Propuesta legislativa en CDMX exige personal médico en gimnasios tras casos de muertes por ‘falta de protocolos’

Una nueva iniciativa legislativa busca hacer obligatoria la presencia de personal paramédico certificado en todos los gimnasios, centros deportivos y establecimientos dedicados a actividades físicas en la Ciudad de México. Esta propuesta surge ante la creciente preocupación por la falta de protocolos de emergencia establecidos en dichos espacios, lo cual ha resultado en incidentes graves, incluyendo la muerte de varios usuarios. Estos casos han sido atribuidos a “posibles omisiones legales” por parte de los establecimientos, que no cuentan con la infraestructura ni el personal capacitado para hacer frente a emergencias.

La propuesta fue presentada por Ricardo Rubio, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), y plantea que durante el horario de operación de estos centros, incluyendo gimnasios, academias de artes marciales, clubes deportivos y demás establecimientos relacionados con la actividad física, debe haber, como mínimo, un paramédico certificado y capacitado en primeros auxilios y en el uso de desfibriladores externos automáticos (DEA). Este personal paramédico deberá estar disponible durante toda la jornada, sin importar la cantidad de usuarios o la intensidad de las actividades realizadas en el establecimiento.

El objetivo de esta medida es reducir los riesgos y asegurar que los establecimientos cuenten con el personal adecuado para intervenir de manera oportuna en caso de una emergencia, como un paro cardiorrespiratorio, un golpe de calor o cualquier otra condición médica que requiera atención inmediata. Los desfibriladores externos automáticos (DEA) se consideran fundamentales para salvar vidas, ya que permiten la reanimación de personas que sufran de un paro cardíaco, un riesgo potencial en actividades físicas intensas.

A la presencia del personal paramédico, la iniciativa también exige que los gimnasios y centros deportivos cuenten con un botiquín de primeros auxilios adecuadamente surtido, con medicamentos y equipos básicos para atender emergencias comunes. Además, se les obligaría a instalar señalización visible y clara con los protocolos de emergencia, lo que incluiría instrucciones sobre cómo actuar en caso de una emergencia médica. El objetivo es que tanto los usuarios como el personal del establecimiento estén informados y preparados para actuar en caso de un incidente.

El cumplimiento de estas disposiciones estaría bajo la supervisión de dos entidades clave: el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa). Estas instituciones serían las encargadas de realizar inspecciones periódicas a los establecimientos para verificar que cumplan con los requisitos establecidos en la propuesta legislativa. Además, se les facultaría para imponer sanciones a aquellos que no cumplan con las normativas, lo que incluiría multas e incluso la clausura de los centros en caso de reincidencia o violaciones graves.

El proyecto ha generado opiniones divididas entre los diversos actores involucrados. Por un lado, los defensores de la medida argumentan que la presencia de personal paramédico certificado y equipos de emergencia puede salvar vidas y garantizar una respuesta inmediata ante cualquier accidente.

Por otro lado, algunos propietarios de gimnasios y centros deportivos han expresado preocupación por los costos asociados con la implementación de estas medidas, alegando que podría representar una carga económica significativa, sobre todo para los pequeños negocios. Sin embargo, los proponentes de la legislación aseguran que los beneficios en términos de seguridad y prevención de muertes o lesiones graves superan con creces los costos adicionales.