Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), acusado del desvío de millones de pesos a empresas vinculadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, fue detenido.
Este caso, que involucra a 61 exservidores públicos y al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, se centra en el presunto desvío de recursos originalmente destinados a los penales federales del país.
La captura de Pérez Rodríguez, confirmada por el Registro Nacional de Detenciones, se realizó el jueves, aunque no se detalló el lugar ni el destino al que fue trasladado.
Detalles sobre la detención
La ficha oficial describe a Pérez Rodríguez como un hombre de aproximadamente 1,63 metros de estatura, tez morena clara, barba y cabello entrecano, vestido con pantalón de mezclilla, playera color vino, chamarra café, botas grises y gorra café, sin tatuajes visibles.
En mayo de 2023, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, emitió una orden de aprehensión contra los 61 exfuncionarios, entre ellos García Luna y Pérez Rodríguez, así como altos mandos del sistema penitenciario federal. Los delitos que se les imputan son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la República acusa a Pérez Rodríguez de haber participado en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras relacionadas con Álvarez Puga.
En la misma investigación figuran otros exfuncionarios, como Eduardo Guerrero Durán, quien fue comisionado del OADPRS entre 2015 y 2016; Paulo Uribe Arriaga, exdirector General de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales; y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del desaparecido OADPRS.
El caso Álvarez Puga
Tras permanecer casi un lustro bajo la mira de las autoridades, Víctor Manuel Álvarez Puga fue capturado el 24 de septiembre de 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida. Desde su detención, el empresario continúa bajo custodia en el Krome North Service Processing Center, a la espera de definiciones sobre su futuro legal.
La persecución contra Álvarez Puga comenzó hace cuatro años, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) de México consiguiera las órdenes de aprehensión en su contra y activara una ficha roja de Interpol para su localización internacional. Las autoridades mexicanas vinculan al empresario con presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, acusándolo de operar una red de empresas fantasma que, según sus investigaciones, desvió alrededor de tres mil millones de pesos del erario federal a través de contratos simulados durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Para la fiscalía, estos hechos constituyen un complejo entramado delictivo de carácter financiero, donde el dinero de origen público habría terminado en manos privadas mediante mecanismos fraudulentos.