veterinarios y monitoreo ciudadano.
La Comisión del Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México y el diputado Paulo Emilio García negaron motivaciones privadas detrás del operativo, subrayando que el objetivo principal es resguardar a los animales más allá de los litigios entre particulares.
Respaldaron la labor de las autoridades y apoyaron la creación de políticas para fortalecer la protección animal y fomentar la colaboración con organizaciones civiles.
El conflicto social y político permanece abierto tras el desalojo: se registran protestas ciudadanas, demandas de activistas y solicitudes judiciales para garantizar la supervisión del paradero de los animales y la devolución de cada ejemplar.
El refugio insiste en su aspiración de recuperar a los animales que consideran que perdieron su único hogar, poniendo el interés de los ejemplares por encima del valor del terreno en disputa.
Asociación privada ofreció 15 millones de pesos en inversión para el Refugio Franciscano
Las instalaciones del refugio, ubicadas en Cuajimalpa, fueron entregadas a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama después de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el 8 de diciembre de 2025.
La presidenta de la fundación, Carmela Rivero, explicó a través de un comunicado que ofrecieron construir dos albergues para los animales, con una inversión mayor a 15 millones de pesos por cada uno.
El primer proyecto contemplaba un terreno de 32 mil metros cuadrados en Xalatlaco, Estado de México. La fundación incluso colocó la primera piedra con presencia de periodistas. “Nos hicieron invertir en ese predio, incluso colocamos la primera piedra ante diversos periodistas, y después su negativa nos conmocionó, ya que ellos no invertirían ni un solo peso en la construcción”, relató Rivero en el comunicado.
La negativa del Refugio Franciscano se debió, según su versión, a la lejanía de Xalatlaco, que dificultaba mantener sus actividades cotidianas. Ante este argumento, la fundación accedió a buscar un espacio más cercano y propuso una sede en Texcoco de 1.500 metros cuadrados. Sin embargo, la fundación consideró este espacio insuficiente para el proyecto original y aseguró que los representantes del refugio no acudieron a las audiencias periciales dispuestas para formalizar el acuerdo.
La disputa escaló y terminó en los tribunales. Tras el desalojo, las autoridades trasladaron a los animales a distintas sedes, entre ellas a la alcaldía Gustavo A. Madero, donde un equipo de más de 60 veterinarios y 100 colaboradores vigila su estado de salud, según información del Gobierno de la Ciudad de México.