El diagnóstico sobre el deterioro de la infraestructura urbana en México ha cobrado una nueva dimensión tras la reciente iniciativa presentada por el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, quien propuso una reforma al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Esta propuesta, llamada “Ley Bache” busca modificar el marco legal que regula el uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), permitiendo que los estados y municipios destinen estos fondos no solo a la construcción de nuevas obras, sino también al mantenimiento y acondicionamiento de las ya existentes.
La iniciativa, registrada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 11 de noviembre, parte de la premisa de que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar a la población el acceso a servicios públicos de calidad y a una infraestructura adecuada para el desarrollo social y económico.
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Según el texto presentado por Gutiérrez Luna, la infraestructura social es un pilar del bienestar, ya que a través de ella se proveen servicios esenciales como agua potable, saneamiento, salud, educación y movilidad urbana.
El legislador advierte que, actualmente, la Ley de Coordinación Fiscal limita el uso de los recursos del FAIS a la construcción o ampliación de infraestructura, sin contemplar su conservación o mantenimiento. Esta restricción, señala la iniciativa, provoca una contradicción: se pueden financiar nuevas obras, pero no se permite legalmente destinar el mismo fondo a su rehabilitación,.
Gutiérrez Luna subraya que muchos municipios enfrentan limitaciones presupuestales que les impiden implementar programas sistemáticos de mantenimiento preventivo o correctivo. Además, el crecimiento acelerado de diversas localidades ejerce presión sobre las infraestructuras existentes, dificultando su gestión y conservación.
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En los últimos años, la falta de mantenimiento oportuno ha provocado el rápido deterioro de calles, avenidas, alumbrado, drenaje, redes hidráulicas y espacios públicos, lo que ha impactado negativamente en la movilidad, la seguridad y la calidad de vida en los municipios, diagnostica el diputado morenista. El fenómeno se ha agravado en contextos de eventos meteorológicos atípicos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, publicada el 23 de octubre de 2025, el 84.9% de la población a nivel nacional identifica los baches en calles y avenidas como uno de los principales problemas en su ciudad, superando incluso a la delincuencia y al mal servicio de transporte público. En ciudades como Oaxaca, Puebla, Toluca y Hermosillo, más de nueve de cada diez habitantes consideran esta problemática como un asunto de seguridad pública urbana.
El deterioro de la infraestructura no solo afecta la estética o la movilidad, sino que, afirman, incide directamente en la seguridad, la economía y la confianza de la ciudadanía en las autoridades locales. Las obras sin mantenimiento se convierten en focos de riesgo, incrementan los costos de reparación y reducen la eficiencia del gasto público. La propuesta aún no se ha discutido.
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